El intendente de la ciudad de Nueva Asunción, Juan Vera, explicó que no se cobra un peaje en la zona, sino una tasa de G. 5.000 por el uso de la ruta interna y que los funcionarios de la municipalidad están emitiendo un talonario como comprobante.
“La verdad que no es un peaje, es una tasa de conservación de pavimentos que está establecida en la Ley Orgánica. No es para el ingreso a la ciudad, sería una ruta interna que tenemos y sobre eso estamos cobrando la tasa”, señaló el intendente en comunicación con la radio 1020 AM.
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Mencionó que la Municipalidad de Nueva Asunción está cumpliendo con lo establecido en la ordenanza, como también se da en otras localidades del país, y que los fondos recaudados serán destinados al mantenimiento de la pavimentación de la localidad.
Vera indicó que los funcionarios de la Municipalidad de Nueva Asunción están con inspectores para el cobro de la tasa y que la misma situación se da en la ciudad de Nanawa, del departamento de Presidente Hayes, para el mantenimiento de los caminos internos de la localidad.
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“Estamos cumpliendo con lo que dice la ordenanza como también están haciendo en otros lados. Estamos cobrando a los automovilistas que usan ese tramo de la ruta que es una calle interna. El dinero recaudado se utilizará para la conservación de la pavimentación”, agregó.
El intendente de la ciudad de Nueva Asunción refirió que la tasa se está cobrando a todas las personas que transitan por el tramo interno de la ciudad porque es una ruta muy utilizada y que el caso fue analizado con el equipo jurídico de la municipalidad antes de implementarse.
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Tras destitución de Prieto, piden a Fiscalía indagar supuestos hechos de corrupción
Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.
En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.
“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.
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Elección del interino
El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.
Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.
“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.
Dos imputaciones
El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.
Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.
Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.
Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.
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Ministra pide al Senado rechazar proyecto que exonera cobro de peajes a lugareños
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Claudia Centurión, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de solicitar el rechazo del proyecto que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de tasa de peajes del país.
La funcionaria de Estado comentó que el pago de peaje es importante para su institución porque permite generar recursos para la construcción de nuevas rutas y para los mantenimientos. La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Nuestra posición siempre es pensando en los fondos que dispone el Ministerio de Obras Públicas para no solo construir, sino mantener las rutas. Parte importante de esa estructura de costos tiene relación con la recaudación de peajes”, indicó a los medios de comunicación.
Asimismo, Centurión manifestó que “sin embargo la buena noticia es que desde el ministerio se trabaja en la modernización de los peajes, en tecnologías para todo el país, y esto va a poder permitir en el corto y mediano plazo se cuenta con mucha mayor información y los datos reales de los usuarios frecuentes. Ahora también el registro de patente generará mucha información adicional para generar con datos reales mejoras, beneficios, incentivos para aquellos usuarios frecuentes del peaje".
La objeción de Centurión a la iniciativa cuenta con el respaldo de las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, bajo el argumento de que no existe una fuente económica que reemplace el ingreso obtenido mediante la aplicación de peajes. El proyecto impulsado por el diputado Hugo Meza, en su artículo 3, contempla exonerar el pago del 100 % para los ciudadanos habitantes de los distritos donde están ubicados los puestos.
Mientras que, en su artículo 4, estipula la exoneración del 50 % del pago a los habitantes de los distritos de los departamentos donde están ubicados los puestos de peaje. En ambos casos el beneficio solo podrá ser usado dos veces diarias por cada vehículo, es decir, ida y vuelta, y solo en sus respectivos puestos de peajes.
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Piden intervención fiscal ante escalada de actos violentos cometidos por prietistas
El concejal Ernesto Guerín requirió la intervención del Ministerio Público en la Municipalidad de Ciudad del Este ante la escalada de actos violentos perpetrados por adherentes del intendente suspendido Miguel Prieto. El edil colorado alegó que la situación obstaculiza el normal funcionamiento de la comuna.
“Existe una guerra campal y no sabemos qué nos espera hoy. Los séquitos de Prieto rodean y asfixian a la municipalidad, hacen destrozos contra bienes públicos y hasta ahora eso no tiene una consecuencia jurídica, entonces uno puede venir a destrozar todo y no ir preso“, dijo Guerín, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que Prieto mantiene movilizados a sus adherentes con la finalidad de generar caos en el marco del tratamiento de su destitución, que será analizado este martes por la Cámara de Diputados mediante una sesión extraordinaria. El informe final de la fiscalización emitido por el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expone graves irregularidades en la gestión del opositor y la tendencia apunta a que sería apartado del cargo.
“Esto es triste, hay mucha gente que quiere hacer sus gestiones, pero no puede debido a que la municipalidad está con los brazos caídos. Hay convocatoria a manifestaciones en la zona de la rotonda, no sabemos qué es lo que planean la gente de Miguel Prieto y hacia dónde nos vamos porque la municipalidad no está trabajando”, refirió.
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“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, refiere el comunicado lanzado días atrás por el interventor tras el atraco a su despacho y la instalación de micrófonos para espiarlo.
Todas las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoría fueron corroboradas por la intervención: el mal uso del combustible, las inversiones en gastos de capital que fueron a parar a gastos corrientes por más de 29.000 millones, la existencia de cajas paralelas, funcionarios municipales que efectivizaron cheques entregados a comisiones vecinales, entre ellos, uno de G. 600 millones.
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Interventor de CDE sostiene solidez de informe y minimiza “conversaciones grabadas mafiosamente”
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, se ratificó en que los audios filtrados en redes sociales, presuntamente por el equipo de Miguel Prieto, fueron montados con la finalidad de desmeritar su trabajo de fiscalización técnica. El informe final de 212 páginas, elaborado por el economista, corrobora las graves irregularidades observadas por la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión comunal del líder del movimiento Yo Creo.
“Me ratifico en que los audios fueron tocados, además de cortados y montados, hay frases que yo niego categóricamente. El interventor se expide a través de su dictamen y el informe final, y no a través de conversaciones grabadas de manera ilegal o mafiosamente. Hay que remitirnos al documento y tratar de rebatir, y no matar al mensajero", dijo Ramírez, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba Hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Cámara de Diputados sesionará esta mañana, a fin de considerar como único punto el informe emitido por la intervención para resolver si destituyen o no al dirigente opositor del cargo de intendente. “Hay como una estrategia perversa de bajar el precio a las irregularidades administrativas. Las reglas administrativas protegen a los ciudadanos del mal manejo de los administradores públicos. Hay que tener mucho cuidado porque con ese criterio solo vamos a tener reglas para los contribuyentes y los administradores harán lo que quieren", refirió.
Asimismo, Ramírez manifestó que “las violaciones a las reglas y procedimientos administrativos son condiciones precedentes para las barbaridades que se pueden hacer posteriormente. En la administración de Prieto hay groseras violaciones administrativas y un manejo discrecional“.
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Puntos llamativos
El economista señaló que uno de los puntos más llamativos se centran en el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna: “Eran simples fachadas”. Agregó que otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
Entre las irregularidades detectadas también en la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.
Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.