Este miércoles, durante una serie de allanamientos realizados en el marco de las investigaciones de los asesinatos de los Acevedo, en el departamento de Amambay, lograron detener a una persona que guarda relación directa con uno de los presuntos autores morales. Hasta el momento se incautaron documentos, inmuebles, bienes, entre otros elementos.
La persona detenida es la pareja sentimental de Marcio Sánchez Giménez, alias Aguacate, quien se encuentra en la lista de personas investigadas. “Se presume que sería la casa de Marcio, investigado por lavado de dinero, y en el marco de esa causa se realizaron 18 allanamientos. El objetivo era la estructura financiera liderada por este hombre y los demás integrantes”, explicó el fiscal contra Delitos y Lavado de dinero, Osmar Legal.
Resaltó que durante los allanamientos se incautaron varios bienes, documentos e inmuebles. “Entre ellos una estancia de Marcio y los animales que estaban dentro de esa propiedad, y a la vez, de un comercio que formaba parte de esa estructura. Tomamos como óptimas las incautaciones que se realizaron en el marco de dicha investigación”, confirmó.
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Agregó que ordenaron la detención de varias personas y de la esposa de este criminal conocido como Aguacate. Ella fue identificada como Gudelia Vargas. “Todo lo incautado como vehículos, inmuebles, animales, entre otros, ya fueron puestos a disposición de la Senavico”, confirmó el fiscal en conferencia de prensa.
Cabe destacar que durante estos allanamientos también fueron incautados armamentos y otros elementos que señalan que se están ante una organización criminal, la que estaría liderada por Marcio Sánchez, y que ayudarán a resolver más crimines que se desarrollaron dentro del departamento de Amambay.
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Rolón defiende gestión de la Fiscalía y asegura que el crimen de Pecci es un caso emblemático
Este lunes, el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, junto con una comitiva de agentes fiscales brindó detalles sobre el proceso de la investigación que busca descubrir quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen de Marcelo Pecci, registrado en la isla de Barú, Colombia, el 10 de mayo del 2022.
“Hoy estamos en la nebulosa. Nosotros dependemos en muchos aspectos de la gestión de la justicia colombiana porque, en verdad, el hecho punible ocurrió en Colombia. Quiero descartar absolutamente y con énfasis que la Fiscalía no haya puesto de sí todo lo que se debe. Este es un caso emblemático y todos tienen un afecto especial por el caso”, sostuvo el titular del Ministerio Público.
Actualmente, el desempeño de la Fiscalía es fuertemente cuestionado por la oposición, quienes califican de negligente a Rolón Fernández y argumentan la falta de avances, razón por la cual incluso plantean la existencia de suficientes méritos para someterlo a un juicio político.
La crítica proveniente principalmente de los parlamentarios de la oposición se sustenta teniendo en cuenta la hipótesis de que la orden para asesinar al fiscal que integraba la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico partió de Paraguay.
“Nosotros queremos enfatizar nuestro compromiso institucional y del equipo de trabajo en dilucidar este complejo caso, ya que el escenario del crimen está distante y de alguna manera forma parte del eje central. Es difícil porque dependemos de engorrosos trámites que son de orden de relacionamiento de países soberanos, porque aún no tenemos un equipo conjunto de investigación que nos permita un acceso directo a tantas informaciones”, añadió.
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Por otra parte, acompañado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza, Giovanni Grisetti, Manuel Doldán y Cristian Ortiz, requirió una mayor “reciprocidad” de las nuevas autoridades del Ministerio Público colombiano, quienes asumieron sus funciones en febrero, para intercambiar informaciones y avanzar en las investigaciones.
“Las dificultades son reales y no son causados por esta institución. El eje central por más de que tengamos una carpeta fiscal sigue siendo Colombia, es bueno que la ciudadanía no se guíe por la política del tero tero. Nosotros no tenemos ningún compromiso político más que con el pueblo y a eso nos atenemos. Mi voluntad férrea de apoyar al equipo de trabajo”, remarcó Rolón.
Mientras que el fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, manifestó que existen 17 diligencias que demuestran la actividad del Ministerio Público paraguayo requiriendo cooperación a sus pares de Colombia.
“Hemos reiterado nuevamente, en una tercera ocasión, la necesidad de conformar el equipo conjunto de investigación. Me he constituido en Colombia nuevamente a reclamar una respuesta a los exhortos, sin eco favorable. También he solicitado y he explicado la importancia de conformar el equipo conjunto de investigación”, puntualizó.
Asimismo detalló que quiso reunirse el 14 de mayo pasado con la nueva fiscal general del Estado de Colombia, Luz Adriana Camargo, pero que esta se excusó por compromisos laborales. Respecto a los avances concretados, destacaron por ejemplo: el acceso y la verificación de todas las declaraciones realizadas por Luis Correa Galeano, considerado como el articulador del crimen de Pecci.
A la vez indicaron que se requirió a Colombia la trazabilidad de la ruta del dinero, debido a que es un crimen por encargo, también acceder al teléfono de Pecci. Afirmaron que en el marco de las pesquisas en Paraguay, se peritaron 12 celulares incautados durante un cateo en la Agrupación Especializada pertenecientes a procesados por narcotráfico, como Marcelo Raymon Velez Díaz, Cristian Turrini, entre otros, pero la extracción de informaciones no aportó nada trascendente.
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Gobierno argentino arremete contra las organizaciones sociales
Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.
En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.
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El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.
A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.
“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.
Potenciar Trabajo
El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.
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Comedores populares
El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.
El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.
La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.
Fuente: AFP.
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Séxtuple crimen en Amambay: una joven pareja fue detenida
En la madrugada de este viernes, durante un allanamiento llevado a cabo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el marco de la investigación por el séxtuple homicidio ocurrido en enero de este año en una estancia ubicada en la colonia Piky, en el departamento Amambay, fue detenida una joven pareja.
Se trata de Ramona Minela de 23 años y su pareja Claudio Romero de 29 años, quienes según los datos de los investigadores habrían tenido una activa participación dentro del grupo que atacó la estancia.
Los intervinientes refieren que cuando Romero se percató del operativo intentó huir trepando la muralla de la vivienda, pero fue capturado; mientras que su pareja, Minela, no tuvo tiempo de reaccionar.
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Tanto la Fiscalía como la Policía manejan datos sobre la participación de ambos detenidos, ubicándolos en roles decisivos: Minela habría sido quien condujo el vehículo en el que llegaron y se retiraron los criminales; mientras que Romero sería uno de los que ingresaron al lugar vestido como agente de la Senad.
El operativo se llevó a cabo tras una seguidilla de pistas que estaban siendo conectadas tras la captura de otro criminal, identificado como Ronal Javier Leguizamón, de 27 años, el pasado miércoles.
De acuerdo a los investigadores, Leguizamón habría sido uno de los tiradores que acabó con la vida de los seis peones de la propiedad. Hasta el momento, ya suman nueve los detenidos en torno a esta masacre en Amambay.
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Detienen a otro implicado en el séxtuple homicidio en Amambay
El miércoles pasado fue detenido durante un procedimiento de control Ronal Javier Leguizamón, de 27 años, quien era buscado por la Policía Nacional por contar con vínculos con un grupo investigado por hechos punibles.
Se trata del grupo que ingresó y atacó en enero de este año una estancia ubicada en la colonia Piky, en el departamento Amambay, donde terminaron asesinando a seis personas que primeramente fueron tomadas como rehenes.
“Es el tercer detenido. Creemos que hay otros tres más y ya hay órdenes de capturas pendientes”, indicó el jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, en conversación con la 1020 AM destacando que son 7 los sospechosos del crimen múltiple que ya están tras las rejas.
Explicó que existen varios materiales que vinculan a Leguizamón con los hechos ocurridos en la estancia y que tras su captura esperan contar con más información para dar con los demás implicados, ya que continúan con la búsqueda incesante de este grupo que no se descarta hayan planeado otros asaltos similares.
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“Muchos de los detalles aún están todavía en etapa de investigación y no tenemos cuáles podría ser los motivos. Las hipótesis del inicio serían por un trasfondo de narcotráfico”, remarcó Nimio Cardozo.
Recordó que los rehenes fueron maltratados y tratados con suma violencia, motivo por el cual se estima que sería parte de algún tipo de mensaje enviado por la banda.
Durante las diferentes detenciones y allanamientos que se han dado a lo largo de la investigación, la Policía Nacional ha logrado recabar una importante cantidad de información.
Estos elementos no solo han ayudado con la captura de otros implicados, sino también ha permitido descubrir la manera en que esta banda criminal actuaba y planeó el ataque.
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