Un hombre se hizo pasar por paciente del Instituto de Previsión Social (IPS) para ingresar al hospital y apoderarse de una computadora. Ocurrió en Ciudad del este. La Policía logró detener al sospechoso y ahora ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Según los intervinientes, en los últimos días son constantes las denuncias de los asegurados y familiares que acuden hasta el centro asistencial y reportan el hurto de sus prendas personales.

Lo llamativo es que el sujeto logró burlar el sistema de seguridad que involucra a guardias privados y al personal de la Policía Nacional. Según los datos, el desconocido entró por la puerta principal del hospital de IPS de Ciudad del Este y llegó hasta una oficina y donde se alzó con una computadora.

“El sujeto entra por la puerta grande y sale por la puerta grande. Y nadie se percató de que una persona sospechosa haya salido con una computadora bajo el brazo y no haya informado a la Policía”, cuestionó el comisario Mariano Sosa.

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El detenido identificado como Hugo Antonio Arguello (34) fue derivado a la comisaría jurisdiccional y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Hace un mes que salió de la cárcel y ya nuevamente incurrió en una acción delincuencial. Tiene tres antecedentes por hurto agravado, según su legajo policial.

La Policía pide a los ciudadanos que colaboren con la seguridad, reportando cualquier hecho llamativo que observe a su alrededor sobre todo en un hospital donde acuden muchos pacientes.

El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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La Corte Suprema de Justicia aprobó la uti­lización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económi­cos en Asunción y el depar­tamento Central.

La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacio­nal, que alegó contar con la infraestructura y capa­cidad técnica para monito­rear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cual­quier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medi­das restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.

Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras elec­trónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron recha­zadas por limitaciones técni­cas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.

“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesa­ria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y redu­cir el hacinamiento peniten­ciario, al brindar una opción efectiva al encierro.

Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dis­positivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficia­rio, salvo en caso de insolven­cia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.

La Acordada n.º 1779, recien­temente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obli­gatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Esta mañana, un cambista fue asaltado por parte de un grupo criminal compuesto por tres a cuatro hombres armados que estaban vestidos con ropa camuflada de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Lo despojaron de su mochila, que contenía solo documentos, de un porchete pequeño vacío y de un aparato celular, además de un manojo de llaves. ¡No tenía dinero!

Fue víctima, Alfredo Giménez (34), quien es tesorero de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) de Ciudad del Este. Ocurrió esta mañana a las 09:00 en el barrio Ciudad Nueva, según personal de la Comisaría 2a. que acudió al lugar del hecho.

El cambista salió de su casa con destino al microcentro para su actividad diaria, cuando a pocos metros fue interceptado por una camioneta Nissa Frontier, de la cual bajaron tres a cuatro hombres, quienes lo redujeron y le ordenaron que se apartara hacia un matorral, a punta arma de fuego.

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Los delincuentes portaban armas largas, vestían ropa camuflada de la Senad, según vecinos supuestamente testigos. La víctima dijo que apenas pudo ver a uno de los asaltantes y al resto no. Señaló además que no fueron violentos físicamente con él y tampoco se apoderaron de su billetera.

De acuerdo con los datos recabados por el personal policial, la banda delictiva habría creído que tenía dinero en su mochila, pero se equivocaron. Para los policías, su condición de cambista y tesorero habría sido considerado por los delincuentes, pero no tenían toda la información sobre el manejo del dinero.

Cabe recordar que, uno de los mayores robos del país es el que fue perpetrado a la bóveda de la ATC, en pleno microcentro, en la madrugada del 5 de febrero del 2024.

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