Continuando con el proceso de selección de los postulantes a los cargos de contralor y subcontralor general de la República, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, prosiguió este lunes las audiencias públicas, en las que recibieron a nueve candidatos para exponer sus propuestas y respondieron las consultas de los legisladores.

En la ocasión, se presentaron los postulantes Julián Fernando Domínguez, Luis Enrique Franco Bobadilla, Darío Araujo Prieto, Fernando Jhoni Báez Santacruz, Julio Mendoza Aquino, Liz Torres Laconich, Ariel Edmundo Gallardo Espínola, Angélica Ortiz y Jorge Miguel Ayala López. En tanto, Jacqueline Manuela Ramírez de Méndez no asistió a la audiencia.

En sus exposiciones, los postulantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol de la Contraloría General de la República mediante una gestión más eficiente, transparente y orientada a la prevención. Entre los principales ejes planteados se destacaron el fortalecimiento del control preventivo, la modernización de los procesos de fiscalización, la optimización de los mecanismos de auditoría y un mayor acompañamiento a las instituciones públicas para prevenir irregularidades en la administración de los recursos del Estado.

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Asimismo, varios candidatos hicieron énfasis en la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar los procesos de control, la transparencia en la gestión pública, el fortalecimiento de la credibilidad institucional y el diseño de mecanismos que contribuyan a una mayor eficiencia en la formulación y seguimiento de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Al término de las exposiciones, el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, valoró el nivel técnico de los postulantes y destacó que las propuestas presentadas constituirán un importante insumo para fortalecer el marco normativo de la Contraloría General de la República.

El legislador señaló que los aportes recogidos durante las audiencias permitirán impulsar, desde el Congreso Nacional, las modificaciones legales necesarias para dotar al órgano contralor de mayores herramientas que fortalezcan el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, resaltó el compromiso demostrado por los candidatos durante el proceso de evaluación. “Estamos escuchando atentamente cada exposición y tomando nota de los principales aportes. Más allá del desafío que representará seleccionar las ternas, todos los postulantes han demostrado una sólida preparación técnica y han realizado valiosos planteamientos que pueden contribuir al fortalecimiento de la Contraloría General de la República”, expresó el senador.

Por su parte, el director de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abogado Humberto Fernández, informó que aún resta un grupo de postulantes por comparecer y que la convocatoria para la siguiente audiencia será definida entre este jueves o el próximo lunes.

Explicó que la comisión se encuentra recopilando la documentación y los antecedentes requeridos a los postulantes, entre ellos la actualización de sus legajos y las certificaciones de no haber sido objeto de sanciones o sumarios administrativos, en el caso de quienes se desempeñan o se hayan desempeñado en la función pública.

Una vez concluidas las audiencias públicas, la Comisión de Asuntos Constitucionales realizará una reunión ampliada para evaluar los antecedentes y las exposiciones de los postulantes, con el propósito de conformar las ternas que serán elevadas al Pleno de la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que el mandato del actual contralor general, Camilo Benítez, y del subcontralor general, Augusto Paiva, culmina el 1 de noviembre de 2026. En ese marco, la comisión desarrolla el proceso de selección de candidatos que integrarán las ternas para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República.

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El Gobierno presentó la primera Política Forestal Nacional, un documento que busca establecer una hoja de ruta de largo plazo para el crecimiento del sector, fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones para atraer nuevas inversiones nacionales e internacionales.

La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, destacó que se trata de la primera vez que el país cuenta con un marco estratégico integral para orientar el desarrollo forestal. Según explicó, la iniciativa fue construida durante aproximadamente dos años mediante consultas con productores, empresas, comunidades rurales, pueblos indígenas y otros actores vinculados a la actividad.

“El objetivo es que esta política trascienda gobiernos y se convierta en una herramienta de Estado, con reglas claras y una visión compartida sobre el futuro del sector forestal paraguayo”, señaló Goralewski, este sábado, a la 1020 AM. La titular del Infona sostuvo que el sector forestal tiene potencial para convertirse en uno de los principales motores económicos del país, no solo por su capacidad de generar inversiones y exportaciones, sino también por su impacto en el desarrollo de comunidades rurales y la creación de empleo.

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La estrategia se presenta además en un contexto favorable para Paraguay, marcado por la reciente ratificación del grado de inversión por parte de Moody’s y el creciente interés de fondos internacionales por proyectos vinculados a sostenibilidad, economía verde y desarrollo productivo.

Goralewski afirmó que la combinación de estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional y condiciones naturales competitivas posiciona al país como un destino atractivo para nuevas inversiones forestales. A ello se suma el trabajo de promoción internacional impulsado por el Gobierno para posicionar al Paraguay forestal en mercados globales.

Sin embargo, advirtió que el próximo desafío ya no pasa únicamente por aumentar las plantaciones forestales, sino por avanzar hacia una mayor industrialización. Indicó que la prioridad es generar más competitividad para que el país exporte productos con mayor valor agregado y reduzca progresivamente la venta de materia prima sin procesamiento.

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Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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Paraguay atraviesa una etapa decisiva de transformación demográfica con más del 66 % de su población en edad de trabajar, lo que representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico mediante políticas enfocadas en educación, empleo y productividad, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con las Estimaciones y Proyecciones de Población 2025, el país contará en 2026 con 6.460.159 habitantes. De ese total, 4.294.793 personas tienen entre 15 y 64 años, grupo considerado en edad productiva; mientras que 1.593.122 corresponden a la población de 0 a 14 años y 572.244 habitantes tienen 65 años o más.

Milciades Brítez Díaz, jefe de departamento de Demografía del INE señaló en su publicación titulada “La Victoria sobre ayer” que Paraguay dejó atrás el desafío histórico de poblar el territorio y actualmente enfrenta un reto cualitativo, que consiste aprovechar su fuerza laboral, preparar a la juventud mediante educación y capacitación, y fortalecer los sistemas de salud y protección social ante el crecimiento de la población adulta mayor.

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Este escenario coincide con una mejora en los indicadores del mercado laboral. Paraguay cerró el 2025 con un aumento aproximado de 119.000 personas ocupadas y una tasa de desocupación histórica del 3,6 %. La Fuerza de Trabajo, integrada por personas de 15 años y más, alcanzó a 3.419.032 personas, equivalente al 73,4% de la población en ese rango de edad.

La cantidad de personas ocupadas llegó a 3.297.188, ubicando la tasa de ocupación en 70,8 %. Esto representa un aumento de 1,7 puntos porcentuales y 118.964 personas más con empleo respecto al mismo periodo de 2024. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector secundario, con unos 75.649 nuevos trabajadores, especialmente en industrias manufactureras.

Asimismo, el número de trabajadores asalariados aumentó en 92.794 personas, principalmente por el crecimiento del empleo privado, mientras que los trabajadores independientes sumaron 23.031 personas más, con destaque para quienes trabajan por cuenta propia. La población ocupada en actividades no agropecuarias creció en alrededor de 111.233 personas y los empleos formales no agropecuarios aumentaron en aproximadamente 79.109 personas.

En cuanto a la composición poblacional, Paraguay cuenta con 3.256.788 hombres y 3.203.371 mujeres. La edad mediana es de 29,4 años y la esperanza de vida al nacer alcanza los 73 años para los hombres y 78,7 años para las mujeres.

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