Los hermanos Antonio Segovia Vera (39) y Armando Segovia Vera (20) fueron imputados por arrojar una bomba casera incendiaria en la subcomisaría 32 de Itá Verá, distrito de Domingo Martínez de Irala, departamento de Alto Paraná.
Los delitos por los que se les acusa son la supuesta comisión contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos, producción de riesgos comunes y amenaza de hechos punibles, según el fiscal Demetrio Bareiro, quien fue el que presentó imputación contra dos hermanos.
Según la investigación, el hecho ocurrió en la madrugada del 9 de octubre de 2022, en el predio de la sede policial. Los uniformados que estuvieron de guardia indicaron que el explosivo lanzado causó daños materiales a una camioneta Volkswagen, tipo Amarok, propiedad de un policía, además amenazaron con quemar el local policial y luego huyeron del lugar.
Posteriormente, los hermanos Segovia Vera regresaron con otras cuatro personas y siguieron con sus amenazas contra los miembros de la fuerza pública. El ataque presuntamente fue en represalia porque los policías habían aprehendido a un familiar de los sindicados tras sorprenderlo con drogas en su poder.
Los dos sujetos fueron privados de libertad este martes 25, en horas de la mañana, en el momento en que se presentaron en la sede de la Fiscalía de Presidente Franco, en cumplimiento a una orden de detención dictada por el fiscal Bareiro, quien finalmente dispuso la imputación de ambos.
Lea también: Recapturan al reo 31 que se había fugado de la penitenciaría de Misiones
Dejanos tu comentario
Fiscalía, la cachiporra de Matute
EL PODER DE LA CONCIENCA
- Por Alex Noguera
- Periodista
- alex.noguera@nacionmedia.com
Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.
Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.
Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.
Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.
Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.
Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.
Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.
En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.
Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.
A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.
Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.
Dejanos tu comentario
Ministerio Público habilita parcialmente su nuevo edificio en Encarnación
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura institucional en el sur del país, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, encabezó este jueves el acto de habilitación parcial del nuevo edificio del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación.
El evento contó con la presencia de autoridades del sistema judicial y de entes del Estado, entre ellos, las fiscales adjuntas Fabiola Molas (Área V) y Matilde Moreno, el secretario general de la Entidad Binacional Yacyretá, Dr. Mario Cáceres, y el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gustavo Miranda. También participaron agentes fiscales, directores y funcionarios del área.
La sede, ubicada en el barrio La Paz, marca un paso importante en el proceso de descentralización y modernización de la justicia en Paraguay. En esta primera etapa se habilitaron el área de denuncias, el departamento de Psicología Forense, la sala de reuniones y la Fiscalía Adjunta.
“Estamos iniciando el uso gradual del edificio, que cuenta con 11 pisos. En esta fase inicial priorizamos los espacios esenciales para la atención ciudadana y la gestión interna”, explicó el fiscal general Rolón Fernández, quien también anunció que para el año 2026 se prevé el funcionamiento completo del edificio.
Durante su intervención, el titular del Ministerio Público adelantó que en los próximos meses continuarán las obras de adecuación, incluyendo la incorporación de un Laboratorio Forense con tecnología de última generación.
Podes leer: Desarticulan banda dedicada al robo de celulares en conciertos
“La construcción del nuevo edificio representa una inversión significativa en infraestructura pública, orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio Público en el sur del país”, destacó Rolón. Asimismo, recalcó que la nueva sede permitirá mejorar el acceso a la justicia, optimizar trámites, reforzar investigaciones y ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.
Una vez culminado, el complejo se convertirá en una de las instalaciones más modernas del Ministerio Público a nivel nacional, contribuyendo directamente al fortalecimiento del sistema judicial y al bienestar de la población.
Dejanos tu comentario
Empresa coreana pretende instalar fábrica de fertilizantes verdes en Alto Paraná
La compañía coreana Cheong A Chemical Co., Ltd. tiene interés en montar una fábrica de fertilizantes verdes en Alto Paraná. Los directivos de la empresa, Seo Gyu Yoon, CEO y presidente de la firma, y el director ejecutivo, Byeong Cheol Choi, visitaron el Viceministerio de Rediex para conocer sobre las ventajas de invertir en Paraguay.
La planta industrial apunta a abastecer el mercado brasileño y convertir al país en un actor clave en la transición energética de América del Sur, informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El proyecto incluye instalar una fábrica en el departamento de Alto Paraná, aprovechando su ubicación geográfica y conectividad logística con Brasil, que sería el principal destino de exportación de la firma.
Podés leer: Este domingo cierra el censo a jubilados y pensionados
En el encuentro se abordaron conceptos como la producción de desarrollo de hidrógeno verde a través de urea, una solución limpia y sostenible frente a los métodos convencionales que utilizan gas natural. Representantes del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) expusieron acerca de los incentivos con los que cuenta Paraguay para la inversión extranjera, como el régimen de maquila, la Ley 60/90, entre otros.
Según el MIC, la empresa coreana, con vigencia de más de 35 años, es reconocida por su constante innovación en productos petroquímicos, fertilizantes y soluciones para la agricultura. La misma evalúa oportunidades de inversión en América del Sur apuntando a expandir sus operaciones.
Dejanos tu comentario
Congreso remite informe de la CBI Antilavado al BCP y a la Contraloría
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.
No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.
Le puede interesar: ANR: plazo para afiliación con miras a las Municipales cierra el jueves
Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.
Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.
A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
Siga informado con: Senado integra comisión que investigará supuestos abusos de firmas telefónicas