La Fiscalía impartió una orden de búsqueda y localización de un joven brasileño identificado como Antonio Augusto Streski Manjinski, de 25 años, quien se encuentra con paradero desconocido. El hombre estaba cursando el último año de la carrera de Medicina en la Universidad María Auxiliadora (UMAX) y fue visto por última vez el 4 de octubre en Mariano Roque Alonso.
Igualmente, se impulsan otras acciones investigativas realizadas como informar sobre la búsqueda a la Comandancia de la Policía Nacional para que el pedido llegue a distintas comisarías de la zona para dar con el paradero del universitario.
El joven alquilaba una vivienda en Loma Pytã con otros compañeros que señalaron que él se encuentra incomunicado, ya que todas sus pertenencias quedaron en su departamento, como su teléfono celular, documentos, prendas de vestir y dinero en efectivo.
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La denuncia por desaparición fue radicada en la Comisaría 22 Metropolitana por parte de sus amigos. Sus familiares llegaron desde Brasil hasta Paraguay para iniciar la búsqueda de su ser querido que supuestamente días después fue visto en Limpio, pero este hecho no fue corroborado.
Cualquier información sobre el estudiante, piden llamar al Sistema 911, a la Comisaría o Fiscalía más cercana. También disponen del número de teléfono celular 0976 261-643 ante sus familiares que se encuentran desesperados por contar con la ubicación del joven de 25 años.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Campaña “Todos con Iván” busca alcanzar meta de G. 1.000 millones para su rehabilitación
Iván Marcelo, el estudiante de 15 años que había sido atropellado por un automóvil cuando cruzaba la avenida Sacramento, necesitará como mínimo un año de tratamiento y rehabilitación, por lo que requieren un monto aproximado de G. 1.000 millones.
A fin de cubrir costos, familiares, amigos, compañeros, padres de familia y docentes de su colegio iniciaron la campaña solidaria. “Estamos iniciando una campaña ‘Todos con Iván’ con la intención de recaudar fondos para lo que sería su rehabilitación”, refirió hoy su padre, Aldo Sosa, en declaraciones a NPY.
El menor sigue en la unidad de terapia intensiva del IPS, recuperándose de las serias lesiones que sufrió, especialmente en la cabeza.
“Está todavía en terapia, sigue en estado comatoso. Presenta mejoría, presenta avances, pero nos avisaron los profesionales que él va a requerir una rehabilitación intensiva, interdisciplinaria, integral”, explicó.
La fecha tentativa para la colecta es el próximo 15 de noviembre y la meta es llegar a la suma de G. 1.000 millones, porque “por más que le den de alta, mi hijo va a requerir tratamiento mínimo de un año para recuperarse y se necesitan mínimamente dos años para recuperar todas las funciones”, precisó.
El adolescente, alumno del Colegio Técnico Javier, fue atropellado por un automovilista que se movilizaba a gran velocidad, el pasado 24 de agosto, sobre la avenida Sacramento y Molas López cuando intentaba cruzar la calle al salir del colegio.
“El chofer se comunicó conmigo el día del accidente y quiso venir a hablarme, pero yo me negué porque no estaba en condiciones. Y hasta hoy día no estoy en condiciones, porque no puedo mirarle a la cara por todo el daño que nos causó. Hoy día envía ayuda, pero en dos horas ya se va”, comentó el padre.
En ese sentido, mencionó que por día gastan entre 300 y 500 mil en algunos medicamentos e insumos faltantes. “Mediante la ayuda de amigos, de la gente que le conoce a Iván, de la gente que engancha, estamos sobrellevando”, acotó.
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.