Un hombre fue asesinado a golpes en San Lorenzo durante la noche del sábado y un sospechoso fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el marco de la investigación sobre el hecho sucedido en el barrio Florida de la ciudad universitaria.
La víctima fatal fue identificada como Gerardo Mercedes Cardozo, de 73 años de edad. La sindicada como supuesta autora del crimen es la propia hijastra del fallecido, identificada como Soeli Cardozo Venialgo, de 21 años de edad, quien permanece con paradero desconocido.
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De acuerdo al informe policial, la joven cuenta con antecedentes por violencia familiar en el 2018, prohibición de salida del país y prohibición de consumir bebidas alcohólicas. La mujer huyó del lugar junto con otras personas que habrían participado en el hecho.
El supuesto cómplice fue identificado como Carlos Santos Acuña Arzamendia, de 38 años de edad, y fue demorado. También se logró la incautación de dos vehículos, propiedad de la víctima fatal y que fueron utilizados por los supuestos implicados para huir del lugar del hecho.
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El cuerpo de la víctima fue encontrado en el interior de su camioneta estacionada en la vía pública, y los investigadores estiman que el hombre fue asesinado a golpes. El cadáver presentaba traumatismos en la cabeza y cortes en diversas partes del cuerpo y su rostro fue cubierto con una bolsa de polietileno.
Aparentemente, la sospechosa y sus presuntos cómplices intentaron enterrar el cuerpo, pero ya no tuvieron tiempo. También se llevaron el camión de la víctima, abandonado en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo.
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Felicita Estigarribia: después de dos décadas, avanza el caso que conmocionó al país
La causa por el asesinato de Felicita Estigarribia, uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la niñez en Paraguay, llegó finalmente a una instancia decisiva: 22 años después del crimen, el único acusado enfrentará un juicio oral y público por los hechos que estremecieron al país en 2004.
La apertura del juicio fue dispuesta por el juez Hilario Bustos, del Juzgado de Carapeguá, quien resolvió elevar la causa contra Fredy Antonio Florenciano Brítez, procesado por los presuntos hechos punibles de homicidio doloso y coacción sexual. La determinación representa un avance largamente esperado por los familiares de la víctima y por quienes durante años reclamaron justicia en un caso que marcó a toda una generación.
Durante la audiencia preliminar, las fiscalas María Isabel Arnold y Carina Sánchez, de la Unidad contra la Trata y la Explotación Sexual Infantil, ratificaron la acusación presentada por el Ministerio Público. Por su parte, la defensa del acusado se allanó a la acusación y no planteó incidentes, por lo que se dispuso la apertura del juicio oral. Las partes tendrán ahora un plazo de cinco días para comparecer ante el Tribunal de Sentencia que llevará adelante el proceso.
La resolución judicial llega después de más de dos décadas de espera, debido a que el principal sospechoso permaneció prófugo durante 21 años. Su detención, concretada el 9 de julio de 2025, permitió reactivar una investigación que durante mucho tiempo pareció destinada a quedar sin castigo.
Según la acusación fiscal, Felicita Estigarribia tenía apenas 11 años cuando fue asesinada el 31 de mayo de 2004. La niña se dedicaba a vender mandarinas en la ciudad de Yaguarón para ayudar a su familia. Aquel día salió de su casa como de costumbre, pero nunca regresó.
El caso generó una profunda conmoción nacional y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil. En su memoria, cada 31 de mayo se conmemora en Paraguay el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con la elevación de la causa a juicio oral, la Justicia paraguaya se encamina a resolver uno de los expedientes más sensibles de las últimas décadas, en busca de una respuesta judicial que la familia de Felicita y la sociedad han aguardado durante más de veinte años.
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Presidente entrega el bastón de mando al comandante de la Policía César Silguero
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este miércoles la ceremonia de imposición de presillas, entrega de bastón de mando y condecoración al comisario general César Silguero Lobos, comandante de la Policía Nacional. El mandatario destacó que el jefe policial asume la comandancia de la fuerza de seguridad interna en un momento clave, con exigencia de la ciudadanía y objetivos claros del Gobierno.
“Al imponer las presillas y entregar el bastón de mando al nuevo comisario general comandante, el Gobierno de la República y la ciudadanía le entregamos la custodia de la paz pública, la protección de los derechos de cada habitante de nuestro suelo y la sagrada misión de honrar el uniforme institucional. Este bastón conlleva un peso que debe tomarse con responsabilidad y a la vez con mucha valentía”, indicó el jefe de Estado durante el acto.
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El presidente Peña recalcó al comandante de las fuerzas policiales que la ciudadanía exige respuestas en la seguridad y una institución transparente. “Asume usted el liderazgo de la Policía Nacional en un momento clave de la historia de nuestro país, la ciudadanía legítimamente nos exige resultados, nos exige calles seguras, nos exige instituciones trasparentes y una policía que sea el escudo del ciudadano honesto y azote implacable del criminal”, apuntó.
Peña expuso que el comandante de la Policía Nacional debe trabajar sobre tres pilares fundamentales, el primero: “La firme y absoluta determinación de luchar contra el crimen, en cualquiera de sus formas, desde el delito urbano que afecta el día a día de nuestras familias hasta el crimen organizado transnacional que pretende desafiar al Estado mismo”, agregando que “el Paraguay no habrá tregua ni zona de exclusión para quienes pretendan vivir al margen de la ley, el estado de derecho prevalecerá en todas sus formas sin ninguna excepción”.
En segundo punto citó: la “transparencia y depuración institucional, la confianza de la gente se gana día a día con integridad, el Paraguay gigante se construye desde la ejemplaridad de quienes juraron salvaguardar los derechos de sus compatriotas, ser policía, es una vocación de honor y quien no lo entienda así no tiene lugar en esta institución, debemos ser inflexibles con aquellos pocos que olvidaron su juramento y manchan el uniforme”.
Ya como tercer punto, el mandatario habló de la modernización y el bienestar policial. “Así como exigimos, también nos comprometemos, como presidente de esta nación seguiré impulsando la mejora del sistema de trabajo, el equipamiento tecnológico, el entrenamiento táctico y la dignificación del policía y de su familia”, remarcó.
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Investigan homicidio doloso tras mortal ataque con cuchillo
Un presunto hecho de homicidio doloso perpetrado con arma blanca es investigado por agentes del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios, tras la muerte de un hombre de 30 años ocurrida en el barrio Santa Ana de Asunción. La víctima fue identificada como Ángel Adrián Sánchez Quintana falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.
En el marco de las averiguaciones, los investigadores identificaron a dos presuntos autores del hecho. Se trata de Alexis Ramón Saldivar Ríos, mayor de edad, quien registra antecedente por hurto seguido de violencia, y Julio César Saldivar Ríos, de 34 años, sobre quien pesa una orden de detención por violencia familiar y además cuenta con antecedente por robo agravado.
De acuerdo con los datos recabados por los intervinientes, el hecho se registró sobre la calle Paraguarí del barrio Santa Ana, en la capital del país. Tras tomar conocimiento del caso, agentes de la Oficina Central del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.
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La víctima, Ángel Adrián Sánchez Quintana, registraba antecedentes por hurto agravado y coacción grave, según consta en los registros policiales.
En el procedimiento intervino la asistente fiscal de la Unidad Penal N.° 1, Sector 1, de Asunción. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrió el crimen e individualizar a los responsables para ponerlos a disposición de la Justicia.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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