Por orden judicial, Essap restableció servicio a la comuna de Encarnación
Compartir en redes
Tras una disputa por una deuda entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y la Municipalidad de Encarnación, hoy martes, la proveedora del vital líquido tuvo que restablecer el servicio mediante una orden judicial. La comuna adeuda a la Essap unos G. 13.000 millones por el suministro y el viernes pasado le habían cortado el agua.
La semana pasada se procedió al corte de agua para las oficinas del municipio y a la biblioteca, entre otras oficinas municipales. Esta deuda es reconocida por el intendente Luis Yd e incluso acepta que en su administración tienen varias cuotas atrasadas, pero resalta que no era la forma de proceder por parte de la estatal.
Es así que, ayer lunes, se emitió una orden judicial para que se vuelva a reponer el agua a la comuna de Encarnación y hoy martes se restableció el servicio. “Una jueza resolvió ordenar a la Essap reponer el agua a las distintas áreas publicas de la municipalidad”, resaltó el intendente en entrevista con la corresponsal de Nación Media.
Agregó que incluso la empresa de servicio sanitario es la que debería pagar a la comuna por todos los gastos que representa cuando ellos rompen la capa asfáltica, calles y veredas para la reparación de sus caños. “La Essap debe reponer por encima de 5.000 millones de guaraníes al municipio por el daño que están ocasionando al romper todas las calles donde pasan sus caños”, apuntó.
Resaltó que se debe resolver cuál es la deuda total de la comuna encarnacena por los servicios de agua. “Ellos adjudican una deuda millonaria desde 1978, tenemos medidores que quedaron bajo agua con la construcción de Yacyretá. Deben resolver cuál es la deuda ya sea de Yacyretá, de la comuna actual o de los antiguos dueños de espacios públicos. En esta administración tenemos algunos atrasos que lo queríamos resolver, pero ellos no están colaborado”, puntualizó.
Barrios ribereños de Encarnación se encuentran inundados y solicitan ayuda
Compartir en redes
La ciudad de Encarnación ha activado la alerta naranja, teniendo en cuenta que desde ayer por la noche se han registrado fuertes lluvias en todo el departamento, afectando en especial a la capital de Itapúa. Según el informe de meteorología, este fenómeno continuará por los próximos días y pone en alerta a toda la zona.
En este escenario los más afectados son los ciudadanos que viven en barrios ribereños, como por ejemplo el barrio Sagrada Familia, que se encuentra ubicado debajo del puente San Roque González de Santa Cruz, en este sitio en particular el agua ya ha generado estragos dejando viviendas completamente bajo agua.
“Primeramente, necesitamos la asistencia urgente de las autoridades. Necesitamos víveres, colchones, frazadas, ropa y zapatos porque hay muchísimas familias que perdieron todo. Actualmente, las casas que están completamente inundadas ya ascienden a 30 en total”, indicó Graciela González, de la comisión vecinal Sagrada Familia, en conversación con el programa “Dos en la Ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La misma explicó que el lugar donde está ubicado el barrio se ve constantemente inundado cuando se dan las temporadas de lluvia, en especial porque no cuentan con un sistema de desagüe que permita que el agua corra y que esto inclusive ha hecho que en partes del barrio se generen cataratas por la fuerza con la que corre el agua arrastrando todo a su paso.
Graciela González aseguró que esta situación no es desconocida para las autoridades y que las mismas consideran que esta zona no está en riesgo teniendo en cuenta que parte del lugar se encuentra en inmediaciones de la costanera de Encarnación, pero aclaró que justamente por esta condición de cercanía con el río es que cualquier escenario de inundación empeora.
IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
Compartir en redes
Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción,para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
Leales a Prieto, con millonarios contratos en Municipalidad del Este
Compartir en redes
Varias personas del entorno del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, están ligadas de forma directa o indirecta a una discoteca convertida en constructora que recibió contratos por USD 1,5 millones de la comuna esteña.
Por Juan Carlos Lezcano
Una funcionaria, un director de la comuna esteña y varias personas que se muestran cercanas al intendente Miguel Prieto aparecen vinculadas de forma directa o indirecta a la firma SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió contratos por más de USD 1,5 millones por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Este vínculo cercano fue el que motivó la denuncia penal presentada la semana pasada contra Prieto y varias personas más.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, este no era el nombre original con el que se creó la firma, de acuerdo con los documentos que los propios representantes tuvieron que entregar ante la DNCP para la consecución del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).
Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y ligada a la firma SCDE SA, aparece junto a su esposo Juan Quiroga Cañete, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
Apenas unos días después de la apertura del bar, el 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del Directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Fue así que Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima. Y de club nocturno se transformó en una firma cuya actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles.
FUNCIONARIA Y SU MARIDO
De acuerdo con el acta de cambio de denominación, como accionistas aparecen Lilian Graciela Benítez con G. 680 millones, y Lumma Silva Battochi, con G. 320 millones.
Silva Battochi es funcionaria de la comuna esteña y gana G. 3 millones mensuales como auxiliar en la Secretaría de la Vivienda. La empleada pública no declaró sus acciones ante la Contraloría y llamativamente en los papeles figura que aportó el equivalente a cien meses de su remuneración en la comuna.
La funcionaria ingresó como contratada en la comuna en 2021, misma época en la que comenzó a aparecer como accionista de Golden Rouge y después SCDE SA.
Silva Battochi es esposa de Juan Esteban Quiroga Cañete, quien ingresó en 2022 como funcionario contratado de la Municipalidad de Ciudad del Este. En ese entonces percibía G. 4.200.000.
Para 2023, Quiroga Cañete ya estaba percibiendo G. 12 millones mensuales y se convirtió en director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
Juan Quiroga, marido de la funcionaria de la disco – constructora, abrazado a Miguel Prieto.
HERMANASTRA ACCIONISTA
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez, hermanastra de la primera.
Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
TODOS CERCANOS A PRIETO
Quiroga Cañete y Aguirre Benítez demuestran su gran cercanía con Prieto a través de publicaciones en redes sociales.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejala Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Quiroga Cañete también tiene numerosas fotografías publicadas en actos oficiales con Prieto.
MILLONARIOS CONTRATOS
SCDE recibió 8 contratos con instituciones públicas, siete de los cuales fueron firmados con la comuna esteña. En total, la administración de Prieto entregó contratos por más de G. 10.706 millones a esta firma en menos de dos años.
La firma M&T S.A. había denunciado a la entidad binacional por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Foto: Gentileza
Justicia rechaza demanda impulsada por empresa constructora contra Yacyretá
Compartir en redes
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.
El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.
A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.
De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.
“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.
Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.