Una mujer reclama la inacción de la Fiscalía tras ser víctima de un robo y una golpiza junto a su hijo por parte de sus victimarios, que además la amenazan para que desista de la denuncia y evitar ser investigados. El hecho ocurrió en la vía pública de la ciudad de Capiatá.
“Mi hijo menor de 16 años y yo fuimos brutalmente golpeados, él perdió la audición un lado y un lado del ojo quedó dañado por los golpes que recibió. A mí me rompieron todo la cabeza, me despojaron del celular, me robaron la plata que tenía”, expresó la mujer.
La víctima asegura que en la denuncia acercó los informes y videos sobre lo sucedido, pero que es ignorada por el Ministerio Público y que además no cuenta con un defensor legal que la asesore actualmente. “No me hacen caso, por favor ayúdenme, ya lo poco que tenía le di a un abogado y no hizo nada”, manifestó la denunciante.
Lea más: Hospital de San Pedro: con cada lluvia pacientes deben ir con baldes y latonas
En un momento de su relato en la 680 AM, señaló que la asistente fiscal perdió documentos y evidencias, incluso el informe médico que habría sido enviado al forense a nombre de otra persona. Incluso acusó que se llegaron a esconder informes sobre el caso. Su identidad se omite para resguardar a la víctima, quien pide resguardo policial.
“Siempre le defendía en todo momento a mis agresores, y escondía todo los resultados. Me hizo esperar mucho tiempo y ahora dicen que es leve la lesión y el robo no es nada dijo”, declaró la víctima en contacto con la radio 680 AM.
Puede interesar: Restringen tránsito en puente San Roque González por estudio en los obenques
Dejanos tu comentario
Fiscalía define si acusa y pide juicio oral para procesado por estafa
La fiscala Verónica Mayor deberá presentar su acusación u otro requerimiento este 2 de julio en el marco del proceso penal que enfrenta Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente procesado por estafa con un perjuicio que sería de USD 91.000.
Sin embargo, meses atrás el Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional debido a que debía realizar varias diligencias por lo que ya estaría habilitada a poder presentar el requerimiento conclusivo en relación al presente caso.
En julio del 2025 el Ministerio Público, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta rara la presentación que realizó la fiscala.
De acuerdo la información que se maneja habría elementos para poder presentar la acusación y el pedido de juicio oral contra el procesado y eso está en manos de la fiscala mayor.
Imputación
Meses atrás, la fiscala Laura Romero había formulado imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, Darío Ramón Mongelós había realizado una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
Podes leer: Violento intento de asalto a un camión transportador de caudales en la Ruta PY08
Dejanos tu comentario
Ministerio Público se adhirió al feriado con excepciones para garantizar servicios esenciales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó la resolución N° 2312, por la cual el Ministerio Público declara feriado institucional para este 30 de junio de 2026, en concordancia con el Decreto Presidencial N.° 6280/2026, que estableció la fecha como feriado nacional.
La disposición se fundamenta en el decreto presidencial dictado el 29 de junio de 2026, mediante el cual se declaró feriado nacional en conmemoración del histórico logro de la Selección Paraguaya, tras su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La resolución también toma en consideración que la Corte Suprema de Justicia se adhirió a la medida y dispuso que los plazos procesales con vencimiento el 30 de junio fenecerán el 1 de julio de 2026, salvo las excepciones establecidas.
No obstante, a fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales, el Ministerio Público dispuso que permanecerán en funciones:
-Las Unidades Fiscales de turno.
-Las unidades con audiencias en juzgados y juicios orales que no hayan sido suspendidos.
-La Oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público.
-Los Departamentos de Apoyo Técnico Fiscal convocados para atender requerimientos de las unidades de turno.
La medida fue adoptada en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Fiscal General del Estado para coordinar el funcionamiento armónico y eficaz de la institución, garantizando la prestación de los servicios imprescindibles durante la jornada de feriado nacional.
Podes leer: Operativo en el microcentro de Asunción deja más de 30 detenidos tras festejos
Dejanos tu comentario
Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
Te puede interesar: Gobernador de Boquerón participó de la MuniExpo 2026 en Israel
Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
Leé también: Vicepresidente destaca crecimiento del 5,8 % en el primer trimestre
Dejanos tu comentario
En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
Te puede interesar: Arte y pasión albirroja transforman muro en el centro de Santa Rita
De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
Lea más: Impulsan volver al cambio de horario por el impacto en estudiantes y trabajadores