Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores dio lectura a la sentencia de los ocho acusados por la muerte de Fernando Báez Sosa, que falleció tras el brutal ataque de un grupo de rugbiers en enero del 2020 a la salida de una discoteca en Villa Gesell, Argentina. Los familiares del joven quienes viven en Paraguay esperaban que todos los acusados fueran condenados a cadena perpetua.
Luego de la lectura de la sentencia, los mismos manifestaron su disconformidad con la pena otorgada a los acusados. “Es una sensación un poco confusa, esperábamos que los ocho pagaran de la misma forma”, indicó Nancy Sosa, prima de Fernando, en entrevista con el programa “Pase lo que pase”, de Universo 970-Nación Media.
Afirmó que tienen entendido de que la familia apelará para que los otros tres acusados también cumplan cadena perpetua y paguen de manera justa por el crimen. “Nos sorprendió bastante la baja pena que se les dio. Mi familia se juntó en la casa de mis abuelos en Carapeguá y mi hermana y yo seguimos desde Asunción la transmisión de la sentencia”, aseguró.
Por su parte, Celso Mendoza, manifestó que la sentencia fue algo agridulce, ya que esperaban que todos se lleven la misma condena y sobre el desmayo de Máximo Thomsen resaltó que se trataría de una estrategia para llamar la atención. “Esperábamos que los ocho fueran condenados a perpetua”, relató en entrevista a la 1000 AM.
A tres años del ataque, el Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores determinó que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron coautores penalmente responsables del crimen por homicidio doblemente agravado y alevosía, y fueron condenados a prisión perpetua. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados como partícipes secundarios a la pena de privativa de libertad de 15 años de prisión.
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“Que no quede impune, que no vaya al oparei”, piden familiares de policía fallecido en Naranjito
Habló este sábado la viuda del suboficial mayor Atilio Martínez, de Pastoreo (Caaguazú), uno de los policías asesinados en Naranjito. Pidió justicia y que su muerte “no quede impune, que no vaya al oparei”, expresó en declaraciones a Telefuturo.
Doña Alice recordó a su pareja como un “papá guasu” para toda su familia. Además, destacó su carácter firme y su sentido de responsabilidad con su trabajo en las fuerzas policiales.
“Él era el papá guasu de sus hermanos porque su papá y su mamá ya fallecieron. Él nunca decía no, siempre estaba para todos nosotros, para su familia, para sus amigos. Era una persona excelente. Tenía carácter, con él era sí o no, negro o blanco”, relató.
El uniformado deja dos hijos huérfanos. “Tenemos un hijo de 6 años. Tiene otro hijo de 14 años con su expareja. Teníamos planes de tener más, quería una hija para hacerle bailar el vals decía. Nos estábamos preparando para eso”, contó la mujer.
Lamentó el difícil momento que les toca afrontar por culpa de una banda de criminales. “Es muy duro lo que nos está pasando. No le deseo a ninguna familia de la institución policial que pase por el dolor tan grande que estamos pasando”, señaló.
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Agradeció a todas las personas que se acercaron a darles su acompañamiento. “Agradecimiento infinito a sus camaradas, jefes, amigos, vecinos, porque se ve que se le quería mucho”, remarcó.
Destacó el profundo respeto que tenía por su profesión. “Él nunca habló de su trabajo, supo diferenciar su trabajo de su familia. Y pedimos justicia, que no quede impune”, recalcó.
Altos mandos no se comunicaron
La hermana del uniformado fallecido hizo el mismo pedido. “Como familia solamente pedimos justicia”, expresó Epifania Martínez.
Asimismo, puso énfasis en el apoyo de sus camaradas y jefes así como de amigos y vecinos, pero lamentó la ausencia de comunicación de las altos mandos de la Policía Nacional. “Hasta el momento, no recibimos ni una llamada del comandante ni de ninguna autoridad”, afirmó.
Micaela, cuñada (hermana de la viuda) del uniformado, hizo un llamado especial para los investigadores. “Lo que pasó nos dejó destrozados como familia. Solo pedimos justicia, que se aclare el hecho, que no quede en vano todo esto y que su esfuerzo, su sacrificio no sea en vano”, sentenció.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Condenan a 25 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de sus dos hijas menores
- Ciudad del Este. Agencia regional
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Édgar Lezcano e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, dictó condena de 25 años de prisión para un hombre de 57 años, por agresión sexual a sus hijas menores de edad. El fiscal que defendió la acusación es Vivian Andrea Coronel.
El juicio oral concluyó este miércoles 22 de julio en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
De acuerdo a los hechos juzgados en juicio, los abusos sexuales se registraron de forma sistemática desde el año 2023 hasta diciembre de 2024, en un inmueble ubicado en el km 30 Acaray del distrito de Minga Guazú.
El hombre comenzó abusando de su hija de 12 años, a través de manoseos hasta llegar a actos más agresivos contra una niña. Luego hizo lo mismo con su otra hija, de 6 años.
El hoy condenado hacía que la mamá de sus hijas saliera a la calle a vender yuyos con la finalidad de quedar a solas con sus víctimas. Asimismo, mantenía a los integrantes de su familia bajo un régimen de sometimiento.
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En ese contexto, el hermano de las víctimas era agredido físicamente por enfrentar a su padre al enterarse de los hechos, mientras que la madre también era víctima de violencia cuando cuestionaba a su pareja.
La denuncia llegó al Ministerio Público el 29 de diciembre del 2024, a través del 147 de Fono Ayuda, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A partir de allí, la Unidad Especializada de la Niñez inició la investigación que derivó en el procesamiento y luego la condena en juicio culminado hoy.
Durante el juicio oral, el soporte digital (DVD) de la Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, fue una de las pruebas determinantes.
En el ámbito pericial, los diagnósticos médicos e inspecciones ginecológicas de los profesionales forenses Hugo Céspedes y Martín Alfaro, además de informes psicológicos del Centro de Atención a Víctimas sumaron evidencias para la condena.
La fiscal presentó las declaraciones testimoniales de vecinos del sector donde ocurría el hecho, del hermano de las víctimas y del personal policial interviniente.
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Tras masacre en Naranjito, la ARP exige mayor seguridad para proteger la actividad productiva
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.
Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.
Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.
El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.
En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.
La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.
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