Durante la tarde del sábado pasado se encontró un cuerpo calcinado y en avanzado estado de descomposición cuya identidad no se podía precisar en una zona despoblada del kilómetro 16 Acaray, en el departamento de Alto Paraná. Hoy informaron que el cadáver pertenecía a Adrián Arzamendia Traverssi, joven que estaba desaparecido desde el 4 de enero pasado.
Este lunes se realizó la autopsia en la morgue judicial de Asunción para lograr identificar el cuerpo, ya que por su avanzado estado de putrefacción y que presentaba quemaduras de tercer y cuarto grado no pudieron encontrar huellas dactilares. Finalmente pudieron recurrir a otros elementos como reconocimientos odontológicos y maxilofaciales para confirmar la identidad del fallecido.
“Encontramos cerca del cadáver el aparato celular y parte del vehículo del fallecido (Adrián Arzamendia). Además de prendas de vestir reconocidas por los familiares y determinamos que se trata de esa persona. Entregamos el cuerpo a los familiares para la cristiana sepultura”, confirmó el fiscal Juan Benítez en la 650 AM.
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Indicó que el pasado 4 de enero los familiares alertaron sobre la desaparición de Adrián Arzamendia Traversi, de 29 años, oriundo de Villarrica, pero que en los últimos tiempos se mudó a casa de sus tíos y trabajaba en una empresa recicladora en Minga Guazú. “El joven tenían una comunicación constante con su círculo y les pareció sospechoso que no aparezca, entonces al día siguiente hicieron la denuncia”, apuntó.
Finalmente, no pudieron determinar si presentaba signos de tortura u otras heridas por el avanzado estado de descomposición, pero afirmaron que falleció asfixiado. “Lo que le provocó la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Hay lesiones en la tráquea. Su propia remera que tenía al momento de salir fue utilizada para ahorcarlo”, refirió el fiscal.
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Fiscalía pidió ratificar juicio oral contra hermano de una agente fiscal
La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.
Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.
Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.
Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.
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El BCP anuncia renovación de los billetes del guaraní realzando identidad paraguaya
En el marco del próximo aniversario de la moneda guaraní, el directorio del Banco Central del Paraguay, anuncia la presentación de la nueva familia de billetes del guaraní. El lanzamiento oficial se realizará en el próximo mes, previsto para el lunes 5 de octubre a las 14:30 en el Aula Magna del Instituto de BCP, fecha que la moneda guaraní cumplirá 83 años.
Desde el BCP señalan que esta presentación se está dando luego de un amplio estudio que se realizó, recogiendo experiencias internacionales, las propuestas de historiadores, exponentes de la cultura y biólogos. Cabe recordar que el BCP inició el proyecto para que los billetes puedan imprimir la identidad nacional del Paraguay, ya en el 2023.
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Recuerdan que el guaraní es el símbolo de la soberanía nacional y que nos representa como país, por lo que los nuevos diseños de billetes estarán orientados a realzar el patrimonio histórico, cultural y la riqueza de la fauna y la flora del país, además de presentar una temática más homogénea, pero sin cambiar el cono monetario ni suprimir ceros.
Destacan que la necesidad de este proceso de cambio de la familia de billetes se está dando luego de más 60 años de haberse realizado la última modificación en la familia de billetes, marcando un nuevo hito en la historia económica del Paraguay.
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Caso Hugo Javier: Fiscalía revisará cámaras del baño tras grave episodio
La Fiscalía revisará las cámaras de vigilancia para llegar a la verdad sobre lo acontecido en la cárcel donde se encuentra privado de libertad el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien habría sufrido una supuesta agresión física. El agente asignado a la investigación es el fiscal Luis Chamorro, quien informó que Hugo Javier fue encontrado ayer domingo en el baño alrededor de las 23:00.
Según explicó, el exgobernador habría ingresado al lugar con un compañero de celda y posteriormente fue hallado tendido en el piso. El representante del Ministerio Público señaló que analizarán las imágenes de seguridad para determinar qué ocurrió.
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También mencionó que la luz del recinto estaba apagada. Del mismo modo, el fiscal indicó que convocará a los guardias de turno para que presten declaración sobre lo sucedido y añadió que aguarda un informe médico completo sobre el estado de salud del condenado.
En principio, el director del Hospital de Barrio Obrero, Adán Godoy, había dicho que Hugo Javier sufrió un accidente cerebrovascular (ACV); sin embargo, esa posibilidad fue desmentida por el médico forense.
Posteriormente, el juez de ejecución Carlos Mendoza ordenó una inspección médica en la unidad de terapia del Hospital Nacional de Itauguá, donde el exgobernador fue intervenido de urgencia debido a un traumatismo craneoencefálico.
De acuerdo con los reportes, la cirugía resultó exitosa, pero el condenado permanecerá en cuidados intensivos.
Igualmente, el doctor Miguel Ferreira del Hospital Nacional de Itaugua señaló que están queriendo precisar el origen del trauma, aunque no se descarta que haya sufrido un ACV, según dijo.
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“Tía Chela”: Prieto afronta juicio este lunes mientras avanza otro proceso en su contra
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.
El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia condenatoria ejemplar ante la gravedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.
La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.
La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.
Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.
En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Caso Tajy
El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.
En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.
El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.
Consejo de Salud
A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.
La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.
Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.