El viceministro de la Niñez Walter Gutiérrez explicó que en Asunción y el departamento Central hay unos 700 niños en situación de calle y la mayoría es indígena. Destacó la necesidad de implementar un trabajo interinstitucional para mejorar las condiciones de vida de estos menores.
“En Asunción y Área Metropolitana alrededor de 1.400 niños fueron abordados en este último año, de los cuales la mitad más o menos son casos sistemáticos que continúan, mientras que la otra mitad ya no fue abordada”, explicó el funcionario en comunicación con la radio 800 AM.
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Sostuvo que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia no puede realizar solo los trabajos para mejorar las condiciones de los menores en situación de calle, por lo que se requiere de un trabajo interinstitucional y fomentar las políticas públicas necesarias.
Gutiérrez indicó que se tienen identificados los lugares de procedencia de los niños que están en situación de vulnerabilidad en Asunción y Central, siendo la mayoría oriundos de Luque y Nueva Asunción. Destacó que el problema es amplio, complejo y tiene un trasfondo especial, atendiendo que están sufriendo el desarraigo de sus propias comunidades.
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“Hoy 700 niños pueden ser encontrados mayoritariamente en Asunción y la gran mayoría son indígenas, más del 70%, y corresponden a comunidades ya urbanizadas, como Luque, Chaco’i y otras. Tenemos detectados de dónde son estos chicos, hicimos las derivaciones correspondientes”, agregó.
El viceministro de la Niñez pidió a las personas que tengan conocimiento acerca de niños en situación de calle a llamar al servicio 147, sistema habilitado las 24 horas. También hay centros comunitarios que están trabajando con los niños en situación de calle, pero reiteró la necesidad de implementar el trabajo interinstitucional.
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Adultos mayores y menores de 2 años concentran el 53 % de las internaciones por virus respiratorios
Este viernes, el Ministerio de Salud informó que la carga de internación por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) se concentra fuertemente en las edades extremas como adultos mayores de 60 años y niños menores de 2 años, que representan el 53 % de las hospitalizaciones. En lo que va del año reportan 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios.
Según el reporte de Vigilancia de la Salud, las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves en las semanas epidemiológicas (SE) 40 a la (SE) 43, un total de 1.079 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias en los centros centinelas. De este número, el 18 % ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“Las personas de 60 años y más lideran los ingresos hospitalarios con el 28 %, seguido por la franja de niños de menos de 2 años, que representa el 25 %, totalizando el 53 % de los internados. En la última semana se observa un descenso de internados”, resaltaron en el reporte.
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Afirmaron que la proporción de hospitalizados por infecciones respiratorias agudas se ubica por encima de la curva promedio. Siendo el rhinovirus el predominante entre los pacientes en un 57 %. Le siguen en frecuencia
- el metapneumovirus
- el virus sincitial respiratorio (VSR)
- influenza B,
- SARS-CoV-2
- adenovirus
- y parainfluenza e influenza A (H3N2).
En lo que va del 2026, se mantienen en 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios. En estas últimas cuatro semanas se confirmaron 19 decesos asociados a la enfermedad. Desde la cartera sanitaria se recuerda no enviar a los niños con síntomas respiratorios a la escuela, colegio ni a la guardería, en cumplimiento de los filtros escolares.
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Trabajadoras del cuidado presentan propuestas y exigen garantías para sus derechos laborales
Lideresas comunitarias, indígenas y sindicales demandan protección social, condiciones de trabajo dignas, derechos y servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad para avanzar hacia políticas públicas que reconozcan el valor de su labor.
Dichas demandas fueron presentadas por trabajadoras del cuidado de la primera infancia y trabajadoras del servicio doméstico ante representantes de instituciones públicas a fin de avanzar en el reconocimiento y garantizar sus derechos en Paraguay.
Indicaron que la iniciativa surge en un contexto marcado por la precariedad laboral que enfrentan.
Las demandas fueron presentadas durante el foro “Más derechos, mejores cuidados. Realidades y desafíos desde las experiencias de mujeres trabajadoras del cuidado de la primera infancia”, realizado en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora cada 29 de octubre.
El encuentro reunió a lideresas comunitarias, indígenas y sindicales, junto con instituciones públicas vinculadas al trabajo, la protección social, la educación, las políticas de cuidado y los derechos de la niñez. Las participantes compartieron experiencias y propuestas construidas colectivamente para impulsar respuestas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
Según resultados de la encuesta exploratoria de 2025, solo una de cada diez percibe el salario mínimo o cuenta con un contrato escrito, mientras que apenas el 10 % tiene cobertura del IPS.
Las jornadas extensas y la falta de descanso también forman parte de esta realidad: cuatro de cada diez encuestadas trabajan más de ocho horas al día y tres de cada diez no cuentan con días de descanso.
A ello se suman situaciones de violencia y acoso laboral, reportadas por el 20 % de las participantes. Sin embargo, solo el 7 % realizó una denuncia, principalmente por temor a perder su empleo.
Durante el encuentro, las organizaciones y lideresas participantes destacaron que garantizar los derechos de las trabajadoras del cuidado requiere políticas públicas que respondan a las distintas realidades de las mujeres, reconozcan el valor económico y social de su trabajo y promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado.
Crear y fortalecer espacios
Desde Conamuri, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, se destacó la necesidad de crear y fortalecer espacios de cuidado comunitarios e institucionales que respondan a las necesidades reales de las trabajadoras. Asimismo, se planteó la importancia de impulsar oportunidades de formación, certificación de competencias, protección social y mejores condiciones laborales.
Por su parte, las cuidadoras comunitarias de Mil Solidarios, del Bañado Sur de Asunción, exigieron salarios dignos, acceso a la seguridad social y programas gratuitos y permanentes de capacitación. También plantearon la necesidad de fortalecer los servicios de salud, mejorar el acceso al agua potable, el transporte y la infraestructura comunitaria, así como garantizar respuestas oportunas ante inundaciones y situaciones de violencia que afectan a niñas, niños y familias.
En tanto, representantes de cuatro sindicatos de trabajadoras domésticas exigieron el cumplimiento de la Ley de Trabajo Doméstico, que reconoce sus derechos laborales y la igualdad salarial. Entre sus principales demandas destacaron facilitar el acceso al IPS mediante aportes compartidos entre empleadores para quienes trabajan en varias casas, fortalecer los controles para verificar que se respeten sus derechos y promover la certificación de sus competencias laborales. También solicitaron medidas para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo.
Como resultado del foro, representantes de las instituciones públicas asumieron el compromiso de tomar en cuenta las demandas presentadas e impulsar acciones concretas que mejoren sus condiciones laborales.
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Plantean hasta 20 años de cárcel para quienes alteren la identidad biológica de niños
Un grupo de senadores acudió este miércoles a la Plaza de Armas para recepcionar la iniciativa popular que propone hasta 20 años de cárcel para los adultos que interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
El proyecto denominado “La ideología de género es abuso infantil” ya tuvo entrada oficial y fue girado a la Comisión de Legislación de la Cámara para su dictamen correspondiente. El mismo es impulsado por sectores conservadores y religiosos.
Los impulsores buscan modificar el artículo 135 de la ley 6002&/17 que modifica la ley 1160/97 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08 que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97del Código Penal.
El documento en su artículo 135, inciso A, referente al abuso sexual en niños detalla en su artículo 1 que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros.
En su artículo 2 menciona que en los casos señalados en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de diez a quince años cuando el autor al realizar el hecho haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones; o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación o tutela o guarda este a su cargo.
Agrega que cuando concurra más de una circunstancia de las señaladas en el inciso 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años. En los casos señalados en el inciso 1, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años. Menciona que se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, la persona que no haya cumplido catorce años de edad.
En su artículo 135, inciso b referente al abuso por medios tecnológicos, el proyecto de ley argumenta que “el que por medio de publicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.
Mientras que en su artículo 135, inciso C hace referencia al abuso bajo otras formas el cual expresa que “el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad ah de cuatro a diez años”.
Si el hecho fuere cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de diez a quince años. En el caso señalado en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos.
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Media sanción: Diputados aprueba ampliar pensión para víctimas colaterales de feminicidio
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que modifica los artículos 1º y 6º de la Ley Nº 7349/2024 - De pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar”, presentado por la legisladora Dalia Estigarribia (PLRA-Central). El documento se deriva ahora a la Cámara de Senadores para su consideración.
Durante su tratamiento en el plenario, la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Cristina Villalba brindó detalles del dictamen de aprobación con modificación, conforme a las sugerencias técnicas del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. El diputado Rubén Rubin, explicó que “son variantes pequeñas, pero de enorme significado: técnicamente pequeñas, de forma, pero de fondo enorme, con un impacto social gigante”, expresó.
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A su turno, la diputada colorada Rocío Abed valoró el alcance de la referida normativa y recomendó su aprobación en carácter de presidente de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer. De esa manera, quedó aprobada una nueva redacción para dar mayor claridad y al mismo tiempo reflejar mejor el objeto del proyecto de ley, según expresaron en el plenario.
La propuesta introdujo la modificación del artículo 6º de la Ley Nº 7349/2024, teniendo en cuenta que el proyecto original proponía únicamente la modificación del artículo 1º.
La iniciativa busca ampliar el alcance del régimen de asistencia económica mensual destinado a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad que quedan en situación de vulnerabilidad como consecuencia del feminicidio u homicidio de uno de sus progenitores en un contexto de violencia familiar, a fin de garantizar que la protección estatal no esté condicionada al vínculo biológico con el autor del crimen.
Es importante mencionar que la redacción vigente de la Ley Nº 7349/2024, limita el acceso a la pensión a los descendientes del autor del feminicidio u homicidio. Según los fundamentos del proyecto, esta disposición deja fuera a otros menores de edad y personas con discapacidad que, pese a no ser hijos biológicos del agresor, convivían con la víctima y dependían de ella emocional y económicamente.
Se señala además que, hijastros y otros niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad que integraban el entorno familiar de la víctima también pueden sufrir consecuencias devastadoras, como traumas psicológicos, pérdida del sustento económico, interrupción de su entorno escolar y social, además de una profunda desestabilización de sus condiciones de vida.
Mencionan que esta exclusión puede generar una doble victimización, al privar de asistencia a personas que también quedaron en situación de desamparo como consecuencia de la violencia familiar. Se consideró necesario establecer criterios de protección que contemplen la vulnerabilidad real de quienes sufrieron las consecuencias de estos hechos, independientemente de su vínculo de consanguinidad con el agresor.
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