Agentes de la Comisaría 2.ª Central aprehendieron a dos jóvenes por tenencia de estupefacientes, tras recibir un llamado de directivos del Colegio Dr. Fernando de la Mora por una riña en las inmediaciones. “Nos manifestaron que había un grupo de jóvenes en inmediaciones del colegio, aparentemente con intenciones de crear algún tipo de desorden, de enfrentamiento entre alumnos”, informó esta mañana el comisario Ismael Guerrero en declaraciones a la 1020.

Los aprehendidos fueron identificados como Alessandro Nicolás Delgado Acosta, de 18 años, y un adolescente de 17 años. El menor pertenecía anteriormente a la institución, pero fue expulsado hace un año, comentó el jefe policial.

Los intervinientes hallaron en poder de los jóvenes marihuana, clonazepam y arma blanca, y no se descarta que el objetivo sería comercializar la droga y el medicamento en los alrededores de la institución educativa.

“En poder del adolescente de 17 años hallaron tres bolsitas de sustancias, además de una tableta de clonazepam y cortaplumas. Y, en poder del otro joven de 18 años, una bolsita de marihuana, según se pudo confirmar por Narcóticos”, precisó el subjefe de la comisaría.

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Los muchachos fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron en reclusión. También se convocó a personal de Narcóticos, que realizó los estudios primarios de campo y arrojó positivo a marihuana.

Todo lo actuado fue comunicado al fiscal antinarcóticos de San Lorenzo que una vez terminado los estudios de campo se dispuso la permanencia de los jóvenes en la comisaría a disposición de la unidad fiscal interviniente.

El agente policial mencionó que la nueva modalidad utilizada por los jóvenes es mezclar la marihuana con clonazepam y bebidas alcohólicas. “Mezclan y el efecto es bastante nocivo para los muchachos”, lamentó.

Los jóvenes se abstuvieron de declarar. “Se llamaron a silencio, pero no se puede descartar que la intención de ellos era comercializar la droga, como tampoco se puede descartar que era para su consumo personal”, indicó el uniformado.

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La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

El principal sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, podría recuperar su libertad antes de que se inicie el juicio oral y público en su contra. El Tribunal de Sentencia a cargo del proceso penal aún no fijó una fecha para el inicio de la audiencia.

El acusado es B.S., quien actualmente tiene 18 años de edad. El próximo mes de julio cumplirá seis meses en prisión preventiva, por lo que podría ser excarcelado. El fiscal Fermín Segovia explicó al canal C9N que, en el caso de los adolescentes, se establece una revisión de la prisión preventiva a los seis meses para cualquier tipo de hecho punible. “La defensa podría solicitar medidas menos gravosas”, indicó.

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Ante este escenario, el joven podría abandonar la cárcel antes del arranque del juicio, el cual se postergó para inicios del mes de junio, según la información que maneja el Ministerio Público. Segovia recordó que la Fiscalía formuló la acusación contra el adolescente el pasado mes de noviembre. Desde ese momento se aguarda el debate público, trámite que sigue pendiente.

Independientemente de la gravedad del crimen, B.S. no podrá ser condenado a más de ocho años de prisión. El agente fiscal reiteró que el procesado será juzgado bajo la responsabilidad penal de la adolescencia, debido a que era menor al momento del hecho.

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La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia cerró ayer domingo con la izquierda amenazada de perder el poder frente a la derecha conservadora en medio de una grave crisis de violencia. El senador izquierdista Iván Cepeda, puntero en las encuestas, realizó un acto multitudinario en Barranquilla (norte), donde prometió ampliar la inversión en asuntos sociales “para poner el Estado al servicio” de los “excluidos”.

Por primera vez en el gobierno, la izquierda propone profundizar los programas de asistencia estatal impulsados por el presidente Gustavo Petro, quien está impedido por ley de buscar la reelección. Miles se congregaron en la ciudad caribeña para aplaudir a Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años.

Las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de derecha cuya principal bandera es la mano dura contra los grupos armados ilegales. En una plaza de toros llena en Medellín (noroeste), el opositor enarboló las banderas contra el crimen financiado por el narcotráfico.

Colombia atraviesa por el peor pico de inseguridad en una década al término del gobierno de Petro, que intentó negociar la paz con organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcos que se fortalecieron tras el pacto de paz que desarmó a las FARC, entonces la mayor guerrilla del continente.

La campaña estuvo marcada por la muerte en agosto pasado tras un atentado a bala del senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser candidato presidencial. “A la gente como ustedes, protección, y a los bandidos, muerte o cárcel”, clamó de la Espriella, de 47 años, dentro de una urna de cristal antibalas desde la que da sus discursos.

“Vamos a derrotar el comunismo”, “vamos a hacer grande a esta nación”, aseguró el candidato, un profeso admirador de Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. La senadora opositora Paloma Valencia, que aparece en un tercer escalón en las encuestas, realizó su acto en un coliseo de Bogotá.

Cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), la dirigente de 50 años planteó dos caminos para Colombia: “Entregarnos a los violentos con la continuidad de la paz total”, la política de Petro de negociar con las organizaciones armadas, o “la autoridad y el orden”. “¡Sí se puede!”, gritaban los seguidores de la que podría ser la primera presidenta de la historia del país.

Fuente: AFP.