Fuerzas antidrogra dieron de baja a ocho campamentos clandestinos de producción de narcóticos.

Un procedimiento desarrollado en la zona de Umbú del distrito de Capitán Bado, departamento de Amam­bay, permitió la intervención de varios centros de produc­ción y acopio de marihuana. Durante el procedimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 5.216 kilogramos de la sustancia ya procesada y lista para su distribución.

En el marco de la interven­ción, fueron destruidos ocho campamentos clandestinos que estaban equipados con las herramientas usadas para el procesamiento de la droga. Se procedió ade­más a la eliminación de cinco hectáreas de cultivos de marihuana, volumen que equivale a una producción estimada de unas 15 tone­ladas de la droga.

De acuerdo con el reporte de la Senad, en el lugar fue encontrado un menor de edad que quedó a dispo­sición de las autoridades correspondientes. Se pre­sume que el adolescente era “utilizado para custodiar” uno de los centros de pro­ducción.

Este tipo de procedimien­tos se desarrollan en varios puntos del territorio nacio­nal, con el objetivo de desar­ticular los centros dedicados a la producción, comerciali­zación y distribución de dro­gas, afectado la estructura financiera de organizacio­nes criminales vinculadas con el narcotráfico.

En ese contexto hay que señalar que la Senad lleva adelante varias operacio­nes en Amambay, una zona que se convirtió en un punto clave para grupos que ope­ran en la región a través de venta de drogas y que tie­nen como destino el mer­cado brasileño.

Un procedimiento desarrollado en la zona de Umbu del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, permitió la intervención de varios centros de producción y acopio de marihuana. Durante el procedimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 5.216 kilogramos de la sustancia ya procesada y lista para su distribución.

En el marco de la intervención, fueron destruidos ocho campamentos clandestinos que estaban equipados con las herramientas usadas para el procesamiento de la droga. Se procedió además a la eliminación de cinco hectáreas de cultivos de marihuana, volumen que equivale a una producción estimada de unas 15 toneladas de la droga.

De acuerdo con el reporte de la Senad, en el lugar fue encontrado un menor de edad que quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Se presume que el adolescente era “utilizado para custodiar” uno de los centros de producción.

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Este tipo de procedimientos se desarrollan en varios puntos del territorio nacional, con el objetivo de desarticular los centros dedicados a la producción, comercialización y distribución de drogas, afectado la estructura financiera de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

En ese contexto hay que señalar que la Senad lleva adelante varias operaciones en Amambay, una zona que se convirtió en un punto clave para grupos que operan en la región a través de venta de drogas y que tienen como destino el mercado brasileño.

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La Policía Nacional capturó a dos sujetos que eran buscados por el crimen de un hombre de 30 años, que habría ocurrido el pasado junio por una presunta disputa por territorio de drogas y venganza en la ciudad de Asunción. En poder de estas personas se encontró un arma de fuego, drogas, dinero y otras evidencias.

Según el reporte policial, el crimen se reportó el 22 de junio de este año, tiempo en que estas personas se encontraban prófugas de la Justicia y hace poco recibieron información de que volvieron a instalarse en el barrio Santa Ana. Ante esta situación, se realizó un allanamiento logrando la captura de los principales sospechosos.

En el procedimiento desarrollado en el populosos barrio fueron detenidos Alexis Ramón Saldívar Ríos, quien sería el supuesto autor material del hecho, y Eduardo Javier Saldívar Ríos, su cómplice, acusados de asesinar a puñaladas a Ángel Adrián Sánchez Quintana, de 30 años.

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“Según las averiguaciones hechas, entre Alexis y la víctima fatal ya había un problema anterior por microtráfico de drogas, por el cual Alexis fue a la cárcel por cinco años por tentativa de homicidio. Esta situación habría desatado el crimen el junio pasado”, detalló el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios, a los medios de comunicación.

Durante el procedimiento fueron incautadas un arma de fuego, calibre 32, con cartuchos, 61 dosis y piezas de supuesta cocaína tipo crack, dos balanzas de precisión, un machete y otros indicios. Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

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El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.