Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes sobre la presentación del nuevo reglamento de funcionamiento de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), una actualización considerada clave para mejorar la coordinación entre organismos públicos encargados de prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el país.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados en el marco de la Ley N.º 5777/2016 y busca consolidar una respuesta estatal más eficiente, articulada y enfocada en la protección integral de las mujeres. Entre los principales cambios incorporados se encuentran:

• nuevas normas para el funcionamiento de la mesa
• mecanismos de seguimiento a los compromisos asumidos por las instituciones participantes
• y una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil.

Las modificaciones también establecen reuniones ordinarias cada dos meses, regulan los procedimientos de integración y exclusión de organizaciones, institucionalizan los encuentros anuales de altas autoridades y contemplan medidas ante ausencias injustificadas de los representantes designados.

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Durante la sesión técnica realizada en Asunción se presentó además el Plan de Acción 2026, documento estratégico que orientará las acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención y la respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres. Según se informó, la gran mayoría de las metas previstas cuenta con financiamiento asegurado mediante cooperación internacional.

Autoridades destacaron que la actualización reglamentaria permite subsanar un vacío normativo existente desde hace dos años, otorgando mayor seguridad jurídica y operativa a la Mesa PREVIM. Asimismo, se avanzó en la conformación de un comité de trabajo que tendrá a su cargo el proceso de incorporación de organizaciones de la sociedad civil, con una convocatoria pública prevista para las próximas semanas.

La Mesa PREVIM, liderada por el Ministerio de la Mujer, reúne a diversas instituciones del Estado con el propósito de coordinar políticas públicas y fortalecer las acciones destinadas a reducir la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.

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El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció el lunes que presentará un proyecto de ley para reforzar el control migratorio y aumentar las penas contra los delitos del crimen organizado, en su primera rendición de cuentas al Congreso.

Kast, un abogado de 60 años, adquirió el poder en marzo con la promesa de mano dura contra la criminalidad y la migración irregular. Pero la falta de anuncios en sus primeros meses de gobierno mermó su popularidad.

“Tenemos que atacar ese crimen organizado y ampliar las penas que están asociadas a la delincuencia”, dijo Kast en el Congreso, en Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

A unos kilómetros de allí, la policía se enfrentó con un centenar de manifestantes que se quejaban por los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno.

En un discurso televisado, Kast afirmó que sus prioridades serán “fortalecer la seguridad”, la “reactivación económica” y la generación de “millas de empleos”.

Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, en la última década hubo un aumento en los asesinatos y secuestros, según el actual gobierno con la llegada de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua.

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Kast anunció que desplegará operativos policiales en 50 barrios “contra los mercados ilícitos y el crimen organizado” en las próximas semanas.

“Que se intervengan los barrios más complicados me parece necesario. Pero al mismo tiempo no es suficiente para mí (...) Los resultados son lo que importa”, dijo a la AFP Marta González, una jubilada de 68 años en el centro de la capital.

El presidente también impulsará un registro de “vándalos” para quienes ataquen a la policía, funcionarios de salud o dañen monumentos, y perderán beneficios como la gratuidad universitaria o una jubilación estatal.

Para cumplir su cuestionada propuesta de expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares, buscará “fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención” de indocumentados, que actualmente es de cinco días.

Su plan también incentivará “la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile”, sin detallar cómo se llevará a cabo el proceso.

También propondrá al Congreso “una reducción real y ordenada de ministerios”, sin precisar cuántas de las 25 carteras actuales serán eliminadas.

• Fuente: AFP

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Hoy domingo, último día de mayo, amaneció con temperaturas frescas y la presencia de neblinas en varios puntos del país, una condición que acompañará el inicio de la nueva semana, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Para hoy, se espera que el ambiente evolucione hacia condiciones cálidas durante la tarde, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 30 °C en algunos sectores del territorio nacional. Aunque no se descartan lluvias ligeras y dispersas tanto en la Región Oriental como en la Occidental, los fenómenos serían de escasa intensidad.

El lunes se mantendría con características similares, con un amanecer fresco y bancos de niebla en zonas puntuales. Las precipitaciones seguirían limitadas principalmente al sureste, norte y este de la Región Oriental, donde podrían registrarse lluvias débiles y aisladas.

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De acuerdo con el meteorólogo Juan Gamarra, a partir del martes la probabilidad de lluvias disminuirá considerablemente en todo el país. El tiempo se presentaría estable, con mañanas frescas y tardes cálidas, e incluso calurosas en sectores del Chaco.

Las proyecciones indican además un progresivo aumento de las temperaturas durante la semana. Las mínimas oscilarían entre los 11 °C y los 20 °C, mientras que las máximas podrían ubicarse entre 22 °C y 33 °C.

Otro cambio previsto es la rotación de los vientos hacia el sector norte desde el miércoles, situación que favorecería el ascenso gradual de las temperaturas y consolidaría un ambiente más cálido en gran parte del país.

En Asunción, hoy el día se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos soplando del sureste, con neblinas, lloviznas pero luego mejorando. La máxima pronosticada es de 22 °C.

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La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.