Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Niña y, en ese marco, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) presenta un boletín estadístico que expone las desigualdades y vulneraciones de derechos que afectan a niñas y adolescentes mujeres en Paraguay.

El informe reúne datos oficiales sobre uniones tempranas, abuso sexual, pobreza y trabajo doméstico, y plantea la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y protección.

Según estimaciones de CDIA Observa, elaboradas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), unas 5.625 adolescentes de entre 15 y 17 años se encontraban en uniones tempranas. La cifra representa el 83 % de los 6.111 adolescentes de esa franja etaria que estaban en esa situación.

La organización advierte que los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas vulneran los derechos humanos y pueden limitar las oportunidades educativas, la autonomía y el desarrollo de las niñas y adolescentes.

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El boletín señala, además, que las encuestas de hogares podrían no reflejar la dimensión real de esta problemática. Mientras la EPHC 2025 no registró matrimonios legales, en 2024 se estimaban 745 casos. La diferencia podría estar relacionada con cambios en el registro del estado civil y no necesariamente con una reducción de estas prácticas.

Asimismo, la encuesta excluye a Boquerón y Alto Paraguay, además de las comunidades indígenas. El Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 había identificado 13.824 niñas, niños y adolescentes desde los 11 años en matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, frente a los 6.926 casos estimados por la EPHC de ese mismo año.

Ante este escenario, la CDIA insiste en la necesidad de eliminar las excepciones legales que permiten contraer matrimonio antes de los 18 años, contempladas en la Ley N.º 5419/2015. Paraguay también asumió el compromiso de avanzar en esta medida durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas.

Otras cifras del boletín reflejan la dimensión de las desigualdades. Datos del Ministerio Público correspondientes a 2025 indican que al menos 2.804 niñas y adolescentes mujeres fueron reportadas como víctimas de abuso sexual, frente a 582 niños y adolescentes varones.

En cuanto a las condiciones económicas, la EPHC 2025 estima que el 25,4 % de las niñas y adolescentes mujeres vivía en hogares en situación de pobreza monetaria. En las zonas rurales, el porcentaje llegaba al 29,3 %.

El trabajo doméstico también aparece entre las preocupaciones. La encuesta identificó a 7.545 niñas y adolescentes mujeres de entre 10 y 17 años en esta categoría ocupacional, frente a 638 varones, pese a que la Ley N.º 5407/2015 prohíbe contratar a menores de 18 años para el trabajo doméstico remunerado.

El informe también llama la atención sobre los efectos de la crisis climática en las niñas y adolescentes, especialmente en aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad, ya que sus consecuencias no afectan a toda la población de la misma manera.

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La CDIA plantea fortalecer las acciones para prevenir la violencia y la discriminación, garantizar una educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica, erradicar el criadazgo y destinar recursos suficientes a la protección y atención de las víctimas.

La organización también destaca la importancia de asegurar espacios de participación para que las niñas y adolescentes puedan expresar sus opiniones y ser escuchadas en las decisiones que afectan sus vidas.

Con este boletín, la CDIA busca visibilizar las brechas que persisten en el país y promover respuestas sostenidas para garantizar que niñas y adolescentes mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, analizó la situación de las madres paraguayas en el mercado laboral y advirtió que detrás de las cifras persisten profundas desigualdades vinculadas al empleo, los empleo, la educación y la estructura de los hogares.

Según explicó, actualmente unas 876.000 madres se encuentran ocupadas en Paraguay. De ese total, alrededor de 292.000 trabajan por cuenta propia, 224.000 son empleadas del sector privado, 127.000 se desempeñan en el sector público, 141.000 realizan trabajo doméstico remunerado, 60.000 desarrollan actividades familiares no remuneradas y unas 32.000 son empleadoras.

Ojeda destacó en C9N además que el 36 % de los hogares paraguayos tiene a una mujer madre como jefa de hogar, lo que evidencia el rol central que cumplen en el sostenimiento económico de miles de familias en el país.

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El titular del INE señaló que las mujeres continúan enfrentando importantes desigualdades en el acceso al empleo y en los niveles de ingresos. Indicó que, en promedio, una mujer ocupada percibe alrededor de G. 2,8 millones mensuales, mientras que los hombres alcanzan cerca de G. 3,8 millones.

Explicó que gran parte de esta diferencia se relaciona con la carga de las tareas de cuidado y del hogar, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres y limitan su participación plena en el mercado laboral.

“No es que las mujeres no trabajen, sino que destinan muchas más horas a tareas no remuneradas, como el cuidado de niños, enfermos y responsabilidades domésticas”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que muchas madres enfrentan situaciones de discriminación laboral y, en algunos casos, deben ocultar que tienen hijos pequeños para acceder a determinados empleos, una problemática que, según afirmó, no es exclusiva de Paraguay, sino que se replica en la región y en el mundo.

Ojeda explicó que Paraguay atraviesa una transición demográfica marcada por la urbanización, la reducción de la fecundidad y la transformación de los hogares.

Actualmente, el 70 % de la población vive en zonas urbanas, mientras que solo el 30 % permanece en áreas rurales. Además, señaló que apenas el 44 % de los hogares corresponde al modelo tradicional integrado por padre, madre e hijos.

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• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza

Las sociedades vivieron a lo largo de su historia un gran número de transformaciones en los modos de producción y organización. Según plantean los pronósticos, en los próximos años los cambios serán más que disruptivos, pues una nueva forma de trabajar se está gestando. A pesar del sinfín de interpretaciones sobre lo que vendrá, el panorama es aún incierto.

Si la nueva forma de producción será de alta automatización, es más que pertinente empezar a preguntarnos de qué vamos a trabajar. La respuesta no está ni mínimamente clara, porque los alcances de lo que vendrá no se terminan de proyectar y menos de asentar. La llamada cuarta revolución industrial anuncia su llegada y el mercado financiero estuvo ratificando su apuesta en las últimas semanas.

Para reflexionar sobre estos cambios, La Nación/Nación Media conversó con el sociólogo especialista en el mercado de trabajo Ignacio González y con la economista Ana Rojas, quienes coinciden en que sin la alfabetización digital de la población, en lugar de aprovechar los beneficios que ofrecen estas herramientas, se profundizarán la desigualdad y la precariedad e incertidumbre laboral.

–¿Cómo se define desde la academia el cambio en la forma de producción que parece concretarse en un futuro cercano con la aparición de la IA?

–IG: Podría decirse que el cambio productivo que se acelera con la irrupción de la IA se enmarca en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Esta se distingue por la integración de tecnologías digitales, físicas y biológicas, como inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, nube, impresión 3D y biotecnología, que habilitan sistemas inteligentes conectados en tiempo real y nuevas formas de automatización avanzada.

–¿Qué consecuencias sociales podría acarrear esto?

–Las consecuencias sociales de esta transformación son diversas y multidimensionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que, si bien la IA no necesariamente eliminará la mayoría de los empleos, sí transformará las tareas que los componen, afectando la calidad del empleo, los salarios y las condiciones laborales. Por tanto, surge la preocupación por una mayor polarización del mercado laboral. Por un lado, una élite de alta cualificación que diseña y gestiona estas tecnologías; y, por el otro, una masa de trabajadores y trabajadoras en roles de baja cualificación y fácilmente automatizables.

–¿Qué ventajas y desventajas podría representar la automatización?

–Entre las posibles ventajas potenciales, podríamos pensar en reducción de jornadas laborales, redistribución social del tiempo, posibilidad de desvincular ingreso y empleo, y expansión de actividades autónomas no mercantilizadas. Sin embargo, los riesgos podrían ser sumamente graves ante la ausencia de una regulación y protección social robusta, como, por ejemplo, el desempleo estructural, la polarización de ingresos, el debilitamiento extremo de derechos laborales, el hipercontrol algorítmico y la ampliación de desigualdades de género, etnia y clase social.

–¿Es más productiva esta economía del futuro?

–La economía impulsada por la IA promete ser significativamente más productiva, tomando como base algunos análisis, estudios y proyecciones que vienen augurando aumentos importantes en la productividad laboral en la próxima década como, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Sin embargo, esto no conlleva, necesariamente, trabajar menos ni mejor, como ya lo muestran algunos datos actuales, como los ofrecidos en la Harvard Business Review, exhibiendo avances de investigación sobre IA, trabajo y productividad. Los resultados expuestos sugieren que la implementación de herramientas de IA, en lugar de reducir la carga de trabajo, a menudo la intensifica, llevando a un aumento del estrés y el burnout (agotamiento físico, emocional y mental por estrés laboral severo). Así, el incremento inicial de la eficiencia puede verse contrarrestado por una menor calidad del trabajo o una mayor rotación de personal. Por tanto, la promesa de mayor productividad es real, pero su materialización de forma sostenible y beneficiosa para los trabajadores y las trabajadoras no está garantizada.

–Estar retrasados en estos cambios ¿nos da un colchón para acomodarnos o más bien nos deja más afuera de la nueva era?

–Creo que, como país, estar retrasado en la adopción tecnológica no nos proporciona un “colchón” protector. No concuerdo con posiciones luditas. Creo que, por el contrario, esta situación agrava las condiciones de exclusión y la dependencia. En un mundo interconectado, el hecho de no participar activamente en la revolución de la IA podría implicar, entre otras cosas, pérdida de competitividad, porque las industrias locales no podrán competir con empresas extranjeras que sí han integrado la IA para optimizar su producción; fuga de cerebros, porque el escaso talento local especializado buscará oportunidades en mercados más desarrollados; consumo pasivo, el país se limitará a ser un mero consumidor de soluciones tecnológicas diseñadas en el extranjero, sin adaptación a las necesidades nacionales ni generación de valor agregado; ampliación de la desigualdad, profundizando la brecha digital interna.

–¿Qué consecuencias se pueden observar en la incertidumbre respecto al trabajo en el futuro, la vivienda y la jubilación dentro de la sociedad y su capacidad de proyectarse?

–La incertidumbre respecto al futuro del trabajo tiene consecuencias sociales y económicas profundas. Cuando el pilar del trabajo estable se desvanece, la capacidad de los individuos y las familias para proyectarse a largo plazo se ve severamente comprometida. Por ejemplo, el acceso a créditos o hipotecas, que tradicionalmente requiere estabilidad laboral, se dificultaría para un trabajador de la gig economy con ingresos fluctuantes y sin contrato a largo plazo. También el sistema de pensiones se vería afectado, ya que se encuentra basado en aportes regulares con base en un empleo formal, por lo que resulta incompatible con un modelo de trabajo esporádico y no declarado, augurando una vejez sin seguridad económica para una gran parte de la población. Así también, la incertidumbre constante dificultaría la toma de decisiones vitales como formar una familia, invertir en educación superior o iniciar un negocio. Se instala una cultura del presentismo, donde la supervivencia diaria opaca la planificación del futuro.

En el dilema que plantea la automatización al trabajo humano, la economista Ana Rojas pone al hombre y a la mujer como actores centrales a la hora de pensar la economía y esta como orgánica a la sociedad, subrayando el problema del nivel formativo y la desigualdad.

–¿Existe algún consenso o debates predominantes a la hora de diagnosticar el estadio presente de la economía global?

–AR: Dependiendo del enfoque y de la disciplina desde la que se lo analice, existen distintas corrientes teóricas que estudian el trabajo y buscan proponer mejoras en su organización y regulación. No es lo mismo mirarlo desde la economía convencional –que lo define como un factor de producción– que desde el derecho laboral, que lo entiende como un derecho humano, o desde la economía feminista, que amplía la noción para incluir el trabajo no remunerado y de cuidados. Cada perspectiva construye una idea distinta sobre qué es el trabajo y cuál es su función en la sociedad.

–¿Qué tipos de cambios podrían darse respecto al mercado de trabajo?

–Los cambios en el mercado de trabajo pueden darse en la demanda de perfiles, en las competencias requeridas y en la organización del proceso productivo. La digitalización y la automatización transforman tareas y ocupaciones completas, por lo que la adaptación no puede recaer solo en las personas: las empresas y el Estado deben asumir un rol activo en la formación continua, no únicamente para jóvenes, sino también para adultos y adultos mayores. Así también, debe procurarse la inserción de grupos poblacionales históricamente excluidos: las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas.

–¿Qué es la alfabetización tecnológica?

–La alfabetización tecnológica no es solo aprender a usar aplicaciones, sino desarrollar capacidades para procesar información, resolver problemas y aumentar la productividad. En Paraguay, esto supone un desafío estructural: los promedios de años de estudio y las desigualdades socioeconómicas limitan la capacidad de adaptación y la inserción en mercados más competitivos. En este escenario, el rol de las mujeres es central. Las brechas de participación, los mayores niveles de informalidad y la sobrecarga de trabajo no remunerado condicionan su acceso a oportunidades en sectores más dinámicos y tecnológicos. Si la transformación productiva no incorpora una perspectiva de género –con políticas de cuidado, formación específica y acceso equitativo a tecnologías– existe el riesgo de profundizar desigualdades preexistentes. Por el contrario, una estrategia que integre a las mujeres como actoras clave puede potenciar la productividad y ampliar las bases del desarrollo.

–¿Qué ventajas y/o desventajas ofrece esta dinámica tecnológica actual en nuestro país?

–Para un grupo pequeño –aunque en crecimiento– puede representar una clara ventaja. Existen empresas y capital humano altamente especializado que ya operan en sectores tecnológicos y que muestran capacidad de innovación y adaptación. Sin embargo, volviendo al punto estructural de la educación, es difícil pensar que ese dinamismo sea sostenible y, sobre todo, inclusivo. Cuando los niveles educativos promedio son bajos y solo una fracción reducida de quienes inician la primaria logra culminar estudios universitarios, la posibilidad de que la economía digital genere empleo masivo y de calidad para el grueso de la población es limitada. Las empresas tecnológicas, las fintech u otras vinculadas a servicios basados en conocimiento suelen demandar perfiles con alta calificación, manejo de idiomas y competencias digitales avanzadas.

–¿Qué consecuencias podría generar este acceso desigual?

–Esto tiende a concentrar oportunidades en sectores socioeconómicos ya favorecidos. Si no se amplía sustantivamente la base educativa y no se fortalecen las trayectorias formativas técnicas y universitarias, el riesgo es que la inserción tecnológica profundice la segmentación: un núcleo moderno, dinámico y competitivo, coexistiendo con un amplio sector de baja productividad e informalidad. En ese sentido, la escasa inmersión tecnológica puede ser una oportunidad si se planifica estratégicamente, implementando políticas educativas, productivas y de inclusión digital más coherentes y cercanas a la realidad educativa y social de Paraguay, o puede convertirse en una limitación estructural si la transición ocurre de manera fragmentada y sin ampliar las capacidades del conjunto de la población.

–¿Cómo evaluás el impacto de la IA en el mercado de trabajo?

–La IA es una herramienta fantástica y muy útil, pero que necesita de cierto criterio para ser aplicada en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana. Para sacarle el mayor potencial a esta herramienta de avance y mejora, debemos tener la capacidad crítica para identificar lo que es real de lo que no, así como también ser capaces de agregarle valor a las actividades que no pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial. La uberización, por ejemplo, si bien puede funcionar como una forma de complementar ingresos y generar oportunidades en contextos de escasez de empleo formal, también constituye una modalidad de precarización. Ya que se traslada al trabajador la responsabilidad por la inestabilidad del mercado laboral: la variabilidad de ingresos, la ausencia de protección social y los riesgos asociados a la actividad. En lugar de corregir las fallas estructurales del mercado de trabajo (informalidad, baja productividad, insuficiente generación de empleo de calidad, bajos ingresos), las plataformas tienden a individualizar el riesgo, se diluye la responsabilidad empresarial y se debilita el marco de derechos laborales, profundizando la fragmentación y la desprotección.

El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, José Ortellado, compartió datos actualizados del número de infectados con el VIH/Sida y los objetivos trazados para el próximo año.

El 2025 cerrará con 1.350 nuevos casos de esta enfermedad. Siete bebés adquirieron el virus de la madre, por transmisión vertical y la meta es reducir a cero la infección en recién nacidos.

“En nuestro país, en este 2025 estamos cerrando con alrededor de 1.350 nuevos diagnósticos de pacientes con VIH. Pero lo más importante y lo que nos pone contentos es que hemos reducido un 11 % los diagnósticos tardíos. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de brindar el tratamiento más oportuno y más adecuado”, señaló a la 1000 AM.

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El doctor Ortellado adelantó que el objetivo principal y el desafío más grande para el Ministerio de Salud es reducir a cero la transmisión vertical del Sida.

“O sea que ningún bebé pueda nacer con VIH. Este año tuvimos siete casos, pero hemos estado trabajando desde el inicio de este gobierno y nuestro desafío es llegar a cero el próximo año”, remarcó.

En coincidencia con el Día Mundial de Lucha contra el Sida, este lunes se inauguró un espacio de consejería dependiente del Programa Nacional de Control de VIH/ Sida, ubicado sobre la avenida Venezuela casi Florida.

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