El diputado Néstor Castellano afirmó que los cuestionamientos hacia las gestiones administrativas del intendente asunceno Óscar Rodríguez y el esteño Miguel Prieto “van por cuerdas separadas”. El legislador forma parte de la comisión de intervención del municipio capitalino, que este lunes iniciará labores con la instalación de su mesa de trabajo.

“Los ochenta diputados somos absolutamente libres de votar, conforme a nuestra conciencia, sobre lo que nos parezca justo y correcto”, dijo el legislador al referirse a los requerimientos del Poder Ejecutivo de intervención a los municipios de Asunción y Ciudad del Este, a partir de un informe de la Contraloría General de la República.

“Algunos actores políticos quieren instalar de que la intención primaria, fundamental, es destituir a Miguel Prieto y que en compensación se ofrece en bandeja de plata la cabeza de Óscar Rodríguez. Nada más alejado a la realidad, esta es una cuestión muy diferente, van por cuerdas separadas”, manifestó Castellano en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.

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Vecinos, indignados, atacaron con piedras y petardos la vivienda del adolescente de 17 años, acusado de causar la muerte de Fernanda Benítez (17) y, posteriormente, calcinar su cuerpo en un patio baldío ubicado detrás de su casa.

Tras conocerse la trágica noticia, la gente se congregó frente a la casa de la familia del presunto autor del crimen.

A gritos pidieron que la Policía también proceda a la detención del padre y la madre del sospechoso. Exigieron que la fiscal Gladys Torales de Ovelar agilice los trámites sobre el caso. Incluso algunos plantearon quemar la casa del joven.

“No puede ser que asesinen a nuestra familia, así de esta manera”, clamó entre sollozos en guaraní una señora.

Otros gritaban: ¡asesino!, ¡queremos ver su cara!, ¡fuera de acá!, al tiempo de exigir justicia para la familia de la joven asesinada.

Pobladores del barrio Villa del Maestro de Coronel Oviedo reportaron el hallazgo de restos calcinados de una persona en un patio baldío, que corresponden a la adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde el 27 de mayo. La Policía Nacional logró detener al supuesto novio de la víctima, quien estás sindicado como principal sospechoso.

Según el reporte policial, el cuerpo fue encontrado por vecinos de la zona y se convocó hasta el lugar a la fiscal Gladys Torales de Ovelar, así como a los padres de la menor, quienes reconocieron que se trata de María Fernanda Benítez. Los restos estaban calcinados y tapado con maleza.

El padre de la menor, Leonardo Benítez, indicó a los medios locales que las compañeras de Fernanda manifestaron que aparentemente ella estaba embarazada y que, junto con su novio, fueron hasta una farmacia de la zona donde se practican abortos ilegales. Además, le comentaron que ella fue bajo amenazas y que este joven le quitó su celular para evitar que pida ayuda.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.

• Paulo César López
• paulo.lopez@nacionmedia.com
• Fotos: Emilio Bazán

El próximo 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que fue instituida en 2018 por la asamblea general de las Naciones Unidas con el fin de promover el uso de este medio de transporte accesible, limpio y sostenible. En el caso de nuestra capital y las ciudades del Área Metropolitana, la bicicleta puede contribuir a disminuir la congestión en un contexto en el que el problema no son las largas distancias, sino la lentitud en el desplazamiento por la alta densidad de automóviles individuales que transitan por sus calles y avenidas.

A propósito de esta fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que “ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como caminar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud.

Para los sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte.

Al mismo tiempo, pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte.

La mejora del transporte activo (caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público) no es por tanto solo una cuestión de salud, sino que también puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los costes”.

La bicicleta, además de ser un medio de transporte saludable, es también más asequible para el conjunto de la población, en especial para los sectores de menores ingresos.

En una ciudad rebasada por los vehículos motorizados como Asunción y el Área Metropolitana, cuyo sistema de transporte público es además cada vez más ineficiente, la bicicleta es una opción barata y rápida para desplazarse a través de las distancias cortas y relativamente cortas que demandan nuestros centros urbanos.

Entre otros beneficios, la asamblea general destaca que el uso de la bicicleta mejora la salud mental, el bienestar físico, disminuye el estrés, fomenta la tolerancia, el entendimiento y el respeto, facilita la inclusión social y la cultura de paz.

Además de mejorar la calidad del aire y disminuir la congestión por la menor circulación de vehículos motorizados, es dable esperar que esto también conlleve la reducción de los siniestros viales, que diariamente desvían recursos valiosos que podrían ser empleados para cubrir otras necesidades.

Además de ello, una población más ejercitada y la menor emisión de gases nocivos al ambiente debería implicar una menor demanda de servicios sanitarios.

Más allá de las tendencias fluctuantes vinculadas a las modas e incluso las impuestas por la pasada pandemia, que impulsó este medio ante la escasez del transporte masivo y por facilitar la distancia social, no aparece como algo sencillo una conversión masiva hacia esta forma de movilidad en el corto plazo.

El principal problema es la falta de infraestructura. Es decir, la escasez y falta de integración de vías segregadas que permitan a los ciclistas desplazarse por carriles distintos al resto de los vehículos.

Si bien la red de ciclovías ha aumentado en la capital, en grandes tramos están bloqueadas por vehículos estacionados o no tienen la integración suficiente, por lo que cubren recorridos exiguos que están mayormente desconectados.

Entre las políticas que está implementando el municipio para promover esta forma de movilidad, el arquitecto Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción, refirió que recientemente se lanzó en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) la norma paraguaya PNA ISO 37120, que se enfoca en la gestión y medición de la sostenibilidad de las ciudades y que tiene unos indicadores específicos sobre servicios de la ciudad y calidad de vida.

La normativa busca que los edificios se vuelvan más sostenibles y que fomenten el uso de bicicleta. Con este fin contempla beneficios impositivos para los desarrolladores inmobiliarios y propietarios de edificios que incluyan en los diseños espacios seguros y cubiertos para el estacionamiento de bicicletas.

Con relación a si observa que la movilidad en bicicleta se ha incrementando en la actualidad, Sotomayor aseguró que sí debido al aumento de ciclovías y bicisendas. Sin embargo, admitió que esto aún se encuentra en una etapa muy primaria de evolución y adaptación.

“Yo creo que esta recuperación pospandemia que estamos teniendo nos ofrece una oportunidad para repensar y remodelar el futuro de la movilidad para apuntar en un enfoque con acento en la sostenibilidad en la eficiencia y en la adaptabilidad. En esto sin lugar a dudas tiene un lugar muy importante la bicicleta”, indicó.

Con relación a cuál fue el crecimiento de esta infraestructura en la capital, mencionó que la Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción (Amabici) en su fase piloto sumó 31 km de bicisendas que “en teoría” conectan Asunción con ciudades del Área Metropolitana como Luque, Fernando de la Mora y San Lorenzo.

Respecto a proyectos futuros, señaló que el AMA contempla una red de bicisendas y ciclovías que trata de asegurar la integración de la bicicleta con el transporte público. De esta manera, el objetivo es promover comunidades sostenibles reduciendo el impacto ambiental y mejorando el acceso a áreas verdes a través del uso de la bicicleta.

El proyecto está dividido en cuatro componentes. El primero es la planificación urbana; el segundo, la gestión de residuos; tercero, el manejo de áreas urbanas y verdes, y cuarto, la movilidad y transporte sostenible, donde la bicicleta ocupa un lugar central.

Muchos de los circuitos disponibles ni siquiera son conocidos por los habitantes de la ciudad y por quienes ingresan a diario a ella. No se plantea aquí algo irrealizable, sino ampliar, integrar y difundir los tramos con los que ya contamos.

Para muestra vale un botón. La bicisenda de la calle Capitán Ruiz Díaz de Melgarejo, que se inicia detrás del Hospital Bautista y se extiende hasta las cercanías de Alas Paraguayas, permite a los ciclistas evitar nada más y nada menos que las avenidas República Argentina y Eusebio Ayala a través de un corredor verde que ofrece seguridad y confort térmico.

Esta a su vez está interconectada con la bicisenda de Souza, que atraviesa La Cuadrita y serpenteando cruza Choferes del Chaco hasta casi el nacimiento de la avenida Mariscal López, en las proximidades de la estación central del ferrocarril.

Así, es posible transitar por vías exclusivas un tramo de la principal avenida asuncena e incluso evitarla desde la plaza Batallón 40 hasta la avenida Kubitschek. Es decir, reemplazar un auto por una bicicleta no solo ocupa menos espacio, genera menos ruido y emisiones, sino que también conduce a las personas por otras vías alternativas que son de poco o difícil acceso para vehículos de mayor porte.

De su lado, aunque en su estado actual sirve para fines casi exclusivamente recreativos, otro modelo de infraestructura a ampliar y replicar es la bicisenda de Yegros, que parte del Colegio Naciones Unidas y llega hasta 21 Proyectadas.

Empero, el fallido proyecto de ampliación de esta vía hasta el centro a través de la calle Iturbe muestra que la lucha es cruel y es mucha, tal como también ocurrió con la ciclovía de Palma, a la cual se opusieron frontalmente los comerciantes y que en la práctica es casi inutilizable.

Es decir, el problema no solo es la escasa infraestructura disponible, sino factores culturales que requieren acciones más profundas como la educación cívica y vial.

Por otra parte, la costanera Sur es otra vía que ofrece seguridad a los ciclistas para ingresar al centro evitando la pesada avenida Félix Bogado, con sus largas arribadas y los buses y recolectores de basura rozando la humanidad de quienes transitan en bicicletas. En este sentido, es preciso controlar otros factores ambientales como el combate a la incineración de residuos en el vertedero Cateura, que pueden terminar siendo contraproducentes en la salud y causar accidentes por problemas de visibilidad.

En resumidas cuentas, si bien en términos realistas sería poco factible esperar un cambio masivo en el corto plazo en el patrón de transporte de las personas que ingresan a la capital desde el Área Metropolitana, un medio de transporte más limpio, rápido y sostenible entre el centro y el resto de los barrios de Asunción sí es posible.

A su vez, esto podría resultar replicable al interior de las ciudades centralinas. No obstante, para ello es preciso primero ofrecer mejores garantías para la protección de la integridad y la vida de los usuarios a través de vías más seguras y segregadas del resto del tráfico.