La Fiscalía solicitó la detención del responsable de la cooperativa policial 8 de Marzo, sucursal de Caaguazú, en las últimas horas, por el supuesto faltante de la millonaria suma de G. 890 millones. Se trata del comisario Francisco Colmán Vera, de 45 años, quien se desempeña como jefe policial de la Comisaría 7ma. de la localidad de Repatriación.
El uniformado era el encargado de la sucursal de la Cooperativa 8 de Marzo, que fue allanada por el Ministerio Público que lo sindica como sospechoso del supuesto desvío de dinero. En ese sentido, la fiscal Norma Concepción Salinas solicitó su prisión preventiva.
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Teresa Segovia Amarilla y Diego Sebastián Ramírez Varela, gerente y cajero de la sede cooperativa, también fueron imputados y hasta el momento están prófugos igualmente. El caso fue denunciado por parte de socios de la cooperativa, uno de ellos reportó el robo de G. 35 millones de su cuenta personal.
De acuerdo al portal Caaguazú Noticias, el modus operandi de los funcionarios consistía en realizar préstamos a nombre de socios, falsificar documentos y firmas, aprobar créditos y luego retirar el dinero sin el consentimiento de los afectados que reclaman la devolución de su plata.
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Ante esta situación, el jefe policial y ambos funcionarios fueron imputados por producción de documentos no auténticos, apropiación, manipulación de graficaciones técnicas y lesión de confianza. Hasta la publicación de esta información periodística las tres personas seguían prófugas.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Indert integra equipo especial para titulación histórica de colonias centenarias
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), encabezado por Francisco Ruiz Díaz, integró un equipo de trabajo especial para concretar la titulación masiva de colonias que llevan cien años de vigencia, y que hasta hoy no cuentan con seguridad jurídica sobre sus tierras.
Desde la institución, indicaron que esta decisión es uno de los desafíos más grandes asumidos por el gobierno del mandatario Santiago Peña, que busca saldar una deuda histórica de más de un siglo.
La medida se enmarca en la iniciativa “Nueva Ruralidad” impulsada bajo la gestión del economista y que ya inició el proceso de titulación masiva en 12 colonias antiguas de la zona de Caaguazú, en beneficio de más de 30.000 familias.
Detallaron a la vez que entre las comunidades comprendidas se encuentran Empalado Ari, San Lorenzo, Cocueré, Takurú, Toro Blanco, Juangui, Costa Rosado, Costa Cañada, Empalado Mi, Jagua Ka’i, Paso Itá y Cocueré Ampliación.
Hecho emblemático
El Indert califica el caso de Empalado como un hecho emblemático, ya que se trata de un lugar histórico creado en el año 1845 durante el gobierno de don Carlos Antonio López, como fuerte para contener las incursiones de los bandeirantes, y que esperó desde entonces su regularización jurídica.
La colonia formó parte de las tierras públicas loteadas desde 1904 en adelante para la conformación de la Gran Colonia Caaguazú. “Es histórico para Empalado y las 12 colonias antiguas de la ciudad el inicio de los trabajos en titulación de tierras”, comentó Ana María Meaurio, presidenta de la comisión vecinal de fomento de Empalado, durante la primera audiencia pública encabezada por Ruiz Díaz y que contó con la presencia de autoridades locales como el líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, Miguel Ángel del Puerto.
El ente agrario informó que para llevar adelante los trabajos en Caaguazú, se están constituyendo las comisiones vecinales para iniciar el proceso de mensura judicial, y en una segunda fase se levantarán los datos de lotes y ocupantes.
Bajo el gobierno de Peña ya se entregaron más de 12.000 títulos en tres años de gestión, superando ampliamente el promedio histórico de la década anterior, que rondaba los 900 títulos por año. El salto se concretó con la implementación de la tasa de interés al 0 % para las mujeres, la eliminación de trabas administrativas y el sistema de Barrido Predial Masivo (BPM) para la documentación integral de las colonias.
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.