Este viernes, docentes y compañeros de la estudiante de 17 años asesinada hace tres meses en su propia vivienda decidieron pedir justicia por la estudiante. Lamentaron la poca acción por parte de las autoridades para detener al hombre que decidió acabar con la vida de la joven y luego se dio a la fuga en el departamento de San Pedro.
Hoy se desarrolló una feria pedagógica en el Colegio Parroquial donde asistía Karen, y sus compañeros como profesores la recordaron. Además, exigieron justicia y que las autoridades actúen como corresponde. “Es una vergüenza porque la Policía y la Fiscalía no hacen nada. Pedimos justicia para mi hermana”, dijo Leidy Gaona en entrevista con canal Trece.
Explicó que ya pasaron tres meses de aquel terrible día en el que su padrastro acabó con su vida, y desde aquel entonces, el principal sospechoso del crimen sigue prófugo. “Realizamos este homenaje a tres meses de su muerte y se sabe el paradero de este hombre, pero no hacen nada por atraparlo”, denunció.
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Por su parte, el director de la institución educativa, Pelagio Mena, resaltó que se trata de una pérdida muy importante para la institución. “Hace mucho que ya pasó todo esto y no hacen nada. Este homenaje es un acontecimiento muy especial para sus compañeros y la institución en nombre de Karen”, señaló.
Agregó que la recuerdan hoy porque el proyecto era una de sus actividades favoritas al ser la mejor egresada del tercer año de la media. “Ella debía terminar su tercer curso técnico y ella es una de las mejores egresadas, brilló desde el primer día en el colegio y sigue brillando. Pedimos justicia”, sentenció.
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Tras 16 años, la ONU vuelve a Paraguay para evaluar medidas contra la tortura en las cárceles
El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) inició su agenda de trabajo en Paraguay con una reunión con autoridades y representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.
La visita se enmarca en las visitas periódicas programadas y en las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005. Es la tercera vez que visita el país después de 16 años, de la última vez que fue en el 2010.
Esta visita se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre y durante los próximos días, los integrantes del Subcomité seguirán manteniendo reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.
En virtud del Protocolo Facultativo, el SPT tiene como fin hacer seguimiento del estado de los lugares que se encuentren bajo su normativa a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran.
La verificación de los centros de reclusión se realizará con el objetivo de constatar el estado de las cárceles y otros lugares de detención y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la última visita de 2010.
De acuerdo al comunicado, el SPT señaló que retorna al país con el objetivo de “evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura” y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.
Además, la delegación mantendrán reuniones con las autoridades paraguayas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.
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Fuga en el penal de Emboscada: cuatro guardias fueron detenidos y no descartan más implicados
El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de Emboscada tras la fuga de dos reos en la madrugada del domingo. En el caso ya hay cuatro guardiacárceles detenidos, sospechosos de ser cómplices del hecho.
Pero, al margen de los agentes penitenciarios que están siendo objeto de investigación, no se descarta que haya más funcionarios involucrados. “Acá hubo complicidad. Estamos seguros de que hay más responsables que deberán responder a la justicia”, expresó este lunes el ministro Rodrigo Nicora, en diálogo con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida fue adoptada en base a todos los hechos que se fueron desencadenando con la investigación realizada con acompañamiento del Ministerio Público.
“La fiscal Fabiola Sosa está haciendo un trabajo excelente”, resaltó Nicora. La representante del Ministerio Público lleva adelante un trabajo conjunto con el viceministro y con el equipo del Ministerio de Justicia.
“En base a eso, al detectarse irregularidades complementarias a la fuga, nos da cuenta de una imperiosa necesidad de intervención completa de la cárcel Martín Mendoza, por las irregularidades que fueron detectadas”, apuntó el secretario de Estado.
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El equipo interventor se constituyó esta mañana y dio las primeras órdenes a tomar a fin de dilucidar el hecho. “Independientemente a la investigación de cuáles fueron los hechos, el director es apartado en este momento de su cargo”, informó el titular de Justicia y añadió que irán revisando la cadena de responsables.
Seguir la cadena de responsables
“Si bien es cierto que es el primer hecho ocurrido en Martín Mendoza, consideramos importante la intervención y luego seguir la cadena de responsables”, puntualizó. Asimismo, el ministro Nicora afirmó que en este tipo de situaciones juega un papel fundamental el factor humano más allá de que el penal cuente con una estructura de primer nivel y un régimen de máxima seguridad.
“Acá hay más responsables. En el penal hay 23 administrativos, 230 funcionarios de seguridad que van por turno, y eso tiene que ser revisado ampliamente, porque se debe cumplir estrictamente un protocolo, que no se cumplió”, aseveró.
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Justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra excandidata presidencial de izquierda
La justicia de Ecuador dictó una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de izquierda Luisa González por el presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023, informó el viernes la Fiscalía.
González, de 48 años, fue detenida la víspera para una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.
El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, según un mensaje en X, sin detallar las razones por las cuales la opositora estará detenida mientras es investigada y antes de que haya posibles condenas.
La excandidata se declaró “perseguida política” del gobierno derechista de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia publicado en sus redes sociales.
En él se le escucha dirigirse a un juez y expresar su disposición para “colaborar con la justicia” ya la vez “exigir un trato justo”.
González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa (2002-2017), un duro crítico del presidente Noboa desde su autoexilio en Bélgica.
“Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado”, declaró la excandidata presidencial.
La RC fue inhabilitada este año y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre.
En el denominado caso Laberinto que envuelve a González, la Fiscalía indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023, que se celebraron de manera anticipada.
Ese año González perdió con el 48 % de los votos frente a Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador y que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el crimen.
Noboa achaca al correísmo haber abierto la puerta al narcotráfico que hoy ha convertido al país en una de las naciones más violentas de la región. González y Noboa volvieron a disputar la presidencia en 2025.
- Fuente: AFP
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Justicia argentina desestima causa contra Milei y su hermana por supuesta criptoestafa
La justicia argentina desestimó este viernes la causa contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en 2025.
A mediados de ese año, Milei difundió en X un proyecto de criptomoneda, llamado $LIBRA, y borró el tuit poco después. Entretanto, la desconocida moneda subió su valor y luego se desplomó, lo que provocó pérdidas de al menos 100 millones de dólares a inversores locales y extranjeros.
Milei negó entonces haber promovido la criptomoneda y explicó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.
Las denuncias sostienen que un pequeño grupo de operadores obtuvo ganancias millonarias mientras otros millas sufrieron pérdidas ante el desplome.
La investigación, que supuso un episodio político particularmente delicado para el presidente ultraliberal, buscaba determinar si existía una maniobra coordinada con participación del mandatario.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi manifestó este viernes que “los sucesos denunciados no se encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso la AFP.
El fallo también sobresee a otros nueve investigados, entre ellos el estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores de la moneda virtual. Ninguno de los acusados fue citado a prestar declaración indagatoria.
El juez sostuvo que las pérdidas de los inversores y la sucesión de una subida y un desplome del precio no bastaban para acreditar una estafa, sin pruebas de un engaño “penalmente relevante”.
Tampoco se demostró que Karina Milei hubiera recibido pagos para facilitar reuniones de los empresarios que impulsaron el token con el presidente, como se había denunciado.
“Facilitar un contacto o contribuir a la organización de un encuentro no equivale, sin más, a vender influencia”, escribió el juez.
El magistrado descartó además los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que la publicación presidencial no estuvo acompañada de actos administrativos ni del uso de recursos estatales.
El fallo también cita el rechazo en septiembre de una demanda colectiva en primera instancia contra los impulsores de $LIBRA en Nueva York por “defectos jurídicos” en la presentación.
- Fuente: AFP
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