Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los bomberos voluntarios de los tres cuerpos que operan en Hernandarias se manifestaron este lunes frente a la Municipalidad, por deudas en concepto de tasa municipal pagada por los contribuyentes, pero que la comuna no traspasa a las instituciones bomberiles.

Es lo que señalaron los representantes de K-121 pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (Amarillos), de K-3 (Azules) y el cuerpo del barrio San Francisco. Con sus respectivos camiones se instalaron frente la sede municipal con el toque de alarma en señal de protesta.

A los amarillos la comuna adeuda desde abril del 2026; a los azules 9 meses y; con los de San Francisco la deuda es de 8 meses, refirió a La Nación/Nación Media, Aníbal Adorno, de K-3. Informó además que, en el caso de K-3 la deuda es de 180 millones, aproximadamente.

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La movilización de hoy no tuvo respuesta del intendente Nelson Cano y, de seguir así, los tres destacamentos cerrarían sus servicios, porque es imposible continuar sin recursos con la serie de inconvenientes en las unidades y sin poder resolverlos, explicaron. “Si continúa así, en tres días, posiblemente, vamos a cerrar”, dijo Adorno.

Una de las advertencias que realizaron los bomberos antes de la movilización de hoy fue la divulgación de la falta de ambulancia por desperfectos mecánicos en los tres destacamentos. Otra serie de inconvenientes técnicos les afecta por la falta de recursos y, en breve, ya no podrán ir en auxilio de las personas, dijeron hoy en la manifestación.

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En el marco de las festividades por el Día de la Primavera y la Juventud, el candidato a intendente de Ciudad del Este, Rigo Chamorro, extendió un mensaje de felicitación e invitación a la comunidad, destacando la energía y los sueños que caracterizan a los jóvenes del departamento de Alto Paraná. Bajo la premisa de encarar el futuro con esperanza y en familia, se anunció la realización del “Gran Festival de la Juventud”, concebido como una jornada de esparcimiento y encuentro social para toda la ciudadanía.

“¡Feliz Día de la Primavera y la Juventud! Hoy celebramos la llegada de una nueva estación y con ella la alegría, la energía y los sueños que caracterizan a nuestra juventud. Que esta primavera nos encuentre con esperanza, compartiendo en familia y mirando siempre hacia adelante. ¡Feliz Primavera y Feliz Día de la Juventud!”, expresó Chamorro en redes sociales.

El evento se celebrará el próximo domingo 27 de septiembre con una masiva caravana que partirá desde el sector de Integral, a la altura del kilómetro 12, para recorrer las principales avenidas esteñas con el entusiasmo de las delegaciones participantes. La comitiva tendrá como destino final las instalaciones del Club 3 de Febrero, punto central de la convocatoria.

La apertura de portones en el predio deportivo está programada para las 15:00, mientras que el arribo de la comitiva de la caravana se prevé para las 18:00. A partir de esa hora se dará inicio al festival artístico, que contará con un despliegue musical en vivo sobre el escenario principal a cargo de reconocidos grupos y solistas como Talento de Barrio, Marilina, Solange Anahí, Cumbia Juan y Richard Duarte.

La organización confirmó que el acceso al evento en el estacionamiento del Club 3 de Febrero será totalmente libre y gratuito para todo el público. Se invita a los jóvenes, amigos y familias a sumarse a esta celebración destinada a promover el talento nacional y el esparcimiento sano en la capital altoparanaense.

Personal de blanco, perteneciente a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, anuncia una manifestación para este martes 22 de setiembre. Exigen un reajuste salarial y avanzar en el proyecto de la carrera sanitaria. La movilización está prevista para las 11:00 frente al Ministerio de Salud.

“Hasta el momento, 28 sindicatos y asociaciones asociadas a la Federación estaremos movilizándonos para reclamar un reajuste salarial del 50 % sobre los salarios actuales que abarca a todos los trabajadores del sistema público de salud sin incluir a los médicos”, explicó hoy Gabriel Dadey, del Sindicato de Odontólogos del Paraguay, en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, piden avanzar en el proyecto de la carrera sanitaria que quedó pendiente luego de que los médicos hayan logrado su objetivo, indicó.

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Mencionó que son aproximadamente 45.000 profesionales, sin contar los médicos. Puntualizó que el monto que se necesita para cubrir dicho pedido sería de USD 103 millones.

Añadió que ya habían presentado su propuesta al Ministerio de Salud, pero no han tenido respuesta. “Nosotros presentamos una nota anteriormente a la Dra. (María Teresa) Barán y a partir del cambio volvimos a presentar la nota a las nuevas autoridades y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, señaló.

Por dicho motivo, decidieron recurrir a la manifestación y no descartan otras medidas en caso de no ser escuchados. “La movilización responde a entablar ese diálogo necesario, no solamente con el Ministerio de Salud, sino solicitar hacerlo con el Ministerio de Economía y Finanzas y eventualmente con el Parlamento”, señaló.

En ese sentido, manifestó que esperan contar con un mínimo de 1.000 personas frente al Ministerio de Salud Pública.

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La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.