Tras la detención de una mujer de 77 años conocida como “Abuelita del chespi”, dos hombres en moto recorrieron el barrio y atacaron la casa de los vecinos que celebraban la captura de la mujer en Alto Paraná. Estos arrojaron en el sitio varias notas en las que adjudican el hecho a la mujer que se dedica a la venta de sustancias ilegales.

Según el reporte policial, el atentado se reportó durante la madrugada de este viernes, en el barrio Santo Domingo de Hernandarias, donde una vivienda fue rociada a balazos. Todo quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad de la casa, donde se puede ver que el hecho fue perpetrado por dos hombres a bordo de una moto.

Estos llegaron hasta hasta la entrada detuvieron la marcha y uno de ellos bajó de biciclo, arrojó unas hojas y luego realizó al menos cinco disparos contra la vivienda. Luego volvió a subir a la moto y huyeron del sitio. Los propietarios al oír los estruendos llamaron al sistema 911 y estos llegaron hasta el lugar.

En el sitio hallaron varias notas que decía: “De parte de la abuelita”. Se presume que la detenida sospecha que esta familia fue la que le denunció y pidió que se elimine el foco de distribución de la zona. Además, los propietario festejaron el procedimiento y la detención de esta mujer.

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Durante la tarde de ayer jueves, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público realizaron un operativo en Hernandarias donde detuvieron a Hipólita Penayo Mendieta alias “Abuelita del chespi”, de 77 años, presunta líder del microtráfico de drogas en la zona.

Hallaron en el poder de esta persona unas 1.000 dosis de crack listas para su distribución. La vivienda de la mujer aglomeraba una importante cantidad de persona que iban a comprar la sustancia y causaba zozobra en el barrio. Así también, detuvieron a los nietos de 15 y 17 años.

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Este jueves, el Ministerio Público decidió imputar a la madre de la niña de 6 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue brutalmente golpeada en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. La fiscal que lleva el caso accedió a imágenes de la pequeña y se pudo constatar que desde hace tiempo es golpeada.

Según la fiscal María Mirta Martínez, dentro de las investigaciones pudieron acceder a imágenes en las que se pueden ver que la menor ya presentaban hematomas y se presume que no sería la primera vez que es víctima de este tipo de hechos. Por lo que no se descarta la complicidad de la madre.

“La madre fue imputada por violación del deber de cuidado, esto porque se encontraron todos los elementos que indican el hecho y para imputarla. Existen fotos anteriores en las que se puede corroborar que la niña tiene algunos moretones en el cuerpo”, detalló Martínez, a los medios de comunicación.

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Afirmó que el padrastro de 23 se encuentra detenido y también fue imputado por el hecho de Maltrato de Niños y Adolescentes bajo tutela y Violencia Familiar, tras agredir brutalmente a la niña de 6 años con TEA. Actualmente guarda reclusión en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

La pequeña actualmente se encuentra bajo el cuidado de una pareja de religiosos de la zona. La menor ya fue asistida en un centro asistencial y recibió contención psicológica. Atendiendo a su condición tuvo varios episodios y no se sentía cómoda con ningún familiar ni con la madre.

La denuncia fue realizada durante el fin de semana pasado e intervino la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público. La misma fue realizada por la madre, quien fue avisada por su abuela de que su hija presentaban varios golpes y molestias en el cuerpo, por lo que fue llevada al Hospital Regional de la ciudad.

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El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.

Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.

En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.

En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.

Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.

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“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.

El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.

“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.

Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.

“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.

Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.

“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.

Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.

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Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.

El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.

En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.

Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.

La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.

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