Una mujer que se dirigía a su vivienda en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta fue abordada en plena vía pública por su expareja, quien la agredió con un arma blanca. El hecho se dio en la noche de este jueves.

La víctima fue identificada como María del Carmen Pérez, de 42 años, quien estaba caminando rumbo a su casa cuando fue abordada por su expareja identificada como Luciano Rafael Báez, residente en la zona.

El sujeto la habría confrontado en el lugar e iniciaron una fuerte discusión que escaló rápidamente a empujones y gritos y luego el hombre desenfundó un arma blanca y empezó a atacarla alcanzando a herirla.

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La mujer sufrió varios cortes, uno a la altura del cuello, otro cerca de la mandíbula y otro en la mano derecha. La misma fue auxiliada por los vecinos y algunos familiares que se percataron de lo que estaba ocurriendo.

“Cuando recibimos la notificación del ataque, nos presentamos al lugar y solicitamos la asistencia de bomberos voluntarios para auxiliar a la mujer. Por otro lado, el supuesto atacante, tras perpetrar el hecho, se habría dado a la fuga”, explicó el oficial interviniente Adolfo Arroyo en conversación con Telefuturo.

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La consultora Humana, en alianza con la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), invita a seguir participando de su Feria de Empleo, un evento pensado para conectar a jóvenes talentos con empresas que buscan incorporar nuevos perfiles profesionales.

La cita fue fijada para hoy jueves 11 de septiembre, de 11:00 a 20:00, en el campus de la UAA (Jejuí 667), con acceso libre y gratuito. Durante la jornada, los asistentes podrán interactuar con empresas de diversos rubros, entregar su currículum y participar en actividades de orientación laboral.

El evento está dirigido a estudiantes, egresados y profesionales en búsqueda activa de empleo, así como a personas interesadas en conocer las tendencias actuales del mercado.

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La feria de empleo busca ser un puente entre el mundo académico y el profesional, promoviendo la inserción laboral juvenil y la detección de nuevos talentos.

Empresas que actualmente están en proceso de selección están presentes con sus equipos de Recursos Humanos para recibir postulaciones y dialogar directamente con los candidatos.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.

En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.

“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.

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Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.

Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.

“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.

El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.

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“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.

Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.

Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.

Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.

“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.

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México pidió a Estados Unidos la extradición de dos personas supuestamente involucradas en la desaparición de 43 estudiantes del poblado de Ayotzinapa (sur) en 2014, informó este martes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este caso, que involucra a policías, narcotraficantes y probablemente mandos militares, es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, que desató indignación mundial.

La solicitud de extradición fue planteada al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien fue recibido por Sheinbaum el pasado miércoles para tratar cuestiones de seguridad.

“Son dos personas que se está pidiendo su extradición (...), se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa.

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Sheinbaum se abstuvo de revelar la identidad de los presuntos implicados, según dijo, para no afectar el proceso. Todas las personas investigadas por el caso son mexicanas.

Aunque decenas de sospechos han sido vinculados al proceso, el caso está en la impunidad. A la fecha solo han sido identificados los restos de tres alumnos, a partir de pequeñas muestras de restos óseos.

Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), desde donde se trasladarían a Ciudad de México para participar en una protesta.

En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general.

Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del anterior gobierno han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso.

Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado. México acumula más de 120.000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico con participación militar.

• Fuente: AFP

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