La Policía Nacional detuvo a una mujer de nacionalidad alemana y solicitó prisión preventiva por el presunto asesinato de su pareja en una vivienda ubicada en el barrio Cocué Guazú de Areguá, departamento Central, el último sábado. Se trata de Barbel Hubert, quien fue imputada por el hecho punible de homicidio doloso.
La mujer presuntamente habría asesinado a tiros a su marido identificado como Haus Jurgen Egon Hubert, también de nacionalidad alemana. La misma prestó declaración indagatoria ante el Ministerio Público, cayendo en contradicciones. La mujer y el fallecido se habían establecido en Areguá a principios de este año.
En su declaración manifestó que el matrimonio se había constituido hace 32 años, hace unas semanas se habían mudado a Areguá; sin embargo, la relación se habría deteriorado desde que el hombre se incorporó a un grupo de motociclistas. La pareja mantenía discusiones desde hace una semana.
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Entre otras expresiones, señaló que ella intentó suicidarse estando drogada, quedó dormida y al despertar lo encontró muerto en horas de la mañana, mientras que según el informe del médico forense, el hecho se produjo al medio día.
Según el informe policial, el locador que alquilaba el lugar habría comunicado a la Comisaría de la zona alertando lo ocurrido. Luego, los agentes intervinieron el sitio; sin embargo, la mujer no se encontraba en el domicilio. Tras las diligencias realizadas, la supuesta autora del hecho fue detenida ayer domingo.
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Fiscalía, la cachiporra de Matute
EL PODER DE LA CONCIENCA
- Por Alex Noguera
- Periodista
- alex.noguera@nacionmedia.com
Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.
Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.
Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.
Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.
Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.
Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.
Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.
En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.
Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.
A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.
Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.
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Ministerio Público habilita parcialmente su nuevo edificio en Encarnación
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura institucional en el sur del país, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, encabezó este jueves el acto de habilitación parcial del nuevo edificio del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación.
El evento contó con la presencia de autoridades del sistema judicial y de entes del Estado, entre ellos, las fiscales adjuntas Fabiola Molas (Área V) y Matilde Moreno, el secretario general de la Entidad Binacional Yacyretá, Dr. Mario Cáceres, y el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gustavo Miranda. También participaron agentes fiscales, directores y funcionarios del área.
La sede, ubicada en el barrio La Paz, marca un paso importante en el proceso de descentralización y modernización de la justicia en Paraguay. En esta primera etapa se habilitaron el área de denuncias, el departamento de Psicología Forense, la sala de reuniones y la Fiscalía Adjunta.
“Estamos iniciando el uso gradual del edificio, que cuenta con 11 pisos. En esta fase inicial priorizamos los espacios esenciales para la atención ciudadana y la gestión interna”, explicó el fiscal general Rolón Fernández, quien también anunció que para el año 2026 se prevé el funcionamiento completo del edificio.
Durante su intervención, el titular del Ministerio Público adelantó que en los próximos meses continuarán las obras de adecuación, incluyendo la incorporación de un Laboratorio Forense con tecnología de última generación.
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“La construcción del nuevo edificio representa una inversión significativa en infraestructura pública, orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio Público en el sur del país”, destacó Rolón. Asimismo, recalcó que la nueva sede permitirá mejorar el acceso a la justicia, optimizar trámites, reforzar investigaciones y ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.
Una vez culminado, el complejo se convertirá en una de las instalaciones más modernas del Ministerio Público a nivel nacional, contribuyendo directamente al fortalecimiento del sistema judicial y al bienestar de la población.
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Un hombre fingió ser paciente de IPS para robar, pero fue detenido
Un hombre se hizo pasar por paciente del Instituto de Previsión Social (IPS) para ingresar al hospital y apoderarse de una computadora. Ocurrió en Ciudad del este. La Policía logró detener al sospechoso y ahora ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.
Según los intervinientes, en los últimos días son constantes las denuncias de los asegurados y familiares que acuden hasta el centro asistencial y reportan el hurto de sus prendas personales.
Lo llamativo es que el sujeto logró burlar el sistema de seguridad que involucra a guardias privados y al personal de la Policía Nacional. Según los datos, el desconocido entró por la puerta principal del hospital de IPS de Ciudad del Este y llegó hasta una oficina y donde se alzó con una computadora.
“El sujeto entra por la puerta grande y sale por la puerta grande. Y nadie se percató de que una persona sospechosa haya salido con una computadora bajo el brazo y no haya informado a la Policía”, cuestionó el comisario Mariano Sosa.
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El detenido identificado como Hugo Antonio Arguello (34) fue derivado a la comisaría jurisdiccional y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.
Hace un mes que salió de la cárcel y ya nuevamente incurrió en una acción delincuencial. Tiene tres antecedentes por hurto agravado, según su legajo policial.
La Policía pide a los ciudadanos que colaboren con la seguridad, reportando cualquier hecho llamativo que observe a su alrededor sobre todo en un hospital donde acuden muchos pacientes.
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Amplían uso de tobilleras electrónicas a nivel país
La Corte Suprema de Justicia aprobó la utilización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económicos en Asunción y el departamento Central.
La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacional, que alegó contar con la infraestructura y capacidad técnica para monitorear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cualquier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medidas restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.
Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras electrónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por limitaciones técnicas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.
“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesaria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y reducir el hacinamiento penitenciario, al brindar una opción efectiva al encierro.
MIL TOBILLERAS
Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dispositivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficiario, salvo en caso de insolvencia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.
La Acordada n.º 1779, recientemente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obligatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.