Una avioneta con una carga de 400 kilos de cocaína fue incautada en la localidad de San Miguel, departamento de Misiones, en la mañana de este lunes. Así también fueron detenidas cinco personas en un operativo antidrogas realizado por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional, que detectaron un importante envío narco en esta zona del país.
El fiscal Ysaac Ferreira lideró el operativo en el que se incautaron 11 bolsas de cocaína, con una carga de 30 kilos cada bolsa, que totalizaron aproximadamente 400 kilos. En tanto que fueron detenidas 5 personas, 3 ciudadanos paraguayos y 2 bolivianos, de acuerdo a información divulgada por la Fiscalía.
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Las personas que se encontraban a cargo del cargamento no opusieron mayor resistencia ante el importante despliegue policial que los interceptó para evitar una posible fuga. Al ser reducidos, todos fueron puestos boca abajo contra el suelo y hasta el momento no fueron divulgadas sus identidades.
El fiscal a cargo investigará todas las posibles conexiones con los detenidos y además buscará al propietario, sea paraguayo o extranjero, de la importante carga de droga que fue incautada. La narcoavioneta que trasladaba la carga fue confiscada por orden fiscal y posteriormente se investigará su matrícula, mientras que los detenidos se negaron a colaborar con mayores datos.
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Imputan al exintendente de Villa Hayes Esteban Ríos y a su hijo por administración en provecho propio
El fiscal Jorge Arce presentó una imputación contra el exintendente de Villa Hayes por la Alianza, Esteban Ríos Ayala, y su hijo, Esteban Ríos Isasi, por el delito de administración en provecho propio.
Ahora, un juez deberá admitir el acta de imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los procesados serán privados de su libertad o beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
El representante del Ministerio Público solicitó al juzgado medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial y la prestación de una caución personal o real, entre otras que el magistrado considere pertinentes.
De acuerdo al acta de imputación, en fecha 26 de noviembre de 2020, el intendente municipal, Esteban Ríos Ayala, expidió un certificado de ocupación del inmueble a su hijo Esteban David Ríos Isasi en carácter de poseedor del inmueble ubicado en la Manzana n.° XIV, Lote n.° 08 del Barrio San Jorge, Remansito, Villa Hayes, para la regularización del inmueble y para realizar el trámite de arrendamiento. En dicho certificado se menciona además que una vez vencido el plazo de 30 días se deberá reiniciar nuevamente la solicitud del presente certificado con el pago del canon correspondiente. Al respecto, no se cuentan con datos acerca de un nuevo pedido del certificado una vez vencido este.
Asimismo, el escrito fiscal indica que en fecha 25 de octubre de 2021 , un mes después de la firma del contrato de arrendamiento, Esteban David Ríos Isasi promovió ante la Intendencia de la Municipalidad de Villa Hayes el procedimiento administrativo tendiente a obtener la compra a título definitivo de propiedad de la fracción de terreno municipal que supuestamente venía ocupando, individualizada como Manzana XIV, Solar N.º 8, ubicada sobre las calles Taruma casi Jorge Sosa, lugar denominado San Jorge– Remansito, Distrito de Villa Hayes.
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Imputan a dueño de un perro tras el ataque que dejó herido a un niño
La falta de responsabilidad y conciencia sobre el cuidado de los animales vuelve a quedar expuesta tras un episodio ocurrido en Luque, donde un niño de 10 años resultó herido tras ser atacado por un perro. La Fiscalía informó este domingo que imputó al propietario del animal por omisión de auxilio y transgresión de la Ley de Bienestar y Protección Animal.
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, además solicitó la prisión preventiva del propietario. Entre sus argumentos señaló que el hombre reside en las inmediaciones de la víctima y que esa cercanía podría permitirle influir sobre eventuales testigos del caso.
El ataque se produjo durante la mañana del 25 de septiembre, en una vivienda de la compañía Cañada Garay. Tras el incidente, familiares llevaron al menor hasta el Hospital General de Luque, donde los médicos constataron varias heridas abiertas, entre ellas una en el cuello y otras en brazos y piernas.
El pequeño recibió lavado de las heridas, curaciones y las correspondientes suturas. Según el reporte médico, permanecía estable luego de ser atendido.
Mientras avanza la investigación, el perro, un ovejero de aproximadamente un año, quedó bajo resguardo y vigilancia de la Dirección de Bienestar y Protección Animal.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.