Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes sobre la presentación del nuevo reglamento de funcionamiento de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), una actualización considerada clave para mejorar la coordinación entre organismos públicos encargados de prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el país.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados en el marco de la Ley N.º 5777/2016 y busca consolidar una respuesta estatal más eficiente, articulada y enfocada en la protección integral de las mujeres. Entre los principales cambios incorporados se encuentran:

• nuevas normas para el funcionamiento de la mesa
• mecanismos de seguimiento a los compromisos asumidos por las instituciones participantes
• y una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil.

Las modificaciones también establecen reuniones ordinarias cada dos meses, regulan los procedimientos de integración y exclusión de organizaciones, institucionalizan los encuentros anuales de altas autoridades y contemplan medidas ante ausencias injustificadas de los representantes designados.

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Durante la sesión técnica realizada en Asunción se presentó además el Plan de Acción 2026, documento estratégico que orientará las acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención y la respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres. Según se informó, la gran mayoría de las metas previstas cuenta con financiamiento asegurado mediante cooperación internacional.

Autoridades destacaron que la actualización reglamentaria permite subsanar un vacío normativo existente desde hace dos años, otorgando mayor seguridad jurídica y operativa a la Mesa PREVIM. Asimismo, se avanzó en la conformación de un comité de trabajo que tendrá a su cargo el proceso de incorporación de organizaciones de la sociedad civil, con una convocatoria pública prevista para las próximas semanas.

La Mesa PREVIM, liderada por el Ministerio de la Mujer, reúne a diversas instituciones del Estado con el propósito de coordinar políticas públicas y fortalecer las acciones destinadas a reducir la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.

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En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el taller denominado “Prospectiva y Gobernanza Anticipatoria: Política de Cuidados en Paraguay”. La actividad fue organizada de manera conjunta por la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed y el Centro de Planificación y Estrategia (Cepe).

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La diputada Abed dio la bienvenida a los participantes y manifestó que el objetivo del encuentro es dialogar estratégicamente sobre el futuro de las políticas públicas en esta materia, tomando como base el proyecto de ley que propone la creación del “Sistema Nacional de Cuidados del Paraguay” (Sinacup).

Asimismo, destacó la importancia de promover enfoques de gobernanza anticipatoria junto a actores clave de los sectores público y privado para el diseño de normativas sostenibles e inclusivas.

Explicó que el Sinacup busca coordinar acciones eficientes que garanticen el derecho al cuidado de las personas en situación de dependencia, brinden el respaldo necesario a quienes ejercen la labor de cuidadores y promuevan una política de Estado basada en la corresponsabilidad, la igualdad y la protección de derechos.

Por su parte, Paulina Pizarro, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), acotó que se encuentran trabajando de cerca con los legisladores para incorporar el enfoque de gobernanza anticipatoria en el proceso legislativo, específicamente en los proyectos vinculados al sistema de cuidados.

Reafirmó, además, el compromiso del organismo internacional de acompañar los esfuerzos locales y brindar asesoría técnica permanente durante todo el proceso.

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Actualmente las redes sociales se convirtieron en un escenario en el que circulan conductas de riesgo y “retos virales” que pueden afectar seriamente la salud física, mental y emocional de niños y adolescentes. Muchos de estos desafíos se expanden rápidamente por plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o Twitch debido a la presión social, la búsqueda de aceptación, la necesidad de likes o la curiosidad propia de la edad.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud realiza talleres para prevenir conductas peligrosas y, bajo el lema “no es broma, tiene consecuencias”, de la estrategia Escuela Saludable, este jueves informaron sobre la actividade desarrollada en el colegio Sagrado Corazón de Jesús – Salesianito.

“La iniciativa estuvo dirigida a 174 estudiantes del Tercer Ciclo (séptimo y octavo grado) del turno mañana; tuvo como ejes centrales el fomento de la autorregulación emocional, el fortalecimiento del pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables ante los diversos desafíos peligrosos difundidos en las plataformas digitales”, indicaron desde el departamento de Promoción de la Salud de la XVIII Región Sanitaria – Capital y el Programa de Niñez y Adolescencia, dependiente del departamento de Programas de Salud.

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Los propios estudiantes realizaron dramatizaciones que les permitieron reflexionar en primera persona sobre la presión social, las expectativas del grupo de pares y el impacto real que un reto o una “broma” puede llegar a tener en la salud física, emocional y social de un compañero, explicaron.

Un detalle importante fue que durante los talleres se hizo especial hincapié en saber pedir ayuda a tiempo a adultos de confianza, consolidar vínculos afectivos saludables y desarrollar habilidades asertivas para afrontar y rechazar la presión de grupo de manera segura.

Antes de citar los pincipales tipos de retos, los especialistas señalan que varios son los factores por los que los adolescentes se embarcan en esta clase de actividades. Por ejemplo, puede ser por necesidad de pertenencia, por impulsividad propia del desarrollo cerebral, por presión de grupo. En otros casos se producen por una búsqueda de reconocimiento o por algoritmos que premian el contenido impactante y hasta por una sensación falsa de control del riesgo.

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1) Los retos físicos implican poner el cuerpo en situaciones extremas o arriesgadas:

• Retos de asfixia o pérdida de conciencia.
• Consumo excesivo de medicamentos o sustancias.
• Retos de dolor o resistencia física.
• Prácticas alimentarias riesgosas.

2) Relacionados con la salud mental:

• Normalización de la autolesión.
• Comparación constante e hipersexualización.
• Cultura de validación digital.
• Retos vinculados al aislamiento o humillación pública.

3) Riesgos sexuales y de privacidad. La población infantojuvenil es especialmente vulnerable a la exposición digital:

• Sexting y difusión no consentida de imágenes íntimas.
• Retos que incentivan exhibición corporal o contenido sexualizado.
• Grooming.
• Sobreexposición de datos personales.

4) Retos vinculados a la violencia y la delincuencia:

• Robos “por diversión” grabados para redes.
• Daños a espacios públicos o escolares.
• Agresiones físicas filmadas.
• Invasión de propiedad privada o situaciones de riesgo en calles y edificios.

La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.