La Ande inició este martes un importante operativo que tiene por objeto la intervención de conexiones irregulares o clandestinas en Asunción y ciudades del Departamento Central. Para estos trabajos será desplegado un número importante de cuadrillas.

El gerente comercial, Rodys Rolón, y el jefe de la División de Pérdidas Eléctricas, Óscar Rojas, participaron esta mañana del inicio del operativo de verificación e intervención de conexiones irregulares impulsado por la Administración Nacional de Electricidad.

La primera ciudad visitada como parte de este despliegue fue Ñemby, donde los técnicos de la institución se encargaron de hacer un extenso recorrido para constatar las conexiones domiciliarias de varios usuarios a través de sus medidores.

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De acuerdo a la planificación, se prevé llegar a unos 1.000 suministros en el Área Metropolitana en el transcurso de esta semana, a fin de poner en condiciones las conexiones irregulares y convertirlos en clientes formales de la Ande, afirmó Rolón. El mismo explicó que la intención no es multar a los usuarios por tener conexiones clandestinas sino más bien persuadirlos para que se regularicen.

Como resultado de este primer día del operativo, se lograron verificar en total unos 590 suministros eléctricos en Ñemby, de los cuales fueron intervenidas 16 conexiones irregulares con una facturación por fraude que asciende a poco más de G. 61 millones, de acuerdo al informe.

Entre las irregularidades detectadas por los técnicos de la estatal se encuentran derivaciones antes del medidor, derivaciones en borne en la entrada del medidor, conexiones directas con y sin medidor, así como manipulaciones internas del medidor, entre otras.

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Se prevé que este tipo de verificaciones e intervenciones para combatir las conexiones irregulares se extienda a otras regiones del país tras concluir con la primera etapa del operativo en las ciudades del Área Metropolitana. Cabe recordar que el hurto de energía eléctrica es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal Paraguayo con una pena privativa de libertad de hasta 3 años.

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