Fiscal imputó y ordenó detención de funcionaria fiscal con camioneta hurtada en Brasil
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El agente fiscal Óscar Laterza imputó por reducción y resistencia y ordenó la detención de la funcionaria fiscal Claudia Giselle Guillén González, quien estaba al mando de una Toyota Hilux que fue hurtada en Brasil.
Según las publicacione,s la ahora imputada habría sido detenida mientras utilizaba una camioneta denunciada como robada en el Brasil. El vehículo fue divisado por agentes policiales que observaron que la chapa del vehículo no sería original, tras lo cual abordaron a la mujer, quien iba a bordo de la camioneta Toyota Hilux.
Luego la mujer corrió de la Policía Nacional, que procedió a la persecución logrando su detención en la Costanera de Asunción. Igualmente se observa en un video que la mamá de la auxiliar fiscal escupió a un agente policial.
El Ministerio Público ordenó la detención de González para que la misma pueda acudir a la Fiscalía a declarar. Luego la misma deberá comparecer ante el juez para la audiencia de imposición de medidas cautelar.
Sumario Administrativo
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, firmó una providencia por la cual dispone la apertura inmediata de un sumario administrativo a la funcionaria Claudia Guillén González, ante la situación particular ocurrida con la misma, quién habría sido sorprendida en flagrancia de acto de posesión de un vehículo supuestamente robado. Derivar los antecedentes a la Inspectoría General para que proceda de oficio al Sumario Administrativo correspondiente con todos los alcances legales, observando las garantías procesales.
A raíz de la providencia del fiscal general del Estado, la Inspectoría General del Ministerio ya ha realizado el inicio del procedimiento administrativo, conforme a las atribuciones legales de la Ley Orgánica del Ministerio Público, quedando a las resultas del proceso.
Los choferes de la empresa Guaireña, Fermín Espínola y Óscar Peralta, fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. Foto: Lucas Lôndero/Portal Peperi
Accidente en Brasil: imputan a choferes por homicidio culposo y sospechan exceso de velocidad
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La justicia de Brasil sospecha que la unidad de transporte de la empresa Guaireña circulaba con exceso de velocidad al momento de registrarse el accidente en el que fallecieron cuatro personas. La Policía Civil ya ordenó una pericia accidentológica para verificar la veracidad de las declaraciones de los conductores quienes ya fueron imputados.
El colectivo transportaba a niños y padres de la Academia de Danzas Bethania de Independencia, departamento de Guairá, tras participar de una competencia de danza en Gramado y Canela.
El delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, João Luis Mioto, indicó que uno de los choferes fue interrogado en el lugar del siniestro y tuvo la oportunidad de dar su versión.“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo sufrió una falla mecánica y que el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial a los medios de comunicación.
Del mismo modo, se recolectaron varios testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y aseguraron que este circulaba a alta velocidad.
Los choferes Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave para definir el futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder ante la justicia brasileña.
El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del miércoles 15 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas: tres adultas y una niña de 8 años. Además, algunos pasajeros sufrieron la amputación de extremidades, entre ellas, piernas y brazos. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.
Fiscal imputó a funcionarios de la Senad por quebrantamiento de depósito
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El fiscal Irán Suárez Galeano presentó imputación contra cuatro funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito, afectación de cosas gravadas y hurto agravado. Asimismo, solicitó la prisión preventiva de los imputados.
La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en octubre de 2025 por la Dirección Jurídica de dicha institución, relacionada con el supuesto hurto de evidencias (motores de vehículos, baterías, faros y demás accesorios) que se encontraban depositadas en la sede de la Senad, ubicada en la localidad de Nueva Asunción.
Conforme a la denuncia y a las pesquisas realizadas, los funcionarios habrían participado y facilitado la sustracción de dichas evidencias, pese a su deber de custodia. Entre los faltantes, se habría contabilizado, por ejemplo, el hurto de más de 20 motores de vehículos, además de otros accesorios pertenecientes a los rodados que se encuentran bajo guarda en el lugar.
El fiscal Suárez se constituyó en diciembre de 2025 en el sitio, donde constató la existencia de los hechos denunciados, acompañado por funcionarios del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.
Ahora se deberá realizar una audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados estarán en libertad o serán remitidos a una penitenciaria.
La Fiscalía imputó al vicesargento Remigio Rubén Llano por homicidio doloso y apropiación por el asesinato del expresidente de Dinac, Félix Kanazawa. Foto: Gentileza
Imputan por homicidio doloso a militar sospechoso del asesinato de Félix Kanazawa
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El fiscal Ever García imputó por los delitos de homicidio doloso y apropiación al vicesargento Remigio Rubén Llano López, principal sospechoso del asesinato del extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa. El agente fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de turno la prisión preventiva del militar.
Debido a que la imputación fue presentada en la jurisdicción de San Lorenzo, un juez de dicha zona será el encargado de entender en el proceso penal.
El magistrado deberá citar al imputado a una audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se decreta su reclusión preventiva.
Por otro lado, la prueba de luminol realizada en la camioneta de Félix Kanazawa arrojó un resultado positivo a rastros de sangre en el asiento del conductor. Este hallazgo confirma la hipótesis de que el hombre fue asesinado en el interior de su propio vehículo.
El comisario Juan Pereira, de la División de Antisecuestro y Terrorismo de la Policía Nacional, mencionó que las pruebas con reactivo de luminol, ejecutadas por personal de Criminalística, confirmaron la presencia de fluido hemático en el rodado.
Según detalló, la mayor concentración se detectó en el lado del conductor, reforzando la teoría de que el exdirector de la Dinac fue ultimado dentro del automóvil, el mismo día en que fue registrada su desaparición, que fue el 7 de febrero pasado.
La investigación señala que la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023. Foto: Gentileza
Imputan a docente por omisión ante caso de bullying que derivó en suicidio de un alumno
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La agente fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a una docente de 43 años de edad por la presunta violación del deber de cuidado o educación. Según la investigación, la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023, lo que derivó en que el alumno se quitara la vida en 2024 tras un deterioro progresivo de su salud mental.
De acuerdo con las pesquisas, la docente, en su carácter de asesora de curso, tuvo conocimiento directo de las situaciones de acoso sufridas por el menor en un establecimiento educativo de Presidente Franco. En aquel entonces, la víctima tenía 12 años y la educadora habría omitido activar los procesos de detección y comunicación de violencia. Como consecuencia de esta falta de intervención oportuna, el menor experimentó un declive psíquico que culminó en su fallecimiento el 3 de julio de 2024.
El requerimiento fiscal sostiene que la conducta omisiva constituye una violación grave de su responsabilidad como garante de la integridad del alumno, ya que debía brindar apoyo educativo personalizado ante los procesos sociales de sus estudiantes. Entre los elementos de sospecha figuran actas de entrevistas, informes del centro educativo y una autopsia psicológica que vincula el acoso con el riesgo de suicidio.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, tales como la fijación de domicilio, comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salida del país, además de la restricción de acercarse a los familiares de la víctima. Se ha establecido un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo.