El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.

La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.

La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.

Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.

En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.

Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.

El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.

A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.

Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.

El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.

La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.

Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.

La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.

El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.

Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.

La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.

La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.

El senador Natalicio Chase, líder de bancada oficialista confirmó que se encuentran analizando la situación de la senadora Zenaida Delgado quien forma parte de la bancada. Aclaró que aún no hay una postura definida y que no se descarta la renuncia, ni la pérdida de investidura.

En conversación con varios medios de prensa, el legislador mencionó que esta mañana recibieron a la senadora Delgado, y que luego de escuchar su descargo y recibir en el transcurso de esta tarde a los denunciantes para contrastar las versiones, anunció que tendrán una postura definida para mañana previo al inicio de la sesión ordinaria.

El legislador oficialista explicó que junto a sus colegas integrantes buscan reunir la mayor información antes de decidir si acompañan una eventual sanción, incluida la pérdida de investidura. Al respecto, señaló que la senadora negó haber recibido las transferencias cuestionadas y atribuyó los movimientos de dinero a su expareja y a familiares.

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“Creo que vamos a tener una conclusión para las 8:30 antes de comenzar la sesión mañana. Tampoco hemos leído todavía el libelo acusatorio, o sea que vamos a tener una situación concreta mañana antes de entrar a la sesión. Ella se defendió ante el bloque, nos dio una explicación, inclusive llegó a mostrar un extracto de cuenta y esas cosas, entonces estamos haciendo un análisis de toda la información, los compañeros siguen trabajando ahí adentro y queremos ser justos en el análisis”, expresó.

Respecto a las declaraciones que realizó Delgado sobre la responsabilidad compartida con el titular del Congreso, Basilio Núñez, el senador Chase aclaró que la contratación de los funcionarios de confianza que se le asigna a cada legislador, se da a través de un pedido escrito presentado por cada parlamentario.

“El presidente del Congreso solo es el ordenador que hace el contrato por ser el titular del Legislativo, pero él no es responsable de ninguna de las contrataciones que se hagan en el Congreso que no estén directamente relacionadas a él” acotó.

El senador Chase afirmó tanto la posibilidad de solicitar la renuncia de Delgado como la pérdida de investidura. “Nosotros estamos tratando de ser justos, vamos a escuchar todas las partes involucradas; no está descartada tampoco la pérdida de investidura, o el pedido de renuncia, tampoco está descartada ninguna sanción, o sea, no tenemos una conclusión, por eso yo no quiero adelantar nada”, remarcó.

No obstante, remarcó que en este caso, no se ajusta las condiciones de que la parlamentaria llegue a solicitar solamente permiso de su banca para someterse a la investigación judicial.

“Todavía no está clara la situación porque nos falta la contraparte. Tampoco tuvimos todavía acceso al libelo acusatorio, yo creo que enseguida vamos a tener si es que ya presentaron. Nosotros queremos escucharles a los denunciantes. El presidente del Senado, Basilio Núñez tuvo una reunión con ellos, pero nosotros queremos escucharles, para contrastar la información que nos dio la senadora. Si existe demostración de que es culpable va a haber consecuencias”, remarcó.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, fue elegido por aclamación unánime como presidente de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra este viernes para considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas. En tanto que su homólogo de República Dominicana Víctor “Ito” Bisonó, fue elegido vicepresidente.

A través de la Cancillería Nacional mencionaron que la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es uno de los principales órganos políticos del mencionado organismo para responder a situaciones urgentes y de interés común para los Estados Americanos.

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Esta reunión fue convocada por el Consejo Permanente, se celebrará en la sede de la Secretaría General de la OEA, en Washington, D.C., sin la participación de Nicaragua, debido a que el país formalizó su retiro del organismo en 2023. Desde el organismo regional explican que esta “reunión de consulta”, es un instrumento poco común en la OEA.

En la ocasión, los Estados miembros expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país y aprobaron una resolución que urge a las autoridades nicaragüenses a adoptar medidas para la restauración de la democracia y el Estado de derecho.

En su discurso, el canciller señaló que, más allá de las diferencias y particularidades de cada nación, los países del hemisferio comparten el compromiso de defender la voluntad popular, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“Ese compromiso común debe orientar nuestro diálogo y nuestra cooperación, con pleno respeto a la soberanía de nuestros países”, expresó.

Señaló que la OEA, como organización pionera del multilateralismo, no puede permanecer ajena a ninguna situación que atente contra la democracia en la región y manifestó su preocupación por las condiciones que atraviesa la población nicaragüense, particularmente por las restricciones a sus derechos políticos y humanos.

De la reunión también participó el subsecretario de Estado de los EE. UU,, Christopher Landau, quien entre otras cosas señaló que es importante para la región que en Nicaragua se restaure el Estado de derecho.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, celebró la aprobación de la resolución y destacó que la reunión constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso de Paraguay con el pueblo nicaragüense. “Paraguay no los olvida y hará lo imposible para que el pueblo nicaragüense sea libre”, expresó.

Asimismo, recordó que el presidente de la República, Santiago Peña, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo referencia a la fragilidad y al deterioro de la democracia en algunos países del hemisferio y remarcó la necesidad de no guardar silencio ante estas situaciones.

Finalmente, sostuvo que la OEA no puede permanecer en silencio, considerando que la sociedad civil, los ciudadanos nicaragüenses y quienes se encuentran en el exilio esperan del organismo no solo una declaración, sino también acciones concretas.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió esta mañana al canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, para evaluar la agenda internacional prevista en Washington donde participará de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizará este viernes 2 de octubre.

A través de las redes sociales de la Presidencia, informaron que durante este encuentro las autoridades diplomáticas de la región abordarán, entre otros temas, la situación de la democracia a nivel regional; sobre todo una de las principales preocupaciones de los Estados miembros es la situación política de Nicaragua.

Además, el canciller paraguayo tendrá la oportunidad de analizar con sus colegas del hemisferio aquellas amenazas regionales que representen un peligro para los países democráticos.

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El deterioro de la democracia en Nicaragua es un tema que preocupa a toda la región, por lo que desde el organismo regional estarán analizando las eventuales acciones apropiadas a tomar frente a las recientes reformas políticas y restricciones democráticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Reunión de Consultas de Cancilleres de la OEA, fue convocada por el Consejo Permanente y se celebrará sin la participación de Nicaragua, debido a que el país formalizó su retiro del organismo en 2023. Desde el organismo regional explican que esta “reunión de consulta”, es un instrumento poco común en la OEA.

Nicaragua está gobernada con mano de hierro por una pareja presidencial, el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega (80 años) y su esposa Rosario Murillo. Ese fuerte control sobre la sociedad aumentó tras las protestas en 2018, que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.

Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno. Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios.

En los últimos cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales, tras una reforma constitucional aprobada a finales de 2024, que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a copresidenta.

Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027, pero Ortega anunció recientemente que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)” puedan tomar el poder. El parlamento nicaragüense ratificó esa medida.

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