Vecinos de la urbanización El Cortijo, en San Bernardino, manifestaron su preocupación ante la ocupación irregular de un predio privado que, además, se encuentra dentro de un área protegida. Según relataron, más de 200 familias se habrían instalado en el lugar, generando alarma por el impacto ambiental y la falta de definición jurídica sobre la propiedad.
El asentamiento se ubica en una zona estratégica cercana al Museo Aviadores del Chaco y al aeroclub local, sectores de alta concurrencia incluso internacional.
De acuerdo con residentes del área, la primera invasión se registró a inicios del 2023, aunque con menor cantidad de ocupantes. En aquel momento, autoridades municipales habrían prometido analizar la situación legal del inmueble, pero según los vecinos no se llegó a una solución definitiva.
La nueva ocupación, considerablemente mayor, se habría producido entre finales del año pasado y el inicio del actual, ampliando la superficie intervenida. “El terreno quedó en un limbo jurídico. Nunca pasó nada durante años y ahora comenzaron a llegar personas, incluso en camiones y en horarios nocturnos”, afirmó Carina Ferrari, vecina de la zona.
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Uno de los principales puntos de preocupación es que el área habría sido declarada protegida por el Ministerio del Ambiente. Los residentes denuncian que se están realizando desmontes, quema de vegetación y relleno de humedales que funcionan como reservorios naturales.
Según explicaron, el terreno forma parte de un sistema de drenaje que absorbe el agua en épocas de lluvias intensas. La alteración de estos cauces ya estaría provocando las primeras inundaciones en los alrededores.
“Están desviando los cursos naturales y rellenando humedales que deberían preservarse”, advirtió Ferrari.
La dificultad para avanzar en un eventual desalojo radicaría en la indefinición sobre la propiedad del terreno. Mientras algunos sostienen que el predio debió haber sido transferido a la Municipalidad años atrás, otras versiones indican que pertenecería al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El comisario principal Celso Zelaya señaló que esa es la información que manejan actualmente, aunque aclaró que no existe una denuncia formal que permita activar procedimientos más contundentes. “Se identificó a algunas personas cuando acudimos por un inconveniente, pero van y vienen; no siempre son las mismas”, explicó.
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Entre los ocupantes, algunos aseguran que la toma responde a la necesidad de vivienda. Silvio Aguilera, quien dijo estar ayudando a su hija a instalarse en el lugar, sostuvo que se trata de familias humildes sin alternativas habitacionales.
“Tiene criaturas y no tiene dónde vivir. Tengo entendido que la tierra es del Indert y que debería ser para la gente que no tiene”, expresó. Según su testimonio, varias personas ya iniciaron gestiones para solicitar formalmente el terreno.
El caso vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el área metropolitana en materia de ordenamiento territorial, acceso a la vivienda y protección ambiental.
Por ahora, el predio continúa ocupado y el escenario permanece abierto, a la espera de definiciones legales que permitan encauzar una problemática que combina factores sociales, ambientales y urbanos.