El abogado Gerardo Bóveda Godoy, víctima de un atentado en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, sigue internado, pero fuera de peligro. Hasta el momento nada se sabe de los presuntos sicarios, quienes huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.
El subjefe de Investigaciones de Amambay, Abel Cantero, explicó este lunes que la víctima recibió un total de 15 disparos de arma de fuego, pero afortunadamente ningún proyectil causó lesiones de mucha gravedad. El profesional del derecho sigue internado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
“Él sigue en el hospital, pero está fuera de peligro. Creemos que el hecho se habría dado por algunos casos que lleva. El hombre de profesión abogado se encontraba sentado frente a su domicilio junto a su esposa, cuando fue baleado por desconocidos”, dijo el comisario en comunicación con la radio 1080 AM.
Sostuvo que el hermano de la víctima sufrió un atentado similar en el 2011, pero no se sabe si los hechos tienen alguna relación. El ataque fue perpetrado por dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta y dispararon contra el abogado frente a su vivienda, donde estaba sentado en compañía de su esposa.
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“Este evento se registró el sábado a la noche y estamos realizando las tareas investigativas que nos permitan identificar a los sospechosos. Conversamos con la víctima y la esposa, ellos desconocen el origen de este atentado y creemos que es importante indagar cuál sería el origen o el motivo de este hecho, uno de ellos es la condena a 27 años de cárcel que habría obtenido a un hombre”, agregó Cantero.
Imágenes de circuito cerrado captaron el momento cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar donde estaba la víctima, uno de ellos descendió del biciclo y fue directo al ataque contra el abogado, este al percatarse de la intención del atacante se levantó e intentó huir hacia su vivienda, pero cayó y recibió 15 disparos.
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Testigos desarman tesis fiscal al sostener que informe sobre Messer siguió el proceso legal
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.
Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.
Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.
El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.
Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".
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Caso Boidanich: “No amerita una condena”, afirma el abogado Lovera
Este viernes sigue el juicio oral y público contra el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien se encuentra procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
En la audiencia de hoy se prevé la declaración de un total de cuatro de los once testigos que presenta la defensa. “Sigue el proceso con las declaraciones testimoniales, vamos a ir introduciendo los medios de prueba y realizando las valoraciones pertinentes. La Fiscalía no es capaz aún de definir si le está atribuyendo una acción u omisión a Boidanich, esta es una característica que tiene que alertar respecto a que no es un caso que amerite una condena, no hay méritos para una persecución penal", sostuvo el abogado Claudio Lovera, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Lovera surgen, teniendo en cuenta que el Ministerio Público inicialmente acusó por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanic, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal.
El abogado mencionó que, mediante el trabajo de inteligencia de la Seprelad, la Fiscalía consiguió aplicar oportunamente las medidas cautelares y lograr el comiso del 100 % de los bienes de Messer. Agregó que el éxito de haber asegurado estos activos demuestra el rigor técnico con el que se manejó la institución.
Una vez finalizada la etapa de la declaraciones testificales se dará paso a la etapa de producción de pruebas documentales, en donde la defensa confía en que se ratificará la regularidad administrativa y la total inocencia de Boidanich.
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Examen patrimonial de Peña no arroja indicios de hechos punibles, afirma abogado
El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente de la República, Santiago Peña, puntualizó que no existen indicios de hechos punibles en la declaración jurada del mandatario, después que la Contraloría General de la República (CGR) descartara irregularidades al presentar ayer lunes el resultado de un examen de correspondencia patrimonial que el propio jefe de Estado solicitó en el año 2025, pese a no estar obligado por ley en esta instancia del cargo.
“Este examen de correspondencia no tiene en sí mismo ningún indicio de la comisión de hecho punible porque justamente la conclusión propiamente dice que hay correspondencia en el patrimonio del presidente y no hay absolutamente ninguna noticia criminis”, afirmó el abogado, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que “en el marco de esa denuncia presentada por esos legisladores, el Ministerio Público había remitido un oficio a la Contraloría solicitando que se pronuncie acerca del patrimonio del presidente, independientemente a ese pedido de la fiscalía, ya en su momento el presidente habría presentado una nota a la contraloría haciendo una declaración jurada, creo que fue en setiembre del año pasado, sin estar obligado a ello”.
La obligación de presentar la declaración jurada está establecida al inicio de la función pública y al culminar el mandato. “En este caso, para demostrar que no tiene absolutamente nada que ocultar hace esta presentación en setiembre del año pasado y solicita a la Contraloría ese examen de correspondencia. Este estudio es resultado de ese pedido y coincide también con el pedido del Ministerio Público en función a esa denuncia”, aclaró Preda.
Refirió que se aguardará qué decisión tomará la fiscalía respecto al informe remitido por la Contraloría. “Esto se remite a la fiscalía, la fiscalía me imagino que va a dar recepción a esto y eso ya dependerá de la persona que tenga a su cargo el caso para ver el análisis que seguramente va a aplicar a este documento”, apuntó.
Ajustes en el proceso
Por otra parte, aclaró que los ajustes realizados en las documentaciones corresponden y no se trata de un blanqueo en el patrimonio del presidente como pretenden instalar algunos sectores políticos y medios de comunicación aliados.
“El proceso de estudio de correspondencia es un proceso dinámico donde el órgano contralor le puede solicitar información, no solamente a entidades del sector privado, sino también a entidades del sector público y también al propio controlado, el funcionario cuya declaración está siendo analizada y en ese marco la información que se recibe es procesada por la Contraloría”, refirió el abogado.
Casa de San Bernardino
Con relación del inmueble ubicado en la ciudad de San Bernardino, en Cordillera, el abogado detalló que pese a que no se encuentre en los registros públicos a nombre de Peña, se incluyó en la declaración ya que cuenta con un contrato privado de compra.
“Lo que se verifica en un examen de correspondencia es lo que está dentro del patrimonio del funcionario. Que declare un inmueble que no está a mi nombre porque aún está en ese proceso de inscripción porque yo lo compré por un contrato privado, en realidad es positivo porque habla de la transparencia del funcionario que declara todo aquello que está en su patrimonio, y algo que yo compro por contrato privado forma parte de tu patrimonio”, sentenció.
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Sospechoso con trastornos mentales abrió fuego cerca de la Casa Blanca
Un hombre que abrió fuego el sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.
Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato. El sábado pasado, poco después de las 18:00 (22:00 GMT), un hombre que estaba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca “sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar”. “La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento”, dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.
Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud. Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido. “Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país”, escribió Trump en su red social Truth Social horas después.
Varios medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años. Según los reportes, el hombre, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones alrededor de la Casa Blanca.
La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, mientras tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en el área en el centro de Washington. “Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”, relató a la AFP el turista canadiense Reid Adrian.
Los periodistas que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa. La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para redes sociales cuando estalló el tiroteo, y captó el ruido de los disparos mientras se tiraba al suelo. “Sonaron como decenas de disparos”, dijo en X.
Intentos de asesinatos contra Trump
El 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistía a una gala con periodistas. El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento. En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.
Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida. “Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo”, dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.
Trump ha citado preocupaciones de seguridad como uno de sus motivos para construir un salón de baile en la Casa Blanca, para lo cual ordenó demoler el ala este del histórico edificio tras asumir nuevamente el cargo el año pasado. El proyecto, de 400 millones de dólares y que se está construyendo, contará, según el mandatario, con seis pisos bajo el salón de baile altamente seguro y “a prueba de drones”, incluyendo un hospital militar subterráneo.
Fuente: AFP.