Ciudad el Este. Agencia Regional.

El segundo caso de amenaza hallado en el sanitario de una institución educativa de Santa Rita, Alto Paraná, se registró ayer. El escrito “Mazacre. Jueves 14. Prepárense. Apuñalados. Todo cuenta”, fue encontrado en la pared del sanitario masculino del Colegio Nacional Santa Rita, ubicado en el centro urbano del municipio, según reportó la Comisaría 18ª.

La denuncia fue realizada por el director del turno mañana de la institución, licenciado Pedro Alcides Galeano (49). Explicó al personal policial que a las 15:34 de ayer 13 de mayo, un corresponsal del sitio Santa Rita Visión le envió la imagen de un escrito en el sanitario masculino de la institución donde presta servicios.

“Mazacre. Jueves 14. Prepárense. Apuñalados, todo cuenta”, decía el escrito. El comunicador le preguntó al director si era cierto lo que le enviaron. De esa forma, el director del colegio se informó sobre la amenaza.

El profesor relató en la unidad policial que había viajado a la ciudad de Coronel Oviedo y, regresó siendo las 19:40 para ir a verificar el sanitario del colegio donde encontró la pared del baño con restos del escrito y pintado con alguna sustancia blanca. Sacó fotografías y se dirigió a la Comisaría para la respectiva denuncia, según el reporte policial.

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Personal policial acudió al colegio y comprobó el escrito, siendo comunicada la Fiscalía. Agentes de Criminalística y del Ministerio Público verificaron el lugar. Consultada la fiscal Rocío González qué medidas dispuso, refirió que ordenó precisamente lo que el director Galeano hizo, comunicar a los padres y alumnos para que hoy nadie asista al local educativo.

Hoy se realizó el desfile estudiantil en la ciudad de Santa Rita como es a nivel país en homenaje a la patria y estaba previsto que los alumnos acudan al colegio y desde allí partir hasta el sitio de inicio del desfile. Sin embargo, ante lo ocurrido, se prohibió pisar el colegio hoy.

La fiscal dispuso también que sean convocados funcionarios de Codeni para la verificación del circuito cerrado porque, pueden ser hallados en flagrancia niños o adolescentes.

Lo del Colegio Nacional Santa Rita es el quinto caso de amenaza en colegios de Alto Paraná, en el último mes. También en Santa Rita, se denunció un escrito en la Escuela Graduada 1933. Esta semana fue hallado el escrito en la Escuela Graduada 1772 Agustín Van AAken de Tavapy y, hace dos semanas, en el Colegio CIE de Presidente Franco y en el Colegio Primer Intendente Municipal de Ciudad del Este.

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Con el objetivo de fortalecer el apoyo de jueces penales de Ejecución y de Garantías, el equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia acompañó las jornadas de entrevistas realizadas a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones. La actividad fue organizada en el marco de una jornada interinstitucional, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas vigentes para la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

En el marco de la jornada de trabajo se realizaron entrevistas a personas privadas de libertad, garantizando la protección de sus derechos y el cumplimiento de las normativas vigentes, así como la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

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Durante las audiencias, los jueces otorgaron medidas menos gravosas que la prisión preventiva, incluyendo libertades por cumplimiento de la pena mínima y por buena conducta. Además, participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública, quienes brindaron asesoramiento a sus representados sobre la situación actual de sus causas penales.

Las jornadas estuvieron a cargo de los jueces penales de Ejecución y de Garantías, los abogados Derlis Gustavo Rojas, de Misiones; Víctor Paredes, de San Juan; Blas Eduardo Montiel, de Ayolas; y Dora Maciel, de San Juan. Asimismo, acompañaron el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, magistrado Pedro Duarte, y los funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria.

Cabe mencionar que la visita se realizó en cumplimiento del artículo 23 de la Acordada Nº 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del C.E.P. (Ley Nº 5.162/2014), Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.

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Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales y coordinador del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), confirmó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Remarcó que esta investigación, que continúa abierta, no solo es una prioridad para la Fiscalía paraguaya, sino que para toda la comunidad jurídica internacional penal.

Brindó estas declaraciones durante el acto de homenaje que se llevó a cabo este sábado frente al busto del fiscal Pecci en el Ministerio Público de Asunción, en el marco del cuarto aniversario de su asesinato en Colombia, con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, así como Maricel Albertini, madre de Pecci, y los fiscales Francisco Cabrera, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, que integran el ECI.

“Este equipo está en permanente contacto con sus pares de Colombia, y toda información que surja respecto al caso debe ser compartido por los dos equipos de la fiscalía paraguaya y colombiana”, manifestó Rolón ante la prensa, puntualizando que la carpeta fiscal que aún sigue vigente y que su contenido es “altamente confidencial”.

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A su turno, el fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que, a partir de las declaraciones del fallecido sicario colombiano Francisco Correa Galeano, se formó una carpeta fiscal el 9 de octubre del 2023, en la cual se han registrado muchísimas actividades de cooperación internacional que ya fueron divulgadas.

Recordó que el 21 de octubre del 2024 se constituyó el Equipo Conjunto de Investigación como una herramienta de vanguardia en materia de cooperación internacional que permite desplegar investigaciones conjuntas, coordinadas y estratégicas con las autoridades competentes de la investigación penal en Colombia.

Como novedad, el fiscal Doldán informó que este mismo equipo conjunto mantuvo una reunión presencial en Panamá, como territorio neutral, en marzo pasado, que no se dio a conocer mediáticamente, sobre la base de guardar sigilo de las diligencias investigativas.

“Los equipos conjuntos de Paraguay y Colombia nos reunimos en la ciudad de Panamá, una ciudad neutral bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de Naciones Unidas, y hemos estado trabajando en ese lugar donde se afianzaron las capacidades investigativas de ambos países, se concentraron las diligencias investigativas y se exploraron aspectos que fueron dejados de lado a lo largo de la investigación, principalmente en territorio colombiano”, precisó.

“Desde luego, por cuestiones de sigilo y confidencialidad judicial sobre todo en la necesidad de preservar los actos investigativos y diligencias sensibles no podemos contar las particularidades y especificaciones muy claras”, expresó.

Remarcó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales responsables de la muerte del fiscal Marcelo Pecci. “Sí, podemos decir que bajo la necesidad del sigilo que nos impone el instrumento de cooperación técnica, así como la investigación de la envergadura como esta, que es transnacional, vinculada sin lugar a dudas al crimen organizado, esto nos exige celo absoluto de parte de los fiscales y una prudencia investigativa en la que estamos comprometidos en mantenerla hasta el final”, aseguró.

“Este caso va a terminar cuando todas las personas, todos los participantes del hecho tengan una condena ejemplar”, remarcó. En cuanto a la hipótesis de que la orden de asesinar al fiscal Pecci habría salido de Paraguay, Doldán señaló que es una variable positiva, lógica y que está siendo manejada desde el Ministerio Público.

Mencionó que se ha formalizado una cooperación con los Estados Unidos, también es de carácter reservado. Doldán señaló que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia y aguardando que se levante el recelo judicial en Virginia para comenzar a compartir información en el marco de la detención de Sebastián Marset. Precisó que el ECI está llevando adelante el trabajo de rastreo de fuentes financieras.

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La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.