La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.

La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.

A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.

El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.

La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.

Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.

La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.

Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.

En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.

En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.

A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.

En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.

Fuente: Europa Press.

El contraalmirante Cíbar Benítez, ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), puntualizó que la intención de ampliar la operatividad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), fuera de su área de cobertura, no se trata de una militarización, sino de una estrategia de seguridad nacional para contribuir al combate de estructuras criminales.

“Es importante aclarar muchas cosas, se habla de una militarización, de tomar roles policiales y eso no es así. Se trata de un trabajo en conjunto con todas las instituciones del Estado que tengan que ver con la seguridad y defensa”, expresó este miércoles al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Este miércoles a las 10:00 se prevé el seguimiento del juicio oral y público al exministro abdista Arnaldo Giuzzio, quien se encuentra acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado a raíz de sus presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El proceso comenzó hace ocho días, luego de varias chicanas por parte del extitular del Ministerio del Interior y, en la fecha, se aguarda que la agente fiscal Verónica Valdez conteste los incidentes planteados por la defensa ejercida por la abogada Gilvi Quiñónez.

En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) destaca el crecimiento de las mujeres en el mercado laboral nacional. Actualmente, 1.419.378 mujeres están ocupadas.

De acuerdo con los datos del Observatorio Laboral del MTESS, de un total de 3.297.188 personas ocupadas en el país, 1.419.378 son mujeres, lo que refleja su participación activa y determinante en la economía nacional.

Ante la suspensión de extracción de agua del río Tebicuary para la producción de arroz por la bajante del nivel del río hasta nuevo aviso, desde la Federación de Productores de Arroz (Feparroz) mencionaron que la medida debería precisarse, ya que no es justo que se hable solamente de los arroceros, cuando el uso del recurso hídrico involucra a diversos actores y actividades productivas.

Ignacio Heisecke, presidente del gremio, mencionó que cada año se produce el efecto de sequía que coincide con la producción arrocera. Además, en los últimos años la gran mayoría de los productores ha realizado importantes inversiones para adecuarse a las regulaciones vigentes.

La Policía Nacional investiga el violento asalto con toma de rehén a un local de casa de cambios de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde delincuentes se llevaron una fuerte suma de dinero. Afirman que existieron una serie de situaciones que facilitaron el robo, como que no sonó la alarma y el dinero estaba a la vista.

Según el comisario Francisco Rolón, el hecho se reportó durante la tarde de ayer y fue tomado de rehén el gerente del local que estaba por llegar a su vivienda. Así también, se pudo constatar que el dinero no estaba en la caja fuerte como debía.

En la mañana de este miércoles, la esposa y la madre de Almir de Brum, productor sojero secuestrado el fin de semana en el departamento de Canindeyú, pidieron a los captores una prueba de vida del hombre. La esposa, Dolly Rocío Giménez, leyó un comunicado y afirmó que están dispuestos a dialogar.

“Con mucho dolor y desesperación les pedimos una vez más que nos envíen una prueba de vida de Almir, sus hijos todas las noches preguntan ¿cuándo va a volver nuestro papá? La ausencia de un hijo, esposo y padre ha dejado un vacío inmenso en los corazones de nuestra familia. La angustia y el dolor es demasiado”, expresa el comunicado de la familia.

Este miércoles, se llevó a cabo una presentación ante los medios del plan maestro que apunta a la modernización del Mercado n.° 4 de Asunción e incluye a las calles cercanas.

La ingeniera Vanessa Sandoval dijo que es necesario crear y fomentar las calles peatonales en la zona, esto debido a la cantidad de vehículos que se estacionan en las inmediaciones del centro de compras.

Un equipo técnico de Itaipú inició los trabajos de evaluación técnica y estructural de la catedral de San Blas, en Ciudad del Este, con el objetivo de avanzar hacia una pronta y efectiva restauración del emblemático templo, que había sido afectado por un incendio, la tarde del 9 de febrero pasado. El edificio religioso está ubicado el barrio Juan E. O’Leary de la capital altoparanaense.

“Entre los aspectos a analizar se encuentra la posibilidad de recuperación de las piezas de madera, así como la resistencia de los componentes de hormigón y mampostería. Los trabajos comenzaron (ayer) a las 14:00 y se extenderán durante las próximas dos semanas”, explicó el ingeniero Luis Vellacich, de la Superintendencia de Obras dependiente de la Dirección Técnica de la Binacional, sobre las tardes del lunes 16 de febrero.

Explicó que para llevar adelante estos estudios se procedió a la contratación de un especialista de renombrada trayectoria. Se trata del ingeniero Sergio Gavilán, profesional reconocido como uno de los principales patólogos de la construcción del país, con amplia experiencia en evaluación de estructuras de hormigón y madera.

El objetivo es realizar una evaluación profunda del estado estructural del edificio, paso considerado fundamental antes de definir las acciones de recuperación. El especialista tendrá a su cargo la elaboración de un informe técnico detallado en un plazo de 15 días, documento que permitirá determinar las medidas a adoptar.

Las tareas incluirán relevamientos técnicos, análisis estructurales, extracción de muestras y ensayos laboratoriales de los materiales afectados. Se realizarán estudios específicos sobre hormigón, mampostería y madera; a fin de determinar el nivel de daño ocasionado por el siniestro.

El inicio de los trabajos contó con la presencia de representantes de la Diócesis de Ciudad del Este, la Universidad Católica y la comuna local; quienes acompañaron el procedimiento técnico. Asimismo, estuvieron presentes los ingenieros Armando Ortiz y Milton Gayoso, de la Superintendencia de Ingeniería de la Dirección Técnica de Itaipú.

El proceso busca garantizar un diagnóstico preciso que permita encarar una restauración segura y sustentada en criterios científicos. Una vez entregado el informe final, se evaluarán las alternativas de intervención estructural necesarias para la recuperación del emblemático templo.

El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, convoca al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, a audiencia preliminar para los días 4 y 5 de marzo en el marco del caso conocido como Tajy. El líder del Partido Yo Creo se encuentra imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio.

El juzgado de garantías resolverá en la audiencia si eleva o no la causa a juicio oral y público. La citación para llevar adelante la diligencia es bajo apercibimiento de aplicar sanciones, teniendo en cuenta que la audiencia fue suspendida en varias ocasiones debido a recusaciones y otros planteamientos que luego fueron rechazados.

El Ministerio Público refiere que el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy, por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

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“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación del órgano extrapoder.

También se encuentran acusados Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos.

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