Una mujer reclama la inacción de la Fiscalía tras ser víctima de un robo y una golpiza junto a su hijo por parte de sus victimarios, que además la amenazan para que desista de la denuncia y evitar ser investigados. El hecho ocurrió en la vía pública de la ciudad de Capiatá.
“Mi hijo menor de 16 años y yo fuimos brutalmente golpeados, él perdió la audición un lado y un lado del ojo quedó dañado por los golpes que recibió. A mí me rompieron todo la cabeza, me despojaron del celular, me robaron la plata que tenía”, expresó la mujer.
La víctima asegura que en la denuncia acercó los informes y videos sobre lo sucedido, pero que es ignorada por el Ministerio Público y que además no cuenta con un defensor legal que la asesore actualmente. “No me hacen caso, por favor ayúdenme, ya lo poco que tenía le di a un abogado y no hizo nada”, manifestó la denunciante.
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En un momento de su relato en la 680 AM, señaló que la asistente fiscal perdió documentos y evidencias, incluso el informe médico que habría sido enviado al forense a nombre de otra persona. Incluso acusó que se llegaron a esconder informes sobre el caso. Su identidad se omite para resguardar a la víctima, quien pide resguardo policial.
“Siempre le defendía en todo momento a mis agresores, y escondía todo los resultados. Me hizo esperar mucho tiempo y ahora dicen que es leve la lesión y el robo no es nada dijo”, declaró la víctima en contacto con la radio 680 AM.
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Acusan y piden juicio oral para hermano de político liberal
El fiscal de Fernando de la Mora, Armin Echeguren, presentó una acusación por abuso sexual en niños y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación a juicio oral y público del proceso penal contra el hermano de un político liberal, quien aspira a la intendencia de una ciudad del Departamento Central.
La acusación fue radicada ante el juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, quien ya fijó la audiencia preliminar para el próximo 28 de agosto a las 08:30. En dicha diligencia judicial se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
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El representante de la Fiscalía reabrió la causa y, tras hallar elementos de prueba contundentes, presentó la acusación formal contra el procesado, miembro de una familia liberal con antecedentes en la función pública en los más altos cargos electivos. Entre las pruebas ofrecidas se encuentran diversos testimonios y pericias de profesionales que evaluaron a la víctima.
Asimismo, el abogado Luis Fernando Ayala presentó una querella adhesiva en representación de la madre de la víctima, quien actualmente tiene 11 años de edad. La querella se sumó al pedido de que el proceso sea elevado a juicio oral y público.
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Quirófanos fantasmas en IPS: “Es muy factible que haya más imputaciones”, advierte fiscal
El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
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Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Battaglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Juez emite amparo para protección de ayoreos en aislamiento voluntario
Tras las acusaciones en contra de un influencer por supuesta explotación a integrantes de los pueblos originarios, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) promovió una acción de amparo para salvaguardar a miembros del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo. El juez penal de Garantías de capital, Marcelo Saldívar, dio trámite a esta acción para proteger y salvaguardar a los miembros de esta comunidad.
El Indi promovió esta acción en contra de Nathan Pratt Seastrand y/o la firma Deep Jungle Studios, disponiendo una serie de medidas cautelares urgentes destinadas a proteger a los integrantes de todo el pueblo ayoreo, especialmente a los Totobiegosode en situación de aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo, como así también, resguardar los derechos fundamentales de los grupos indígenas aislados, además de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad física, cultural y territorial.
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Entre las medidas ordenadas por el juez, se encuentran: “la prohibición de realizar actividades de ingreso, búsqueda, localización, seguimiento, sobrevuelos, instalación de dispositivos o cualquier otra acción que pueda propiciar un contacto no deseado con personas en aislamiento voluntario”. Igualmente, se dispuso el retiro de cámaras trampa y otros equipos que se encuentren instalados en el área protegida sin autorización compatible con el régimen especial de protección vigente.
También se establece la prohibición de publicar, difundir, transmitir, ceder o comercializar material audiovisual que permita identificar, localizar o exponer a personas en situación de aislamiento voluntario. Igualmente, se dispuso la preservación del material digital y audiovisual relacionado con los hechos, sin perjuicio de las actuaciones que pudieran realizarse en el ámbito penal.
El juzgado ordenó la notificación por edictos al demandado y la realización de diligencias para la identificación de su domicilio, requiriendo información a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Mientras tanto, quedaron suspendidos los plazos procesales para el traslado de la acción de amparo hasta la recepción de los datos solicitados.
Esta acción se llevó adelante luego denuncias realizadas por representantes del pueblo Ayoreo Totobiegosode y del Indi sobre presuntas actividades impulsadas por el ciudadano estadounidense Nathan Seastrand, conocido en redes sociales como “Yankiguayo”, vinculadas a la búsqueda y eventual registro audiovisual de grupos de ayoreos en situación de aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo.
De acuerdo con la denuncia, esta persona habría instalado cámaras trampa en zonas del Chaco y buscado obtener información que permitiera localizar a integrantes de estos grupos indígenas aislados. Asimismo, líderes ayoreos manifestaron preocupación por un eventual contacto no autorizado y por la posible difusión de imágenes o registros audiovisuales relacionados con estas comunidades.
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Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia
La autopsia practicada a la mujer y su hijo de 12 años, hallados muertos el domingo tras un incendio en la vivienda en la que residían en la colonia Tupa Rendá del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, confirmaron que ya habían fallecido antes del siniestro. El fuego habría sido originado presuntamente por la expareja de la víctima, Ángel Roberto Lugo Sánchez (32).
Así lo informó el titular de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir. El profesional mencionó que los cuerpos se encontraban calcinados.
Explicó que la autopsia descubrió que la mujer falleció debido a un “degüello homicida efectuado con un cuchillo liso” que afectó ambos paquetes vásculonerviosos, en tanto que, la muerte del niño se produjo como “consecuencia de un estrangulamiento producido con un cable eléctrico”.
En cuanto al último, el médico forense señaló que una vez muerto, y debido al fuego, la parte plástica que envuelve el cable se derritió, quedando expuesto solo el material metálico que se encuentra en el interior del componente eléctrico.
El principal detenido fue imputado por la fiscal Lisa Baeza por feminicidio y homicidio doloso debido a su presunta implicancia en el fallecimiento de su expareja, Vilma Rosana Cabello (38) y del hijo de esta, Leandro Alves Martínez.
La agente fiscal pidió la prisión preventiva del imputado, ya que los resultados de la autopsia fortalecen la “hipótesis de que el imputado ocasionó el siniestro para eliminar las evidencias que pudieran existir luego de que perpetró el feminicidio de su expareja de 38 años y el homicidio del niño de 12 años”, indica la publicación de la Fiscalía
El juez Carlos Flores admitió la imputación e hizo lugar al pedido realizado por el Ministerio Público.
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