Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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El Ministerio Público confirmó la localización de la madre de 15 años y su bebé de siete meses, reportadas como desaparecidas desde el pasado 13 de agosto en la zona de Mariano Roque Alonso.

La agente fiscal Cinthia Torres, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, dispuso la activación de los protocolos de búsqueda y localización para dar con el paradero de Liz Camila Fariña Báez, de 15 años, y su hija Vannia Xiomara Fariña Báez, de 7 meses, quienes finalmente pudieron ser ubicadas. Así también se informó sobre la localización de un hombre de 26 años, cuyos familiares denunciaron su desaparición desde el 5 de agosto, aunque no se reveló su identidad.

“Todos han regresado a sus hogares gracias a la intervención coordinada de la Fiscalía y otras autoridades”, confirmó el Ministerio Público con una breve publicación en redes sociales.

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Por otro lado, la agente fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal n.º 3 de Lambaré, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición del adolescente identificado como Darío Alejandro López Maciel, de 17 años, domiciliado en la localidad de Lambaré.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta la denuncia de su desaparición desde el 6 de agosto, en horas de la tarde, del corriente año. El mismo salió del Centro Transitorio de Protección del PAINAC.

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El Comando de Operaciones de Defensa Interna - Fuerza de Tarea Conjunta (CODI-FTC) encontró ayer jueves una caleta del extinto grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML), en el distrito de Loreto, localidad de Toldo Cué, en el departamento de Concepción; que contenía 72 bananas de un explosivo conocido como powergel. El hallazgo se produjo dentro del operativo para hallar algún indicio que lleve al paradero del secuestrado Félix Urbieta.

El coronel Carlos Casco, comandante del Batallón de Inteligencia, comentó en comunicación con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que estaban realizando trabajos de inteligencia junto con el departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, acompañados por el Ministerio Público.

“Desde el pasado domingo iniciamos un operativo de búsqueda en la Estancia Tranquerita, donde estábamos también buscando indicios del señor Óscar Denis, y el día de ayer pasamos a esta estancia Sequeira para hacer la búsqueda del señor Félix Urbieta”, comentó.

Como resultado de este trabajo destacó el hallazgo de esta caleta que contenía gran cantidad de explosivos que pertenecía al grupo terrorista EML. Aclaró que esta caleta fue hallada en una zona de reserva forestal de esta estancia, la cual es una zona donde no hay población, lo que facilitaba que estos grupos puedan movilizarse con tranquilidad. “Una fortaleza de ellos, fue el conocer muy bien el terreno”, acotó.

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Respecto al material explosivo, señaló que es de alta resistencia, pero a la vez muy sensible al momento de su detonación. “Este tipo de explosivos son comúnmente utilizado para la detonación en canteras, para la extracción de grandes cantidades de rocas”, precisó. El coronel informó que ya tomaron contacto con la Dirección de Material Bélico (Dimabel) para llevar a cabo el estudio de la trazabilidad de estos explosivos.

“Estos materiales tienen algunas características específicas como marcas, códigos que tienen los explosivos, que ya han informado a la Dimabel para evaluar su trazabilidad, para saber si estos materiales ingresaron de forma legal o ilegal al territorio”, precisó.

Resaltó que el hallazgo de estas caletas es muy importante porque los mismos no solo estaba en conocimiento de los miembros del EML, sino también los integrantes del EPP tenían información sobre su ubicación. “Nosotros a través del Batallón de Inteligencia en trabajo con la Policía de Antisecuestro, manejábamos la información de que los miembros del EPP, estaban buscando esta caleta para tener acceso a esta gran cantidad de explosivos”, concluyó.

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La Fiscalía de Ecuador abrió ayer domingo una investigación por la muerte de 12 bebés recién nacidos en un hospital de Guayaquil (suroeste), luego de que el Ministerio de Salud indicara que dos de las muertes podían atribuirse a contaminación bacterial.

En un comunicado, la cartera dijo el sábado que “se han reportado 12 fallecimientos de pacientes neonatos por causas multifactoriales”, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, relacionadas con su nacimiento prematuro.

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El Ministerio indicó que “de acuerdo con los informes levantados” la muerte de dos de ellos se puede atribuir a “una infección por Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasa”, una bacteria que suele colonizar la mucosa del sistema respiratorio y gastrointestinal.

Sin embargo, el despacho desmintió versiones de prensa de esta semana que reportaron que médicos de la institución reutilizaron tubos nasales de oxígeno. “Desvirtuamos las versiones que circulan en redes sociales sobre la reutilización de insumos médicos”, señaló.

La falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos del país es una problemática creciente que genera constantes denuncias de asociaciones de pacientes y médicos.

La tarde del sábado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afirmó sin pruebas en la red social X que los neonatos murieron “debido a la falta de cánulas nasales (que) no cuestan más de 4 dólares”. “Así está este país, totalmente destrozado”, agregó.

La Fiscalía dijo el domingo que recogerá los testimonios de “madres, testigos y otras personas que podrían conocer lo sucedido”. El ente acusador pidió además al hospital entregar las historias clínicas de estos casos.

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La estatal Defensoría del Pueblo también abrió una investigación. El domingo, un delegado de la entidad recorrió el centro de salud para recabar información. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) anunció más temprano que iniciará una auditoría.

Fuente: AFP