Un hombre identificado como Pedro Garcete fue denunciado ayer miércoles por un hecho de sextorsión, luego de solicitar G. 15 millones a una mujer a cambio de no publicar sus fotos íntimas en la ciudad de Paraguarí. También un presunto cómplice fue detenido y se abstuvo de declarar.
En un procedimiento de entrega vigilada a cargo del fiscal Antisecuestro y Antiterrorismo Andrés Arriola, fue detenido un hombre de nombre Néstor Fabián Portillo, por un hecho de sextorsión. “Fue a raíz de una denuncia de la víctima, quien dijo que tenía una expareja y empezó a pedirle dinero por una filmación íntima. Se pactó la entrega ayer en Paraguarí, la idea era atrapar al que estaba haciendo la extorsión, pero grande fue la sorpresa que fue llegando un enviado”, expresó el fiscal Andrés Arriola.
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La víctima realizó la denuncia refiriendo que su expareja le pedía dicha suma de dinero para no publicar sus fotos íntimas, en tanto que Néstor Fabián Portillo actuó de cómplice, puesto que fue quien retiró el dinero de la extorsión y fue detenido y procesado.
“En realidad es un solo detenido, ordené la detención también del otro, ya la Policía está abocada a esa tarea. El detenido se asustó, dijo que no tenía nada que ver, que era empleado del señor Pedro Garcete y que él mismo fue quien le llevó en una moto”, afirmó Arriola.
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Imputan a dueño de un perro tras el ataque que dejó herido a un niño
La falta de responsabilidad y conciencia sobre el cuidado de los animales vuelve a quedar expuesta tras un episodio ocurrido en Luque, donde un niño de 10 años resultó herido tras ser atacado por un perro. La Fiscalía informó este domingo que imputó al propietario del animal por omisión de auxilio y transgresión de la Ley de Bienestar y Protección Animal.
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, además solicitó la prisión preventiva del propietario. Entre sus argumentos señaló que el hombre reside en las inmediaciones de la víctima y que esa cercanía podría permitirle influir sobre eventuales testigos del caso.
El ataque se produjo durante la mañana del 25 de septiembre, en una vivienda de la compañía Cañada Garay. Tras el incidente, familiares llevaron al menor hasta el Hospital General de Luque, donde los médicos constataron varias heridas abiertas, entre ellas una en el cuello y otras en brazos y piernas.
El pequeño recibió lavado de las heridas, curaciones y las correspondientes suturas. Según el reporte médico, permanecía estable luego de ser atendido.
Mientras avanza la investigación, el perro, un ovejero de aproximadamente un año, quedó bajo resguardo y vigilancia de la Dirección de Bienestar y Protección Animal.
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Reprograman más de G. 130.000 millones para nuevas obras públicas
El Gobierno reprogramó más de G. 130.000 millones destinados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el objetivo de garantizar el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en distintos puntos del país. La medida fue oficializada mediante los decretos N.º 6944, 6945 y 6946, firmados por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia.
Los recursos serán destinados a obras viales, infraestructura sanitaria y trabajos vinculados a la navegación. Entre los proyectos contemplados se encuentra la construcción del nuevo Gran Hospital de Barrio Obrero, además de intervenciones para el asfaltado, rehabilitación y mantenimiento de rutas nacionales.
Uno de los decretos establece recursos para la construcción de puentes y el mantenimiento de caminos vecinales en departamentos como Central, Paraguarí y Presidente Hayes. Estas intervenciones apuntan a mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en diferentes zonas del país.
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Por otra parte, se prevé el financiamiento para la rehabilitación de la ruta PY10 y del tramo San Pedro-Belén-Concepción, además de la infraestructura hospitalaria de Barrio Obrero. Los fondos también permitirán avanzar con obras consideradas prioritarias dentro de la planificación vial.
El tercer decreto contempla recursos para diez obras viales distribuidas en varios departamentos, entre ellos Mariscal Estigarribia, Presidente Hayes, Pedro Juan Caballero, Ñeembucú y Caaguazú.
La reprogramación también incluye recursos para el dragado de ríos, con lo que el Gobierno busca sostener inversiones en infraestructura vial, sanitaria y de navegación mediante una redistribución de recursos dentro del presupuesto del MOPC.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.