Hace unos días se daba a conocer sobre la triste noticia sobre la partida del periodista de La Nación, Manuel Medina, quien falleció a consecuencia de complicaciones del COVID-19. Hoy sus amigos y familiares siguen adelante con gran rifa solidaria para cubrir los gastos hospitalarios que dejó tras su internación y larga lucha contra la enfermedad.
La rifa tiene un costo de 10.000 guaraníes y el próximo 6 de agosto se sortearán los importantes premios que incluye 10 remeras; un vaporizador de verduras y arroz; un bolígrafo Parker; una canasta de desayuno; tres vinos Malbec Luigi Bosca; pizzas prehorneadas; panes artesanales con frutas; alfajores de maicena; rollos de canela; una hervidora eléctrica; una mixtera; una plancha; una mochila para notebook y muchos otros premios.
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Las personas interesadas en comprar algunas boletas pueden comunicarse al 0985 502-502. Así también, a ese número pueden enviar donaciones vía giros de dinero; mientras que para transferencias bancarias está disponible la cuenta 320505621 del Banco Itaú a nombre de Nadia Medina, con cédula de identidad número 3.998.648.
Cabe recordar que el periodista de la sección Política de la versión impresa del diario La Nación había ingresado de urgencia en junio pasado a la unidad de terapia intensiva (UTI) por una neumonía a consecuencia de la infección por COVID-19. Había sido hospitalizado en estado delicado, y lastimosamente no aguantó y falleció el 17 de julio, pero su familia aún necesita costear los gastos hospitalarios.
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Quien comparte colchón, comparte opinión
Marcelo Codas Frontanilla
marcelo@estudiocodas.com
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En todos los talleres centrados en la empresa familiar aparece la recurrente pregunta: “¿Qué hacemos con los familiares políticos?“. Ello es así porque existe una creencia instalada de que son esos allegados quienes generan los problemas. Dicho de otra forma: si no estuvieran, la familia empresaria funcionaría mejor.
Después de muchos años acompañando a empresas familiares me asiste el convencimiento de que ello no es así. Mi experiencia me dice algo distinto: los familiares políticos, en la gran mayoría de los casos, no generan el problema. Lo que hacen es poner en palabras algo que ya existe y que su cónyuge no se anima a decir, o directamente no ve.
Hay un viejo dicho que se aplica mucho a las empresas familiares: “Quien comparte colchón, comparte opinión”. Cuando uno de los miembros de la pareja integra una empresa familiar, el otro o la otra siempre opina. Es inevitable. Comparten la cama, la mesa, las preocupaciones. ¿Cómo no va a opinar?
El tema es que esa opinión, muchas veces, es compartida. Es decir, el empresario la hace suya porque en el fondo, razón hay en ella. Porque viene de alguien que lo conoce, que lo ve sin el filtro de la empresa.
Y ahí es donde se suelen generar inconvenientes con la familia, por falta de una debida canalización de esas ideas libremente expresadas.
Vi esta película muchas veces. El marido llega a su casa y cuenta que su hermano le faltó al respeto en la reunión. Su esposa, que lo quiere y lo “defiende” le dice: “No te dejes pisotear, vos valés más”. Al día siguiente, él llega a la empresa con esa frase en la cabeza. Contesta mal. Se endurece. Y su familia, lejos de ver a un socio defendiendo su postura, ve a su esposa metida en la empresa.
Nadie tiene mala intención, pero sí está mal el canal que la realidad impuso. La familia de sangre piensa: “Ella nos quiere manejar de afuera”. Quien había expresado su opinión piensa: “No me valora, no me escucha”. Y él, que está en el medio, se va quedando solo en los dos lugares.
¿Cuál es, entonces, la solución? No es pedirle a tu pareja que no opine. Eso es imposible. Quien comparte la vida, comparte la opinión. La solución está en aprender a canalizar.
En casa, tu rol es ser pareja: escuchar, agradecer la mirada externa, esa que vos perdiste por estar tan adentro.
En la empresa, tu rol es ser socio: filtrar esa opinión, quitarle la emoción, quedarte con el dato útil y presentarlo como una preocupación propia, con argumentos de empresa, no de familia.
Desde luego que las parejas que conviven y, en especial, aquellas que lo hacen un largo tiempo, ven las cosas en un único sentido y la influencia recíproca es habitual e imposible de evitar. Luego, la cuestión no radica en procurar evitar opiniones sino en canalizarlas adecuadamente.
Las empresas familiares que crecen no son las que prohíben las opiniones de los cónyuges. Son las que crean reglas claras para que esas opiniones no destruyan la confianza.
Y aquí vale este aserto de hierro: “Si no hay reglas, todo es personal. Si hay reglas, todo es profesional”
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Automóvil en el que viajaba una familia volcó sobre la avenida Mariscal López
Un aparatoso accidente de tránsito se produjo anoche en Fernando de la Mora e involucró a un automóvil que terminó en el paseo central. Resultó víctima una familia, cuyo vehículo en el que viajaba volcó sobre la avenida Mariscal López y Madame Lynch del barrio Luis Alberto de Herrera.
Involucró a un automóvil Toyota Auris 2008 color negro con chapa HFP que volcó cerca de la medianoche del miércoles frente a un conocido supermercado.
Estaba al mando de Bruno Alvarenga de Alvarenga (28), quien viajaba acompañado de su pareja, Azucena Rivas, su hija de 21 años y una niña de 2 años. Los ocupantes sufrieron lesiones leves.
Bomberos voluntarios de Fernando de la Mora auxiliaron a los ocupantes. La pequeña presentó algunos raspones, mientras que la mujer que la acompañaba tuvo dolor en un tobillo.
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El conductor mencionó a los intervinientes que perdió el control del rodado y terminó en el paseo central. Se presume que la pista mojada contribuyó al despiste del rodado y su posterior vuelco.
Pero el comandante Pablo Tapia dijo que no pudieron determinar las causas exactas del accidente. Sin embargo, mencionó que el vehículo circulaba en una curva muy pronunciada.
El vehículo terminó con graves daños en toda la parte delantera, con partes desprendidas sobre el paseo central y gran parte de la tierra removida por el impacto. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito llegaron hasta el lugar regulando la circulación en la zona, aguardando el retiro el rodado.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Patrimonio digital
Por: Adelaida Alcaraz
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.