El intendente de la ciudad de Nueva Asunción, Juan Vera, explicó que no se cobra un peaje en la zona, sino una tasa de G. 5.000 por el uso de la ruta interna y que los funcionarios de la municipalidad están emitiendo un talonario como comprobante.
“La verdad que no es un peaje, es una tasa de conservación de pavimentos que está establecida en la Ley Orgánica. No es para el ingreso a la ciudad, sería una ruta interna que tenemos y sobre eso estamos cobrando la tasa”, señaló el intendente en comunicación con la radio 1020 AM.
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Mencionó que la Municipalidad de Nueva Asunción está cumpliendo con lo establecido en la ordenanza, como también se da en otras localidades del país, y que los fondos recaudados serán destinados al mantenimiento de la pavimentación de la localidad.
Vera indicó que los funcionarios de la Municipalidad de Nueva Asunción están con inspectores para el cobro de la tasa y que la misma situación se da en la ciudad de Nanawa, del departamento de Presidente Hayes, para el mantenimiento de los caminos internos de la localidad.
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“Estamos cumpliendo con lo que dice la ordenanza como también están haciendo en otros lados. Estamos cobrando a los automovilistas que usan ese tramo de la ruta que es una calle interna. El dinero recaudado se utilizará para la conservación de la pavimentación”, agregó.
El intendente de la ciudad de Nueva Asunción refirió que la tasa se está cobrando a todas las personas que transitan por el tramo interno de la ciudad porque es una ruta muy utilizada y que el caso fue analizado con el equipo jurídico de la municipalidad antes de implementarse.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Diputados aprueba declaración de emergencia en departamentos del Chaco
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara situación de emergencia en los tres departamentos de la Región Occidental, es decir, en Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Mediante esta normativa se pretende otorgar G. 15.000 millones en total para estas gobernaciones.
La iniciativa fue presentada por el senador Orlando Penner, y ya cuenta con media sanción por parte del Senado, no obstante, con la modificación introducida por los diputados, la propuesta legislativa vuelve a su cámara de origen para un nuevo estudio y tratamiento por parte del pleno.
Durante la sesión ordinaria, los legisladores abordaron este proyecto que amplía el presupuesto de las mencionadas gobernaciones, con el objeto de combatir los efectos de las intensas lluvias registradas en esta zona del país, y brindar asistencia a los pobladores, productores y a las comunidades indígenas que residen en el Chaco.
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“Se prevé destinar G. 5.000 millones (a cada una)”, al objeto de gasto n.° 831, aportes a entidades y fines sociales. La Comisión de Presupuesto aconseja su aprobación", expresó la diputada Cristina Villalba, presidente de dicha comisión. Cabe mencionar que esta versión fue la aprobada por la Cámara de Senadores.
En tanto, el legislador Francisco Petersen, en nombre de la Comisión de Cuentas y Control, señaló que ellos aconsejan que este dinero no sea otorgado a las gobernaciones sino a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y propuso que el proyecto sea aprobado con esa modificación. “Hacer que la SEN pueda destinar los recursos no atenta contra la descentralización”, expuso la diputada Rocío Abed, quien secundó esta postura.
Estos dos posicionamientos, fueron sometidos a votación y por mayoría, los diputados decidieron aprobar la versión con modificaciones, por lo que la propuesta será remitida nuevamente a la Cámara de Senadores, instancia en la que los parlamentarios podrán ratificarse en su versión o acompañar el cambio introducido por la Cámara Baja.
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Presidente Hayes: tras un enfrentamiento, dos policías resultaron heridos y un hombre falleció
Tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes, dos efectivos del Grupo Especial de Operaciones (Fope) resultaron heridos de gravedad en Presidente Hayes. En el intercambio de disparos resultó herido de muerte uno de los atacantes.
El hecho se registró sobre la Ruta PY 05 General Bernardino Caballero, en el kilómetro 348, distrito de Loma Pora, Presidente Hayes, en la noche de este jueves, cuando una patrullera de la Fope fue emboscada por dos desconocidos a bordo de una motocicleta.
Los heridos fueron identificados como el suboficial Reinaldo Gonzales y el suboficial ayudante Elías Arce; este primero habría recibido un impacto de bala a la altura de la cabeza. Ambos se encuentran siendo asistidos en el Hospital Regional de Concepción a la espera del traslado a la capital vía aérea. Por su parte, el presunto delincuente abatido fue identificado como Francisco Vargas Pimentel.
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Según informes preliminares, ambos efectivos pertenecían a un equipo de patrullaje. La camioneta en la que se desplazaban sufrió un problema con una rueda, debiendo detenerse en una gomería a la vera de la ruta. Fue entonces cuando dos hombres en una bicicleta los emboscaron y comenzaron a disparar.
Los uniformados abrieron fuego contra sus atacantes intentando repeler los disparos, mientras solicitaban apoyo. Al caer abatido uno de los perpetradores, su cómplice lo abandonó y huyó. Se desconoce el paradero del segundo victimario y si resultó herido, pero un equipo de investigación trabaja en la zona.
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