El Ministerio Público encabezó un procedimiento en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque, donde fue incautada una maleta de doble fondo que contenía en su interior 14 paquetes de cocaína, que totalizaron más de 4 kilogramos y que tenía como destino final París, Francia.
Durante el procedimiento, la Policía Nacional detuvo a un hombre identificado como Wilian Giménez, 35 años, oriundo de Ciudad del Este, y se ordenó su remisión junto con las evidencias hasta la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre la avenida Fernando de la Mora en Asunción.
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La fiscal Fabiola Molas indicó que indagarán la propiedad de la maleta para conocer el remitente y destinatario. La valija fue sometida a control de rayos X en los controles, donde se verificó la presencia de la carga de cocaína luego de que un perro antidrogas encargado haya señalado la maleta.
El joven paraguayo pretendía viajar a Palma de Mallorca, España, luego se trasladaría la carga hasta Francia. El valor de la carga supera los 300 mil euros, equivalente a más de G. 2.000 millones en nuestra moneda, según informó la institución. Se investigará el trayecto que haría el joven, por lo que se daría participación a agentes especializados que puedan contactar con sus pares de países europeos.
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Reportan presunto feminicidio en Guarambaré: niña de 8 años halló los cuerpos de sus padres
Un presunto caso de feminicidio se reportó a primeras horas de este sábado en la ciudad de Guarambaré. Una pareja fue hallada muerta en una vivienda de la compañía Yvysunu-Curusú Legua. La mujer fue encontrada con heridas de arma blanca y, a pocos metros, su pareja con signos de haberse autoeliminado.
La víctima fue identificada como Liz Andrea Ortellado, de 30 años, mientras que el presunto autor del homicidio sería Walter Fabián Acosta Duarte, de 34 años, quien habría decidido quitarse la vida tras el crimen.
El hecho fue descubierto alrededor de las 06:20 de este sábado en el interior de la vivienda donde ambos residían. Una menor de 8 años, hija de la pareja, encontró los cuerpos sin vida de sus padres y dio aviso a los familiares, según manifestaciones de la abuela.
Ante el lamentable hecho, convocaron a las autoridades policiales. Agentes de la Comisaría 22ª de Guarambaré dieron aviso al Ministerio Público, que ya interviene en el caso para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
El hombre utilizó una tijera para acabar con la vida de la mujer, según expresiones del comisario Santacruz a NPY. Mencionó además que ya hubo denuncias anteriores por violencia familiar por parte de la mujer.
De acuerdo con los primeros datos manejados por los investigadores, el caso es analizado de manera preliminar como un presunto hecho de feminicidio seguido de la muerte del hombre.
No obstante, las circunstancias serán determinadas mediante las diligencias investigativas y las pericias correspondientes. Se aguarda la llegada de médicos forenses para el levantamiento de los cuerpos.
Personal de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público continúan trabajando en el lugar para el levantamiento de evidencias y el esclarecimiento de lo ocurrido.
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Chase plantea fortalecer presupuesto de organismos de seguridad ante el crimen organizado
El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.
Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.
En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.
En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.
Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.
“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.
Reactivación del EPP
El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.
“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.
Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.
“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.
Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.
“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.
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Tras masacre en Naranjito, la ARP exige mayor seguridad para proteger la actividad productiva
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.
Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.
Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.
El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.
En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.
La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.
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Juicio a Tania Irún: ratifican acusación por presunta violación a ley de seguridad fronteriza
Se inició el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, quien está sentada en el banquillo de los acusados por el hecho punible de prevaricato.
Se la acusa de presuntamente violar la ley de seguridad fronteriza al dictar un fallo que otorgó a supuestas empresas de maletín, unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la exmagistrada está integrado por los jueces penales Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.
Ellos tendrán que analizar los elementos probatorios que sostienen la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella adhesiva.
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Al presentar sus alegatos iniciales, el fiscal Cristian Benítez fue tajante y contundente en señalar que, durante el debate del juicio oral, se demostrará que la acusada abusó de su cargo de jueza al dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria al derecho. Según la acusación, este acto vulneró la seguridad nacional y la integridad territorial de la República del Paraguay.
Asimismo, el representante del Ministerio Público sostuvo que llamó la atención que la hoy exjueza Tania Irún interrumpió su permiso de maternidad para regresar a su despacho y firmar la resolución haciendo lugar a una demanda. Tal situación podría hacerlo el interino de la hoy acusada, indico el fiscal.
Acusación
La acusación contra Irún menciona que, cuando ella se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, dictó de forma irregular la Sentencia Definitiva N.º 494 del 23 de noviembre de 2018.
Mediante esta resolución, ordenó transferir a favor de cuatro empresas extranjeras unas 310.000 hectáreas de inmuebles ubicados en Alto Paraguay, una zona de seguridad fronteriza protegida por ley.
La fiscalía sostiene que la entonces magistrada no verificó la identidad ni la nacionalidad de los representantes de las empresas demandantes, ni comprobó la naturaleza de sus acciones o títulos, incumpliendo las exigencias previstas en la Ley N.º 2532/05 de Zona de Seguridad Fronteriza.
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