El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, denunció que un grupo de adultos mayores estaría siendo utilizado por Elías Cabral, autodenominado dirigente social de Canindeyú, quien habría abandonado hace ocho días a los manifestantes en condiciones precarias en una carpa frente al ente estatal, con la finalidad de presionar con reclamos que no contempla la Ley n.º 7322/2024 de pensión universal.

“Se comenta que Cabral está haciendo reuniones a nivel país para movilizar a los adultos mayores hasta la capital el 1 de mayo para pretender presionar para el pago inmediato de la pensión a todas las personas que cumplieron 65 años de edad y también que se establezca un aumento. Nosotros quisiéramos cumplir con el deseo que tienen, pero hay que entender que hay una ley de por medio y se debe considerar la fuente de financiación. Esto no es una cuestión de magia y no se trata de una cuestión de presión”, indicó Rojas, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Rojas manifestó que el grupo de 25 o 30 adultos mayores reclaman el pago inmediato de la pensión universal para las personas de 65 años de edad así como el aumento de la pensión al 100 % del salario mínimo. Desde enero del presente año el monto mensual es de G. 724.762.

“Cabral es su coordinador y ya no aparece en el sitio hace más de una semana, ha dejado a los adultos mayores en una situación muy preocupante y el día de ayer una de las personas de 68 años ha tenido una descompensación, por supuesto de inmediato actuamos y le llevamos a un hospital de la ciudad de San Lorenzo. Se encuentra en una situación crítica en su estado de salud, es un paciente cardíaco y diabético”, detalló.

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El ministro acotó: “Emitimos un comunicado desde mi cartera llamando a la conciencia de los responsables de estas manifestaciones. Es preocupante la situación de ellos, están todos apostados frente a la institución, enfrentando cambios climáticos, están pasando por una situación crítica”.

La normativa establece la reducción progresiva de la edad para acceder a la pensión alimentaria, bajando la edad de forma gradual hasta alcanzar a los 65 años de edad. En la actualidad son más de 370.000 los beneficiarios de la asistencia estatal.

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El gobierno busca alinear la política fiscal con la política social para sostener y fortalecer los programas de asistencia en marcha. En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, mantuvo una reunión de trabajo con el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, con el objetivo de evaluar el avance de los principales programas sociales y su sostenibilidad en el tiempo.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el estado de ejecución de iniciativas prioritarias como el programa Hambre Cero y la pensión para adultos mayores, considerados pilares de la política social actual.

La conversación se centró en asegurar que estos programas cuenten con financiamiento suficiente y una ejecución eficiente, en un escenario donde la disponibilidad de recursos es clave para garantizar su continuidad.

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El MEF tiene un rol determinante en este proceso, ya que es el encargado de administrar los recursos del Estado y definir las prioridades del gasto público. En ese sentido, la coordinación con el MDS resulta fundamental para que los fondos asignados se traduzcan efectivamente en cobertura y resultados en los sectores más vulnerables.

Uno de los puntos centrales abordados fue la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto social. Esto implica no solo asegurar financiamiento, sino también optimizar la implementación de los programas, evitando superposiciones y fortaleciendo los mecanismos de control. El objetivo es que cada guaraní invertido tenga un impacto concreto en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida.

Además, el encuentro reflejó la importancia de integrar la política social dentro de la estrategia macroeconómica del país. Los programas sociales requieren estabilidad fiscal para sostenerse en el tiempo, por lo que su planificación debe estar alineada con las metas económicas y las restricciones presupuestarias.

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El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión de trabajo con el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, para evaluar los avances y planificar las siguientes etapas del programa de pensiones. “En el menor tiempo posible llegaremos a los 65 años”, anunció el ministro, tras dos jornadas de manifestaciones de adultos mayores con ese reclamo.

“Ratificamos con el presidente Santiago Peña nuestro compromiso con los Adultos Mayores del Paraguay. Este mes de marzo con la estricta aplicación de la Ley 7322, ya son 360.283 los adultos mayores que cobran su pensión, hasta los 69 años. En el menor tiempo posible llegaremos a los 65 años”, manifestó Rojas ayer a través de las redes sociales.

Por su parte, el mandatario replicó el mensaje en sus propios canales: “Me reuní con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, para evaluar nuestros avances y planificar los siguientes pasos del programa de pensiones. Este mes de marzo logramos un avance muy importante: con la aplicación de la nueva Ley 7322, ya son 360.283 los adultos mayores incluidos, abarcando actualmente la franja a partir de los 69 años”.

“Nuestro compromiso es que este beneficio llegue a más paraguayos. Por eso, vamos a seguir trabajando para disminuir gradualmente la edad de acceso hasta llegar a los 65 años lo antes posible”, agregó Peña, quien promulgó la Ley 7322 el 28 de octubre de 2024, permitiendo que mayores de 65 años sin otros ingresos accedan al beneficio mensual equivalente al 25 % del salario mínimo legal vigente, sin necesidad de censo previo.

El director general de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Alcides Samudio, participó ayer en la reunión que se realizó en la Defensoría del Pueblo con los representantes de diferentes instituciones y del grupo de adultos mayores, en seguimiento a la propuesta planteada por el ministro Tadeo Rojas y la intervención del defensor del Pueblo, Rafael Ávila, para responder a las demandas de los manifestantes a través de la instalación de una mesa interinstitucional.

El encuentro se celebró con autoridades del Banco Nacional de Fomento (BNF) para abordar reclamos sobre el acceso a la pensión universal, con la presencia del titular de la institución financiera, Manuel Ochipintti, y el gerente general, César Augusto Vargas Mora. La Defensoría del Pueblo dispuso su estructura para canalizar los reclamos, con profesionales especializados y gestiones sin costo alguno y el Defensor anunció que trabajará en la creación de una “Red de Protección de Adultos Mayores”.

El Ministerio de Desarrollo Social expuso la historia de Fermina Agüero, de 102 años, que nunca tuvo documento de identidad, y su caso fue descubierto en uno de los recorridos de Ciudad Mujer Móvil, que trabaja con 13 instituciones del Estado, cuando llegó hasta el asentamiento 8 de Noviembre, del barrio Inmaculada Concepción, distrito de San Alfredo, del departamento de Concepción.

La centenaria compatriota obtuvo por fin su primera cédula y pudo acceder a su primer cobro de pensión de adultos mayores gracias al trabajo articulado entre el MDS, el Registro Civil, el Banco Nacional de Fomento (BNF) y autoridades municipales la Dirección del Registro Civil, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Municipalidad de San Alfredo.

Funcionarios del Departamento de Identificaciones visitaron a doña Fermina Isabel Agüero en su casa y le llevaron el servicio de cedulación. Desde su cama, pudo completar todo el proceso: toma de huellas, registro de datos, fotografía, etcétera. El centro Ciudad Mujer tiene su sede en Villa Elisa, pero sus móviles recorren distintos puntos del país para llevar sus servicios hasta lugares remotos y también acercarlos a personas que no tienen posibilidades de moverse.

Con la mediación del defensor del Pueblo, Rafael Avila, se logró instalar una mesa interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para brindar asistencia integral a los reclamos de los adultos mayores, que desde el día de ayer lunes se encuentran en movilización en Asunción.

De la reunión que se desarrolló en la sede del MDS participaron además el asesor jurídico Alberto Lezcano y el director de Gabinete, Alcides Samudio.

Tras el encuentro se informó que se decidió instalar una mesa interinstitucional para asistencia integral al pedido de los adultos mayores.

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En su rol de mediador, el defensor del Pueblo, Rafael Avila recibió a dirigentes del grupo de adultos mayores que comenzaron a manifestarse desde ayer lunes frente al MDS.

Avila planteó establecer prioridades de las demandas que presentan a fin de priorizar los principales temas a resolver.

Los adultos mayores provenientes de diferentes puntos del país organizaron la jornada de protesta para pedir al Gobierno que garantice el pago de la pensión a todos los adultos mayores a partir de los 65 años de edad, tal como establece la Ley de Pensión Universal, promulgada en octubre del 2024.

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