Ayer lunes falleció un joven que fue embestido por una unidad del transporte público el pasado viernes por la mañana. La víctima se encontraba en el Hospital de Trauma con pronóstico delicado y tras varios días de luchar por su vida, finalmente los médicos confirmaron su deceso. Los familiares del fallecido reclaman justicia y que las autoridades intervengan tras lo ocurrido.

Mauricio Marcelo Paniagua, de 29 años, se encontraba transitando sobre la avenida Acceso Sur con destino a su lugar de trabajo, ya que prestaba servicios como guardia penitenciario en Tacumbú, y mientras aguardaba para cruzar, su automóvil fue embestido por un colectivo de la línea 47 Ñemby.

Según manifestaron sus familiares, el conductor del transporte público se dio a la fuga y se presentó horas más tarde ante las autoridades. El joven habría sufrido un traumatismo craneanoencefálico además de varias lesiones de consideración, por lo que necesitaba atención en una unidad de terapia intensiva, a la cual accedió tras varias horas de espera.

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“Mi hermano tenía todas las intenciones de vivir, pero lastimosamente no recibió la ayuda que necesitaba. Primeramente, nos dijeron que necesitaba una cama en terapia intensiva, pero que no había y buscamos por todos lados hasta en nuestro seguro, pero nos decían que no cubría o que no tenían, lo mismo en el Hospital del Trauma, ahí perdimos muchas horas y su situación era delicada”, comentó la hermana del fallecido Laura Paniagua en conversación con canal Trece.

La misma comentó que desde la empresa de transporte público no se hicieron responsables y que es más el conductor si bien fue detenido tras el hecho como su hermano continuaba con vida fue liberado y no lo imputaron por lo que ahora exigen que el Ministerio Público realice el seguimiento correspondiente, ya que el conductor inclusive se habría dado a la fuga hecha que aseguran se debe tener en cuenta como omisión de auxilio.

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Comenzó el juicio oral y público para el periodista de farándula, Sebastián Rodríguez, querellado por el jugador de fútbol Iván Arturo “Tito” Torres, por difamación, calumnia e injuria. Esto, luego de las declaraciones del comunicador contra Torres y su esposa fallecida, Cristina “Vita” Aranda.

Al iniciarse la audiencia oral declararon varios testigos, entre los que se encuentra el psicólogo del Club Olimpia, Alexis Alfonso, quien dijo al tribunal unipersonal que Tito Torres presentó comportamientos anormales y en terapia se evidenció crisis postraumática, debido a las declaraciones de Rodríguez sobre su esposa.

Igualmente prestaron declaración la productora de Teleshow, Guadalupe Torres, y la expanelista Juliana Mendize. La audiencia oral prosigue el próximo 5 de mayo con la declaración de más testigos para luego ingresar en la etapa de producción de material audiovisual.

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La jueza de sentencia es Mesalina Fernández, quien tendrá que evaluar todos los elementos de prueba que se presenten durante el debate de la audiencia oral.

 Por su parte, el abogado Álvaro Cáceres, representante del jugador Tito Torres, sostuvo que su cliente: “Se encuentra sumamente ofendido” y recordó nuevamente que “el interés de esta querella no es económico bajo ningún concepto, sino que queremos dejar un precedente”.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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La senadora colorada Lizarella Valiente sostuvo que la mejor forma de honrar la memoria del papa Francisco, es abocarse de lleno al trabajo en favor de los más vulnerables, ya que este fue su constante exhorto durante su pontificado.

En ese sentido, la parlamentaria oficialista señaló que está trabajando muy comprometida en temas que considera prioritarios, y en ese sentido mencionó el proyecto de ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”, remitido por la Cámara de Diputados.

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Al respecto, la parlamentaria, que preside la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud que indicó que en la jornada de lunes se trabajó este tema en una mesa técnica.

Explicó que si bien en Paraguay está prohibida la figura del criadazgo, esa legislación no contempla ninguna sanción. Por lo que surgió ahora la propuesta de plantear sanciones. Al respecto, señaló que está pendiente una reunión con penalistas para tratar este aspecto.

“Particularmente, estoy convencida de que honraré con mi trabajo y mi vida las enseñanzas del papa Francisco, quien decía constantemente que debemos cuidar a los más vulnerables. Lamentablemente, el criadazgo en nuestro país es una práctica que se repite, pese a que hay un decreto que lo prohíbe; sin embargo, al no tener ninguna sanción, la práctica continúa”, comentó.

Mencionó que durante la reunión de la comisión asesora surgió la propuesta de incorporar un artículo específico que establezca sanciones penales para la práctica del criadazgo.

“El texto plantea que toda persona que, sin ser titular de la patria potestad, explote laboralmente a un niño, niña o adolescente en el ámbito doméstico, privándolo del derecho a vivir con su familia biológica, será sancionada con una pena privativa de libertad”, comentó la legisladora.

Señaló que la normativa contempla la aplicación de penas adicionales, conforme al artículo 59 del Código Penal, sin perjuicio de la posibilidad de que las víctimas puedan accionar judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados.

Finalmente, la titular de la Comisión enfatizó que la falta de sanciones efectivas equivale a “invisibilizar” el delito, y reiteró que el objetivo es garantizar la prevalencia del interés superior del niño y asegurar la aplicación real de las penas correspondientes.

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