Durante un procedimiento de desalojo concretado este martes en el distrito de Maracaná en el departamento de Canindeyú, resultaron heridos un agente policial y un civil, quienes fueron derivados al Hospital Distrital de Curuguaty.

El suboficial de la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (Fope) identificado como Heisel Pérez, recibió una herida de bala en el rostro durante la intervención llevada adelante en la estancia Itá Kyse hasta donde se trasladó un gran contingente policial.

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Según el reporte de la Policía el asentamiento data de nueve años y está en litigio por lo que un oficial de Justicia procedió al cumplimiento de la orden de desahucio con acompañamiento policial. La fiscal Angie Duarte manifestó que el personal policial se encuentra con pronóstico reservado, ya que está siendo sometido a los primeros procedimientos en el centro asistencial de la zona.

Una unidad móvil con personal de salud ingresó al predio a fin de corroborar si hay más personas lesionadas, que requieren ser asistidas.

Unas 230 familias están asentadas en el inmueble en litigio, es una comunidad que se encuentra en las fincas identificadas como 5001 y 502. Estos ocupantes mantienen el litigio con varias personas, ya que la propiedad fue cambiando de dueños en el transcurso del tiempo.

Este martes finalmente se dio cumplimiento a la orden de desalojo y según el último documento judicial esta vez se relaciona con Guillermo Luis Giménez Abente contra Jacinto Santacruz y otros, ocupantes precarios de la propiedad.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

El diputado Hugo Meza brindó informe sobre lo que se analizó en la mesa directiva de la Cámara Baja y mencionó que se fijó el orden del día para la sesión ordinaria del martes 27 de mayo. Se prevén tratar 18 puntos, entre ellos el proyecto de Ley de “Letrina Cero en las Escuelas”.

“Es un proyecto bastante interesante para que en 400 instituciones educativas se pueda ejecutar y terminar con las letrinas. Lastimosamente, estas instituciones tienen aún letrinas y se plantea una ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación y Ciencias para reemplazarlos por sanitarios modernos”, explicó en conversación con varios medios de prensa.

Más allá de las cuestiones sanitarias que conlleva tener baños en precarias condiciones, es una cuestión de dignidad humana, dijo el diputado Meza. Indicó que no se puede exigir calidad en la educación, cuando ni si quiera cuentan con baños modernos saludables en las instituciones.

Adelantó que estarán acompañando esta iniciativa con mucha fuerza a fin de darle la sanción correspondiente y que pase al Ejecutivo para su promulgación, para que el MEC ejecute este mismo año un presupuesto de un poco más de 6 millones de dólares.

Indicó que las 400 instituciones están completamente mapeadas por distritos y departamentos para dar fin a las letrinas en el país.

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Por otra parte, señaló que estarán tratado en la ordinaria de la próxima semana la propuesta que crea el Registro Nacional de Pagarés. Destacó que es un proyecto sumamente importante, más aun teniendo en cuenta la larga lista de víctimas que se van conociendo a diario; a raíz que se conoció la verdadera mafia que se empotró en el Poder Judicial.

“Yo siempre he dicho, que uno de los Poderes del Estado que menos se aggiornó a los nuevos tiempos, un Poder Judicial completamente aplazado y de espalda a la ciudadanía y la mafia de los pagarés vino a desnudar lo más criminal que se puede llegar a ser desde un poder del Estado contra los ciudadanos más humildes y la gente trabajadora”, cuestionó.

Indicó que espera que este proyecto sea tratado y finalizado el próximo martes, durante la sesión ordinaria. “Lo más importante que contempla este proyecto es que permitirá contar con la trazabilidad desde el momento mismo de la emisión de los pagarés; y se podrá saber quiénes están detrás de estos grandes negociados, como se descubrió recientemente con esta mafia a través de los medios de prensa”, acotó.

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• Fuente: AFP

Las autoridades brasileñas informaron este domingo que frustraron un ataque con bomba durante el megaconcierto de la cantante Lady Gaga el sábado en Rio de Janeiro.

Un estimado de dos millones de personas llenaron la icónica playa de Copacabana en la “Ciudad Maravillosa” para escuchar a la diva estadounidense, bajo un impresionante despliegue de seguridad.

La policía civil de Rio de Janeiro dijo en X que en conjunto con el Ministerio de Justicia, “impidió un ataque con bomba que ocurriría en el show de Lady Gaga en Copacabana”.

Por este caso está detenido el “responsable por el plan” y un adolescente, y la policía realizó allanamientos en varias ciudades del estado de Rio de Janeiro, así como en Sao Paulo, Rio Grande do Sul y Mato Grosso.

Según las autoridades los involucrados “reclutaban participantes para promover ataques con uso de explosivos y cocteles molotov”.

Para el concierto de Lady Gaga el sábado, las autoridades desplegaron un impresionante dispositivo de seguridad, con más de 5.000 agentes, drones y cámaras con reconocimiento facial.

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