Una comitiva del Ministerio Público a cargo del fiscal Pablo Zárate, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, encabezó un operativo realizado en el interior de un inmueble rural en la compañía Romero Potrero de la ciudad de Concepción, donde fue detenida una persona. En otro caso también fue aprehendido un joven.
Además se logró incautar siete bolsas arpilleras que contenían supuesta marihuana prensada, que totalizaron 238,40 kilogramos, distribuidos en 317 panes. Asimismo, un aparato celular, que pertenecía al responsable de la carga. El procedimiento se efectuó con apoyo del personal de la Regional N° 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) - Concepción y de las Fuerzas Especiales de la Senad.
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Así también, se allanó una vivienda en el barrio Itacurubí, de la ciudad de Concepción, donde fue incautada supuestamente cocaína, tipo crack, dinero y otros objetos, el peso total de la droga hallada fue de 8,6 gramos, distribuidos en 32 dosis. Además, en el sitio se detuvo a un joven identificado como Antonio Lugo Samudio, de 24 años.
Finalmente, otras evidencias incautadas dan cuenta de un aparato celular de la marca Samsung, seis billetes de G. 10.000, nueve billetes de G. 5.000, un plato de porcelana de color blanco con residuo de supuesta cocaína, dos pedazos de gillette, con vestigios de supuesta cocaína.
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Fiscalía y Policía no ubican a Miguel Cuevas tras allanamiento
Sobre el exlegislador pesa una orden de captura para cumplir una condena de 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El exdiputado abdista Miguel Cuevas no fue localizado durante dos allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía en la ciudad de Sapucái, en el departamento de Paraguarí, en la tarde del viernes con el objetivo de detenerlo. Sobre el exlegislador pesa una orden de captura para cumplir una condena de 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, dictada por la jueza de Ejecución Especializada n.º 2, María Lidia Wyder. Según el informe de la Comisaría 13.ª de Sapucái, el procedimiento comenzó a las 17:20.
Los agentes ingresaron a un establecimiento en la compañía Yarigua’a y a una vivienda en el barrio San Blas. Ambos inmuebles figuran a nombre de Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz.
La comitiva fiscal estuvo encabezada por la agente fiscal de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Dominica Zayas. Participaron personal del Departamento de Investigación de Delitos, efectivos de la Agrupación de Acciones Tácticas de Paraguarí y personal de la
Comisaría 13.ª de Sapucái. Hasta la fecha, Miguel Cuevas permanece prófugo, con paradero desconocido, y la orden de captura sigue vigente.
TRES AÑOS DE PROCESO JUDICIAL
En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria. Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el Tribunal de Sentencia que condenó al exlegislador el 15 de setiembre de 2023, luego de casi tres años del proceso judicial.
Tras recibir la notificación correspondiente, la magistrada María Lidia Wyder dejó sin efecto las medidas sustitutivas a la prisión que tenía el exlegislador desde el 12 de noviembre de 2020, dispuestas por el Juzgado Penal de Garantías N.º 11, a cargo de Yoan Paul López.
Acto seguido, la jueza de Ejecución Especializada ordenó la captura nacional del condenado Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, cuyo último domicilio informado al juzgado es el barrio San Blas del distrito de Sapucái, departamento de Paraguarí.
A la vez se notificó a la Comandancia de la Policía Nacional, al Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional para que arbitren los medios necesarios para el cumplimiento de la presente resolución y a la Dirección General de Migraciones.
OTRAS SANCIONES
Cabe recordar que la sentencia ahora en ejecución estableció que, además de la pena de 5 años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, se dispuso la inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo (cinco años). Así como el comiso especial y comiso sustitutivo de bienes, sumados al mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Elsa García e integrado por Yolanda Morel y Jesús Riera (actual camarista) concluyó que entre los años 2009 y 2019 el exgobernador de Paraguarí registró un saldo negativo de más de G. 1.900 millones.
INVESTIGACIÓN DE NACIÓN MEDIA
El proceso judicial que culmina con la orden de captura del exparlamentario tuvo su punto de partida en una exhaustiva investigación periodística desarrollada durante 1 año y 8 meses por el equipo de Nación Media, a través de las publicaciones del diario La Nación.
El trabajo de campo y análisis documental puso al descubierto un sostenido y desproporcionado crecimiento patrimonial de Miguel Cuevas a lo largo de su paso por la función pública –tras desempeñarse como intendente de Sapucái, gobernador de Paraguarí y presidente de la Cámara de Diputados–, contrastando sus ingresos oficiales como servidor del Estado con la repentina adquisición de estancias, propiedades de alto valor, ganado y movimientos financieros millonarios.
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Caso Ueno: Fiscalía allana presunto domicilio fiscal de Pear SRL tras denuncia de operación simulada
Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Laura Giacummo realizaron este sábado un allanamiento en un inmueble que figura oficialmente como domicilio fiscal de Pear SRL, firma vinculada a Francisco Peña Palacios, en el marco de las diligencias abiertas en torno al caso Ueno Bank.
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal constató de forma preliminar que la empresa ya no operaría en el sitio intervenido, pese a que la dirección continúa registrada como su domicilio fiscal. En el lugar funciona actualmente otro comercio, cuyos responsables entregaron a los intervinientes documentación societaria y comercial vinculada a Pear SRL, incluyendo antecedentes ligados a la compraventa de un inmueble.
La operación bajo la lupa fiscal
La diligencia apunta a esclarecer una transacción inmobiliaria fechada en 2023 entre Pear SRL y la entonces financiera Ueno. Según lo señalado por el exdirectivo de la entidad, Julio Rey Fernández, la firma adquirió en 2023 un predio de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, por un monto cercano a los USD 3 millones.
De acuerdo con la versión expuesta por Rey Fernández, dicha operación habría sido simulada, extremo que el Ministerio Público busca verificar o descartar a partir de la revisión de los legajos incautados y otras pruebas documentales.
Análisis de antecedentes
Los fiscales dispusieron el resguardo y posterior análisis de los papeles entregados durante el operativo para reconstruir el circuito documental y financiero de la compraventa realizada en 2023, así como para establecer su eventual incidencia en los hechos punibles investigados en el expediente.
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Armada Paraguaya entregó 100 kits de víveres a familias aisladas en San Carlos del Apa
Pese a las intensas lluvias y el mal estado de los caminos, la Armada Paraguaya entregó alimentos no perecederos a familias que se encuentran aisladas en San Carlos del Apa, departamento de Concepción. El operativo se realizó con vehículos todoterreno en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la municipalidad local.
La asistencia llegó a familias de los asentamientos Paz y Alegría, como 1.º de Mayo de la localidad de San Carlos del Apa, que están aisladas tras los fuertes temporales y copiosas lluvias registradas a nivel país. Los voluntarios llegaron en vehículos todoterrenos y desafiando caminos intransitables.
La actividad se realiza en el marco de las tareas de asistencia humanitaria ante las emergencias climáticas que son articuladas por personal de la Armada Paraguaya, en articulación con la SEN y la municipalidad de San Carlos del Apa. Hasta el momento logró asistir con 100 kits de alimentos a pobladores.
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“El Gobierno Nacional dispuso el despliegue de personal y medios del Batallón de Infantería de Marina n.º 2 ‘Cap. F. Rva. Lázaro Aranda’ de la Armada Paraguaya, para brindar asistencia a pobladores de los asentamientos Paz y Alegría y 1.º de Mayo”, expresaron desde el Ministerio de Defensa Nacional.
Resaltaron que estas comunidades se encuentran aisladas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, que dificultan el tránsito vehicular y el acceso a la zona, por lo que no está pudiendo salir en búsqueda de alimentos e insumos básicos.
“Para el desarrollo de estas tareas se emplearon vehículos todoterreno con el acompañamiento y apoyo de productores ganaderos de la zona, quienes facilitaron el desplazamiento hasta los puntos de distribución”, confirmaron.
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Fiscalía refuerza pesquisa por denuncias en Mburuvicha Róga durante gobierno de Peña
La Fiscal General del Estado, Alba Cantero, resolvió reforzar la pesquisa por presuntas vulneraciones de derechos denunciadas contra la gestión de Santiago Peña a partir del relato de una extrabajadora de Mburuvicha Róga y su entorno. Por medio de la Resolución n.º 4694/2026, incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Ambas agentes podrán intervenir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas. La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero —quien postergó su audiencia por motivos de salud—, asistidos por el abogado Juan Pablo Mendoza.
El núcleo familiar de Candado denuncia haber atravesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a prestar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvicha Róga, donde ella asumió como coordinadora.
En su testimonio, la exfuncionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al entonces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la conducta ante eventuales hallazgos similares.
A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto contra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.