“El Consejo de Gobernadores tiene más de 600 mil votos, nosotros somos de equipo y trabajamos en equipo”, afirmó el jefe departamental del Guairá, César Sosa, para sustentar su requerimiento de que la chapa presidencial del oficialismo esté exclusivamente conformada por políticos con miras a las elecciones internas partidarias de la Asociación Nacional Republicana (ANR), prevista para diciembre del 2027.

“Yo soy de la teoría que esta chapa la debe integrar dos políticos, sea diputado, gobernador, senador. Puede ser un ministro político también, pero yo creo que es la temporada de dos políticos. Un ministro técnico, no. Se puede hacer los sondeos en la dirigencia quienes quieren políticos”, sostuvo en una entrevista con la 1020 AM.

El segundo del Poder Ejecutivo y candidato presidencial, Pedro Alliana, deberá definir a su compañero de fórmula entre Sosa, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme.

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Alliana impulsa la realización de una encuesta a nivel nacional para medir quién de los tres candidatos oficialistas tiene mayor intención de votos para el cargo de vicepresidente de la República, a la par de conocer si él mismo tendrá la carrocería para superar las elecciones internas y luego las generales.

“La idea de la encuesta es tener un panorama, no es una decisión final, ayudará, pero no será determinante. Nosotros siempre pedimos el diálogo, que se le tenga en cuenta a los verdaderos amigos que realmente tienen votos, especialmente nosotros los del interior”, refirió Sosa, quien aseguró que sigue contando con el respaldo pleno de sus 14 colegas.

“La mesa de gobernadores está súper bien, firme, ante quienes quieren meter su granito de arena para ganar protagonismo, pero no les funcionará eso”, puntualizó. Sin embargo, Sosa mencionó que “el vicepresidente tiene la decisión final, él puede convocar, hablar, buscar. Nosotros no le vamos a crear a Alliana ningún problema”.

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Sosa mencionó que no descarta establecer conversaciones con la disidencia en el marco de las negociaciones políticas rumbo a las internas partidarias y resaltó que es un político con “autonomía”.

Incluso fuentes coloradas refieren que el gobernador compartió hace tres semanas un almuerzo con el expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez. “Ellos a veces son muy cerrados, pero por qué no, hay que hablar, somos todos correligionarios”, expresó.

Comentó que se encuentra “más que tranquilo” en la puja que enfrenta contra Riquelme y Latorre por la candidatura a la vicepresidencia. Señaló que posee más afinidad con el titular de la Cámara Baja. “Tengo salud, tengo una gran familia y una gran dirigencia en el Guairá. Yo me debo a la dirigencia, a los 14 intendentes colorados de los 18 distritos, a los dos diputados, a los presidentes de seccionales y convencionales. Hicimos una gran reunión en estos días, analizando el trabajo que se está haciendo, yo estoy muy agradecido por el apoyo de los compañeros y vamos a tratar de no defraudarlos desde donde nos toque estar”, puntualizó.

Funcionarios de la Ande anuncian movilizaciones para la próxima semana. El 27 y 28 de octubre marcharán desde la sede central hasta el Ministerio de Economía, informaron en conferencia de prensa.

“Vamos a salir en protesta para que se fortalezca la Ande en cuanto a los recursos energéticos. Nosotros estamos interesados en que la tarifa de Itaipú baje al piso”, comentó ante los medios, Adolfo Villalba, representante de la Sitrande.

En ese contexto, aseguró que la tarifa intermedia beneficia solo a un sector. “Lo único que hace es que se hagan los gobernadores, pero se empobrece la institución donde nosotros trabajamos”, reclamó.

Asimismo, dijo que esta situación empobrece el servicio a los usuarios, por la falta de recursos, manifestó el sindicalista.

“Si se cumpliera el Tratado de Itaipú, la Ande iba a tener hoy como 400 millones de dólares más, para invertir en líneas de transmisión, en transformadores, en infraestructura, en subestaciones. Entonces, una de las cosas que exigimos es que se baje al piso la tarifa de Itaipú”, aseveró.

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También van a pelear por el recorte que sufrió el ente en su presupuesto para el año que viene, anunció.

La movilización se hará en la explanada de la sede central de la Ande, sobre la calle España de nuestra capital, donde se concentrarán los funcionarios de las distintas oficinas. Luego marcharán hasta el Ministerio de Economía.

Por otro lado, mencionó que tienen un estudio técnico que señala que gran parte del programa Hambre Cero está siendo financiado por los fondos de la Ande. “Nosotros no criticamos que haya alimentación para los niños en las escuelas. Pero se le desvalija a la Ande, se le deja sin fondo, y se está haciendo rico a los gobernadores”, aclaró.

Entonces, saldrán a las calles a protestar para que también se discuta ese punto, “porque no se está hablando de eso”, expresó.

En otro orden, se refirió al operativo verano. “Como todos sabemos, estamos a las puertas del verano y se multiplican los recursos. Si en invierno, tenés una cuadrilla por turno, en el verano necesitás dos o tres cuadrillas por turno”, refirió.

Eso significa herramientas, móviles, funcionarios, “y se nos hace cuesta arriba para conseguir recursos. Tenemos siempre escasez de material. Se prioriza cualquier otra cosa”, apuntó.

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Miles de estudiantes y docentes argentinos marchan este jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla una ley que actualiza el financiamiento en las universidades públicas.

La manifestación llega luego de numerosas jornadas de paro, protestas dentro de las universidades y fallos judiciales que conminan al Ejecutivo a cumplir la llamada Ley de Financiamiento Universitario.

La norma implica la actualización salarial por inflación a docentes desde diciembre de 2023, la recomposición de becas estudiantiles y de fondos para el funcionamiento de las universidades.

Los recursos universitarios registraron una caída del 40,5% en términos reales si se compara el primer semestre de este año contra el de 2023, según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires.

Pasado el mediodía, miles de personas se concentraban cerca del Congreso en Buenos Aires con banderas de centros de estudiantes y sindicatos docentes con inscripciones como “Milei cumplí la ley” o “La universidad pública es un derecho no un privilegio”.

“Estamos reclamando que nos paguen lo que nos deben”, dijo a la AFP Francisca Staiti, secretaria general del gremio docente Conadu Histórica.

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La dirigente aseguró que las restricciones presupuestarias se reflejan en el “pluriempleo o la renuncia a los cargos” docentes.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y luego ratificada por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo nunca la aplicó.

Desde entonces, distintas decisiones judiciales, entre las que se cuenta un fallo en junio de la Corte Suprema, obligan al gobierno a cumplir con el pago.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo el martes que “no es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley” sino que la ley “está interrumpida” mientras el Gobierno recurre a la justicia.

El Ejecutivo plantea además que la legislación no contempla con qué fondos financiarla.

Esta es la quinta marcha federal universitaria desde el inicio de la presidencia de Milei en diciembre de 2023. Desde su llegada al poder dispuso aumentos en las partidas, pero las universidades los consideran insuficientes.

La marcha universitaria fue acompañada por partidos políticos opositores, sindicatos, organizaciones sociales, sindicales y jubilados.

Los grupos también convocaron a movilizarse al Congreso para exigir la derogación de un megadecreto de Milei que, entre otras cosas, elimina la restricción a la venta de tierras rurales a extranjeros.

• Fuente: AFP

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Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.

El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.

Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.

El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.

Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.

Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.

Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.

Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.

El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.

El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.

“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.

El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal

Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.