La Fiscalía imputó a un agente policial y dos civiles por reducción de una lujosa camioneta con chasis adulterado y solicitó la prisión preventiva de los encausados que formarían parte de una organización que se dedica a realizar este tipo de hechos punibles.
Se trata de Freddy Armando Alderete León, de 44 años, suboficial principal de la Policía Nacional; Éver Manuel Chaparro Leiva, de 30 años, y Arnaldo Brítez, de 50 años, alias Polaco, quienes se encuentra recluidos en la Dirección de Policía del décimo departamento.
La detención del agente policial y de Chaparro Leiva se produjo durante una persecución en el momento en que circulaban a bordo de la camioneta Nissan Frontier, de color plateado.
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El procedimiento se realizó sobre la ruta PY02, en la localidad de Juan León Mallorquín, y estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía de Alto Paraná, quienes investigaban un caso de robo agravado perpetrado en esta zona del país.
Al momento de la intervención, Alderete León –que estaba libre de servicio– presentó un contrato de compraventa que sería de contenido falso, de fecha 25 de mayo del 2020, celebrado supuestamente entre el vendedor Gerardo Ramón Ruiz Godoy y el comprado Éver Manuel Chaparro Leiva en la escribanía de Ana Rosalba Agüero.
Sin embargo, la entrega del vehículo se produjo el día anterior; es decir, el 9 de diciembre. El acuerdo para la compra habría sido intermediado por Arnaldo Brítez. El rodado presenta chasis adulterado.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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“El hombre de las mil voces” y sus cómplices lograron una estafa millonaria desde Tacumbú
Desde el Ministerio de Justicia informaron que durante la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento de varias celdas del pabellón D del penal de Tacumbú, en el marco de una investigación de estafa telefónica de la cual habría sido víctima un alto directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Según manifestó el fiscal Jorge Escobar, el hecho se perpetró mediante una llamada telefónica recibida por el gerente general y apoderado de la APF, Hugo Kuroki, supuestamente de parte del Monseñor Ricardo Valenzuela, quien le solicitaba una donación para reparaciones de la Basílica de Caacupé, donación que se hizo efectiva días después.
“Se suelen hacer donaciones de la APF y luego se contrasta con la factura. En este caso se hizo la transferencia de 50 millones y luego constataron que fue un engaño”, comentó el fiscal en contacto con la 730 AM.
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Tras el rastreo de la cuenta a la que fue acreditado el dinero, se pudo constatar que estaría ligada a dos mujeres, quienes a su vez tendrían vínculos con personas que se encuentran recluidas en la penitenciaría de Tacumbú, por lo que se procedió al allanamiento, donde además de la identificación de los reclusos, se procedió a la incautación de varias evidencias.
Los reos quienes serían los responsables de esta millonaria estafa son Cristian Antonio Brítez, alias “El hombre de las mil voces”, Francisco Espínola, Cristian Brítez y Juan Salvador Echeverría, quienes cumplen condenas por narcotráfico, estafas y otros delitos. Ahora el fiscal de la causa confirmó la imputación de estas personas por asociación criminal y estafa.
Hasta el momento, las autoridades corroboraron que de la cuenta que recibió los 50.000.000 de guaraníes se realizaron otras tres transferencias a diferentes cuentas, de las cuales se fueron efectivizando una importante cantidad de dinero utilizada para la compra de celulares y prendas de vestir.
Desde el Ministerio Público continúan las investigaciones en torno al caso, para así conocer el alcance de las acciones de todos los involucrados, ya que no se puede descartar que los mismos se encuentren detrás de otras estafas de este tipo.
El Ministerio de Justicia, a través de su comunicado, remarcó que continuarán trabajando en la colaboración institucional para brindar apoyo a las autoridades competentes para el esclarecimiento total del caso.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Sobrinos de senadora: Fiscalía cita para el lunes a directora de Talento Humano
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.
La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.
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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.
Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.
Antecedentes
Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.
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