En la localidad de Tembiaporã, en el departamento de Caaguazú, semanas atrás un grupo de presuntos campesinos había sido desalojado de una propiedad, pero este martes pasado reingresaron al inmueble con hondas, piedras y balines en mano, hiriendo de esa forma a unos siete oficiales, según confirmó el director de la Policía Nacional de Caaguazú, el comisario César Lara, en contacto con la 1020 AM.
“Ayer a las 16:00 horas un grupo de campesinos reingresó a un inmueble en la zona de Tembiaporã”, dijo el agente policial. “Al reingresar fueron a agredir al personal policial con piedras, honditas y balines. Los policías estaban abocados al cumplimiento de un amparo judicial”, acotó.
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Asimismo, especificó que estos oficiales pertenecen al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y que sus lesiones son leves. Por otro lado, precisó que no se tuvieron datos sobre algún campesino herido y que la unidad fiscal de la zona ya está a cargo del caso.
“Ellos ya están dentro del inmueble. No hubo detenidos, son ellos los que reingresaron y el proceso va a reiniciarse nuevamente”, indicó. En cuanto al desalojo anterior, en ese entonces la policía detuvo a 10 miembros del grupo invasor, quienes fueron beneficiados con arresto domiciliario.
Cabe recordar que el año pasado, la Cámara de Diputados sancionó la ley que eleva las penas carcelarias, posteriormente promulgado por el Ejecutivo, a los invasores que ingresaran con violencia y/o clandestinidad a una propiedad ajena, castigándose el hecho con hasta seis años de pena privativa de libertad.
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Productores de cebolla generan más de G. 2.355 millones con exitosa venta
Productores de Caaguazú pertenecientes a distintas comunidades del departamento generaron ingresos superiores a G. 2.355 millones mediante la comercialización conjunta de cebolla.
Según indicó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los productores del asentamiento Santa Rosa de Lima, de la comunidad Calle 40, comercializaron 4.850 bolsas de cebolla de 20 kilogramos cada una en el mes de octubre de este año, con un precio de G. 100.000 por bolsa, las ventas representaron ingresos por G. 485 millones.
En tanto que, las comunidades Calle 16 Pfannl, Calle 14 Pfannl, Calle 18, Calle 22, asentamiento 20 Tobatiry, Calle 20 y Guavirá, concretaron ventas en setiembre y octubre, donde realizaron la comercialización de más de 18.700 bolsas de 20 kilogramos, a un precio promedio de G. 100.000 por unidad, con ingresos superiores a G. 1.870 millones.
Las operaciones comerciales contaron con el acompañamiento del MAG, a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), el Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA).
Estos resultados arrojan un total de 23.550 bolsas, equivalentes a más de 471.000 kilogramos de cebolla. Las mismas comunidades recibieron la asistencia de la cartera agraria que proveyó semillas de cebolla de la variedad Alborada a 140 productores de la zona.
Además el mismo ente realizó asistencias técnicas, quienes acompañaron a las familias en el proceso productivo y comercial. Estas prácticas contribuyen a ampliar el acceso a mercados y a generar ingresos para las familias dedicadas a la agricultura familiar en el departamento.
Hay que señalar que la producción de este rubro se extiende en ambas regiones, siendo los departamentos con mayor más cantidad de productores y superficie de cultivo Caaguazú, Paraguarí e Itapúa. En cuanto al último, agricultores de la zona enfrentan el impacto de las lluvias generadas en las últimas semanas y estiman un rendimiento menor al esperado.
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Plan 1000 km avanza con nuevo asfalto y empedrados en Caaguazú y Alto Paraguay
El Plan 1000 kilómetros, iniciativa impulsada por el Gobierno paraguayo en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, continúa acelerando la conectividad vial en el departamento de Caaguazú. En el distrito de José Domingo Ocampos, los equipos técnicos ejecutan activamente labores de pavimentación asfáltica sobre empedrado en arterias clave como las calles Don Domingo López, General Bernardino Caballero y Santiago Villalba. Estas intervenciones estratégicas apuntan a garantizar accesos más rápidos y seguros tanto en áreas urbanas como periurbanas de la zona.
La cobertura del programa vial abarca de forma progresiva a diversas localidades caaguaceñas, entre las que destacan Repatriación, Juan Manuel Frutos, Carayaó, San Joaquín y Coronel Oviedo. El objetivo global del proyecto abarca intervenciones directas en los 17 departamentos y 270 municipios del país, respondiendo a prioridades locales mediante la optimización de caminos vecinales que históricamente padecían aislamiento o dificultades de movilidad.
De forma paralela, el impacto del plan se extiende hasta el Chaco paraguayo: en la Municipalidad de Fuerte Olimpo, el intendente Moisés Recalde verificó el sábado 24 de octubre de 2026 el avance de los trabajos de empedrado en el barrio Don Bosco, obras que se encuentran en su fase de culminación. Las tareas en esta zona son financiadas por la Itaipú Binacional y ejecutadas por la empresa Constructora Grau, representando una solución estructural para un sector históricamente afectado por el barro en jornadas lluviosas.
Caminos sin barro
Durante la verificación en la capital del departamento de Alto Paraguay, el jefe municipal destacó el respaldo de las autoridades nacionales y parlamentarias para concretar la infraestructura, expresando: “Agradecemos una vez más al Gobierno Nacional por esta importante adjudicación para Fuerte Olimpo, al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y al diputado Mino Adorno por todas las gestiones realizadas para que este proyecto sea una realidad”. Las autoridades comunales enfatizaron que el empedrado significa una mejora sustancial en la calidad de vida de los pobladores.
Con la combinación de pavimentación asfáltica en la Región Oriental y nuevos empedrados en el Chaco, la infraestructura comunal experimenta una transformación directa en la transitabilidad diaria de sus habitantes. La articulación entre el MOPC, la binacional y las administraciones locales consolida el desarrollo vial incluyente en puntos distantes del territorio nacional, asegurando que el despliegue del Plan 1000 traduzca los recursos energéticos en soluciones concretas para la movilidad y el comercio local.
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Proclaman a autoridades electas de 22 distritos de Caaguazú
El Tribunal Electoral de la circunscripción de Caaguazú proclamó a las autoridades electas de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.
Las magistradas Lorena Aranda, presidenta; Liz Portillo Estigarribia, vicepresidenta y Mariza Centurión, vocal, entregaron los certificados a los intendentes y miembros de Juntas Municipales de los 22 distritos del departamento de Caaguazú.
“Hoy compartimos un momento muy especial junto a nuestros concejales municipales electos de Dr. J. Eulogio Estigarribia – Campo 9, al recibir nuestros certificados de proclamación para el período 2026–2031. Con gratitud a Dios, humildad y un profundo sentido de responsabilidad, nos preparamos para asumir esta nueva etapa al servicio de nuestra ciudad”, dijo Stanley Hildebrand, intendente electo del distrito de J. Eulogio Estigarribia, en una publicación en redes sociales.
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El nuevo jefe comunal colorado ratificó su compromiso de “trabajar por todos, sin distinciones, promoviendo el diálogo, el respeto institucional, la honestidad y la transparencia”.
“Tenemos grandes desafíos por delante, pero también la voluntad de construir, desde nuestras respectivas responsabilidades, una Municipalidad cercana a las familias y comprometida con el desarrollo de cada barrio y comunidad”, subrayó.
Las nuevas autoridades asumirán sus cargos el 3 de noviembre y tendrán un mandato de cinco años.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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