Una mujer reclama la inacción de la Fiscalía tras ser víctima de un robo y una golpiza junto a su hijo por parte de sus victimarios, que además la amenazan para que desista de la denuncia y evitar ser investigados. El hecho ocurrió en la vía pública de la ciudad de Capiatá.
“Mi hijo menor de 16 años y yo fuimos brutalmente golpeados, él perdió la audición un lado y un lado del ojo quedó dañado por los golpes que recibió. A mí me rompieron todo la cabeza, me despojaron del celular, me robaron la plata que tenía”, expresó la mujer.
La víctima asegura que en la denuncia acercó los informes y videos sobre lo sucedido, pero que es ignorada por el Ministerio Público y que además no cuenta con un defensor legal que la asesore actualmente. “No me hacen caso, por favor ayúdenme, ya lo poco que tenía le di a un abogado y no hizo nada”, manifestó la denunciante.
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En un momento de su relato en la 680 AM, señaló que la asistente fiscal perdió documentos y evidencias, incluso el informe médico que habría sido enviado al forense a nombre de otra persona. Incluso acusó que se llegaron a esconder informes sobre el caso. Su identidad se omite para resguardar a la víctima, quien pide resguardo policial.
“Siempre le defendía en todo momento a mis agresores, y escondía todo los resultados. Me hizo esperar mucho tiempo y ahora dicen que es leve la lesión y el robo no es nada dijo”, declaró la víctima en contacto con la radio 680 AM.
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Caso Ueno: Fiscalía allana presunto domicilio fiscal de Pear SRL tras denuncia de operación simulada
Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Laura Giacummo realizaron este sábado un allanamiento en un inmueble que figura oficialmente como domicilio fiscal de Pear SRL, firma vinculada a Francisco Peña Palacios, en el marco de las diligencias abiertas en torno al caso Ueno Bank.
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal constató de forma preliminar que la empresa ya no operaría en el sitio intervenido, pese a que la dirección continúa registrada como su domicilio fiscal. En el lugar funciona actualmente otro comercio, cuyos responsables entregaron a los intervinientes documentación societaria y comercial vinculada a Pear SRL, incluyendo antecedentes ligados a la compraventa de un inmueble.
La operación bajo la lupa fiscal
La diligencia apunta a esclarecer una transacción inmobiliaria fechada en 2023 entre Pear SRL y la entonces financiera Ueno. Según lo señalado por el exdirectivo de la entidad, Julio Rey Fernández, la firma adquirió en 2023 un predio de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, por un monto cercano a los USD 3 millones.
De acuerdo con la versión expuesta por Rey Fernández, dicha operación habría sido simulada, extremo que el Ministerio Público busca verificar o descartar a partir de la revisión de los legajos incautados y otras pruebas documentales.
Análisis de antecedentes
Los fiscales dispusieron el resguardo y posterior análisis de los papeles entregados durante el operativo para reconstruir el circuito documental y financiero de la compraventa realizada en 2023, así como para establecer su eventual incidencia en los hechos punibles investigados en el expediente.
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Fiscalía refuerza pesquisa por denuncias en Mburuvicha Róga durante gobierno de Peña
La Fiscal General del Estado, Alba Cantero, resolvió reforzar la pesquisa por presuntas vulneraciones de derechos denunciadas contra la gestión de Santiago Peña a partir del relato de una extrabajadora de Mburuvicha Róga y su entorno. Por medio de la Resolución n.º 4694/2026, incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Ambas agentes podrán intervenir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas. La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero —quien postergó su audiencia por motivos de salud—, asistidos por el abogado Juan Pablo Mendoza.
El núcleo familiar de Candado denuncia haber atravesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a prestar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvicha Róga, donde ella asumió como coordinadora.
En su testimonio, la exfuncionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al entonces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la conducta ante eventuales hallazgos similares.
A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto contra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.
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Fiscalía imputó a dos mujeres por supuesta venta de medicamentos en el Hospital IPS de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Elvio Aguilera imputó a dos mujeres por comercialización de medicamentos no autorizados, tras el descubrimiento del supuesto hecho por parte de familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional IPS de Ciudad del Este. Ayer se realizó una intervención policial en el área de familiares de pacientes y se incautaron de insumos y medicamentos.
Con membrete del IPS fueron incautados 60 unidades de jeringas, vendas, bisturí y otros, además de distintos medicamentos. Con identificación del Ministerio de Salud Pública hallaron 123 unidades de 11 fármacos distintos.
Las procesadas son Elizabeth Guerrero Vera (35), supuesta propietaria de los medicamentos e insumos y, Mirian Elizabeth Insfrán Medina (52), supuesta encargada y vendedora de los medicamentos.
La misma se encontraba ayer en el hospital cuando se realizó la intervención policial, según reportó el personal de la Comisaría 7ª. Fue derivada a la unidad policial y tras la intervención de la Fiscalía y luego dejada en libertad, sujeta a la investigación. La otra procesada, sería su patrona, según declaró Mirian Elizabeth en el hospital, pero no se encontraba en el sitio en el momento de la presencia policial.
Medicamentos sobrantes en poder familiares
La doctora Sandra Rocío Martínez, directora del Hospital Regional del IPS, explicó a La Nación/Nación Media que los medicamentos supuestamente vendidos correspondían a los destinados a determinados pacientes que luego no son usados en su totalidad, ya sea porque fueron dados de alta o fallecieron, quedando en poder de los familiares.
Mencionó que los familiares de pacientes comparten mucho tiempo en un sector del área de UTI, donde se ayudan con los medicamentos e insumos que ya no van a usar y entregan como donativos. Indicó que allí apareció una de las mujeres mencionadas, a quien nadie conocía supuestamente, diciendo que era la encargada de esos insumos y fármacos.
Uno de los familiares de paciente habría advertido sobre la venta de medicamentos que son gratuitos en el IPS y fue a preguntar al administrador del hospital, el licenciado Pedro Miguel Brizuela Rivas, quien comunicó el hecho a la directora y se realizó la denuncia pertinente, según relató la directora Martínez.
La médica dijo que con presencia policial se preguntó quién estuvo ofreciendo en venta medicamentos del IPS y surgió el nombre de una de las procesadas. La mujer se presentó en el lugar para señalar que ella es solamente la encargada y que fue enviada por su patrona, quien está imputada.
El fiscal Aguilera manifestó que la investigación recién empieza y se verificará todo lo que sea necesario para saber quiénes estaban vendiendo medicamentos cuya comercialización está prohibida y quiénes son los responsables, ya sea dentro o fuera de las instituciones comprometidas.
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Caso Ueno: imputan a directivo de empresa de seguridad
La Fiscalía presentó imputación contra un directivo de la empresa GSR Security por los supuestos hechos punibles de hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, en el marco de una investigación relacionada con un faltante de G. 3.090 millones correspondiente a fondos de Red Digital que se encontraban bajo custodia de la firma de seguridad y transportadora de caudales y vinculada con el caso Ueno Bank.
La imputación fue realizada por los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Ruth Benítez, quienes solicitaron la aplicación de prisión preventiva para el imputado. Según la investigación, la firma GSR Security, vinculada a la empresa Dobrestec S.A., prestaba servicios de transporte y resguardo de valores a Ueno Bank y Red Digital.
De acuerdo con la carpeta fiscal, los registros contables y documentos de tesorería, al 3 de noviembre se encontraban depositados en su bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396, pertenecientes a ambas entidades.
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Según la hipótesis de los investigadores, el 3 de noviembre pasado el imputado habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de cámaras de seguridad ubicadas en sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos transportadores de valores.
Luego, el investigado habría realizado el traslado de dinero en efectivo desde la bóveda hasta un vehículo blindado de la propia empresa. Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento del móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.
Movimientos internos
En el marco de las diligencias investigativas, el 7 de noviembre se efectuó un allanamiento en un inmueble vinculado a la firma Incop S.A., donde fueron incautados documentos relacionados con movimientos internos de fondos, recibos de transporte de valores y registros de tesorería.
Estos elementos permitieron avanzar en las verificaciones sobre el manejo y destino de los valores que se encontraban bajo custodia de la transportadora. En ese marco, durante un allanamiento efectuado el 17 de noviembre en instalaciones de la firma de seguridad, se procedió al conteo de los valores existentes en la bóveda y este procedimiento permitió detectar un faltante de G. 3.090.600.000 correspondiente a fondos de Red Digital.
Conforme a la hipótesis fiscal, el dinero habría sido trasladado y posteriormente ocultado o apropiado.