Con la participación de más de 600 estudiantes, docentes y profesionales de la salud, estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” llevaron adelante el II Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina (II CIEM), organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica (SOCEM-UC), bajo el lema “Inspiración que transforma vocaciones”.

Durante tres jornadas, el congreso desarrolló talleres prácticos, conferencias magistrales, un espacio de CIEM Talks, con exponentes nacionales e internacionales, entre ellos, el Dr. Pablo Lemir, director de Medicina Legal del Ministerio Público; el Dr. Christian Barúa, médico ginecólogo; Dra. Vivian Macedo Gomes, Marçal, ginecóloga y obstetra brasileña; el Dr. Diego Sebastian Romero Ramírez, médico cirujano ecuatoriano y el Dr. Carlos Enciso Chaves, psiquiatra estadounidense.

Además, se presentó un concurso de casos clínicos, donde recibieron 55 trabajos, promoviendo la actualización científica, el intercambio académico y la formación integral de los futuros médicos. La inauguración oficial contó con la participación de autoridades de la Universidad y de la Facultad de Ciencias de la Salud.

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En la ocasión, el rector, Pbro. Prof. Dr. Cristino Bohnert Bauer, destacó la importancia de una formación médica que combine la excelencia científica con la empatía y la vocación de servicio. Natasha Barúa, presidenta del II CIEM, comentó que el objetivo del evento fue “crear espacios para conocernos entre compañeros, también poder conocer a los médicos nacionales e internacionales, hacer networking, fortalecer lazos, hacer nuevos amigos. Crear espacios que uno busca como estudiante, poder acercarse, conversar”.

Así también, destacó el compromiso de los estudiantes con la investigación, y que puede ser una importante introducción a las diferentes especialidades médicas a las cuales aplicarán en el futuro. Con esta segunda edición, el II CIEM reafirmó el compromiso de la Universidad Católica con una formación médica de excelencia, basada en la investigación, la innovación y los valores humanos.

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• Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

En una nueva edición de Hacedores LN, Eduardo Barros, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), conversó con La Nación/Nación Media sobre el rol que desempeña la institución en el mercado paraguayo, los desafíos de promover una cultura de libre competencia y los mecanismos que existen para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas.

Durante la entrevista, Barros explicó cómo funciona internamente la Conacom, cuáles son las herramientas que utiliza para proteger el mercado, el trabajo de prevención que realiza con empresas y gremios, además de referirse a algunos de los casos de mayor impacto que actualmente se encuentran bajo análisis.

La Conacom nació en 2013 y fue la última autoridad de competencia en conformarse en América Latina. Si bien eso significó empezar más tarde que otros países, también permitió adoptar una legislación moderna, incorporando experiencias internacionales.

Nuestra misión tiene dos ejes. El primero es promover la libre competencia, es decir, que las empresas conozcan la ley, sepan qué prácticas están permitidas y cuáles no. El segundo es defender esa competencia cuando existen conductas que afectan el funcionamiento del mercado. Queremos que las empresas sepan que la Conacom existe tanto para prevenir infracciones como para proteger sus derechos cuando consideran que la competencia está siendo vulnerada.

La institución comenzó enfocándose en el análisis de fusiones y adquisiciones, pero en los últimos años fortaleció el trabajo en la investigación de prácticas anticompetitivas.

Uno de los casos más relevantes fue la investigación a Bancard. Además de la sanción aplicada por abuso de posición dominante, la Conacom emitió recomendaciones al Banco Central del Paraguay (BCP) que luego fueron consideradas en el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos. Ese trabajo recibió reconocimiento de la Red Internacional de Competencia y del Banco Mundial, distinción que Paraguay obtuvo por tercer año consecutivo.

Otro avance importante fue demostrar que la defensa de la competencia también alcanza a instituciones públicas cuando actúan como agentes económicos, marcando un precedente con una resolución inédita para el país, por la sanción realizada a la Municipalidad de Asunción por abuso de posición dominante.

La Conacom cuenta con 33 funcionarios y dos órganos técnicos que trabajan de forma independiente: la Dirección de Investigación y el Directorio.

La Dirección de Investigación recibe las denuncias o puede iniciar actuaciones de oficio. Analiza las pruebas y decide si existen méritos suficientes para formular una acusación. Recién en ese momento interviene el Directorio, que actúa como órgano resolutivo, recibe los descargos de las empresas involucradas, evalúa todas las pruebas y finalmente determina si corresponde aplicar una sanción o desestimar el caso.

Esa separación garantiza imparcialidad durante todo el proceso.

La ley contempla principalmente dos tipos de conductas: el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos de la competencia, conocidos también como carteles o colusión.

Tener una posición dominante no constituye una infracción. Lo que la ley sanciona es el abuso de esa posición para excluir competidores o limitar injustificadamente la competencia.

En cambio, los acuerdos entre empresas para fijar precios, repartirse mercados o restringir la oferta son considerados una de las infracciones más graves porque eliminan directamente la competencia entre los actores económicos.

La institución cuenta con un procedimiento formal para presentar denuncias, cuyos requisitos están disponibles en su página web.

Sin embargo, las puertas de la Conacom también están abiertas para que cualquier empresa, gremio o ciudadano pueda acercarse a plantear una preocupación. Muchas veces esas consultas derivan en reuniones técnicas, estudios de mercado o trabajos de promoción antes de iniciar un proceso sancionador.

La idea es resolver problemas de competencia no solo mediante sanciones, sino también a través de la prevención y el diálogo con los distintos sectores económicos.

No existen sectores que sean investigados permanentemente, aunque sí hay mercados considerados prioritarios debido a su nivel de concentración o su impacto económico.

Entre ellos se encuentran el sistema financiero, el supermercadismo, el sector cárnico, el farmacéutico y las compras públicas. En estos casos, la institución realiza estudios de mercado y monitorea su evolución para detectar posibles riesgos antes de que se produzcan conductas anticompetitivas.

La promoción ocupa un lugar tan importante como la defensa de la competencia. La institución desarrolla capacitaciones para empresas, gremios y organismos públicos, realiza estudios de mercado y emite opiniones técnicas sobre regulaciones que podrían restringir la competencia.

También lleva adelante lo que denomina “abogacía de la competencia”, mediante la cual analiza situaciones planteadas por distintos sectores y propone soluciones sin necesidad de iniciar un sumario. El objetivo es prevenir conflictos y mejorar el funcionamiento de los mercados antes de llegar a una sanción.

El mercado de la carne venía generando inquietudes desde hacía varios años por parte de distintos actores del sector.

Ante esa situación, la Conacom realizó primero un estudio de mercado para analizar el funcionamiento de toda la cadena cárnica. Paralelamente, la Dirección de Investigación desarrolló una investigación preliminar y, tras reunir los elementos necesarios, decidió abrir un sumario.

Actualmente el expediente se encuentra en la etapa investigativa, dentro de los plazos establecidos por la ley. Al finalizar ese proceso, la Dirección de Investigación determinará si existen méritos para formular una acusación o si corresponde archivar el caso.

La investigación analiza posibles conductas contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia.

Eso no significa que exista una responsabilidad determinada ni que todos los actores investigados vayan a ser eventualmente acusados. El objetivo del proceso es precisamente reunir las pruebas necesarias para establecer si hubo o no una infracción y, en caso de existir, determinar quiénes serían responsables.

Ese expediente se vincula con una operación de concentración económica que había sido aprobada por la Conacom con determinados condicionamientos.

Posteriormente, la Dirección de Investigación inició un proceso para verificar el eventual cumplimiento de esas condiciones. Actualmente, el caso se encuentra dentro del procedimiento previsto por la ley, en el que las partes ejercen su derecho a presentar descargos y pruebas antes de que el Directorio adopte una decisión.

• Administrador de Empresas y contador público, egresado de la Universidad Católica.
• Especializado en derecho comercial europeo y libre competencia.
• Integró el sector privado y fue director ejecutivo de Desarrollo y Crecimiento de Junior Chamber International (JCI), con sede en Estados Unidos.
• Es miembro titular del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) desde abril de 2022.
• Fue electo presidente del Directorio de la Conacom en agosto de 2025, cargo que ejerce por un período de dos años.
• En la Conacom, la presidencia rota automáticamente cada dos años entre los tres miembros del Directorio.

• Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

Afirmó que quieren que las empresas sepan que la Conacom existe tanto para prevenir infracciones como para proteger sus derechos.

En una nueva edición de Hacedores LN, Eduardo Barros, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), conversó con La Nación/Nación Media sobre el rol que desempeña la institución en el mercado paraguayo, los desafíos de promover una cultura de libre competencia y los mecanismos que existen para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas.

Durante la entrevista, Barros explicó cómo funciona internamente la Conacom, cuáles son las herramientas que utiliza para proteger el mercado, el trabajo de prevención que realiza con empresas y gremios, además de referirse a algunos de los casos de mayor impacto que actualmente se encuentran bajo análisis.

–La Conacom es una institución relativamente joven y todavía poco conocida por muchos empresarios. ¿Cuál es hoy su principal misión y qué rol cumple dentro de la economía paraguaya?

–La Conacom nació en 2013 y fue la última autoridad de competencia en conformarse en América Latina. Si bien eso significó empezar más tarde que otros países, también permitió adoptar una legislación moderna, incorporando experiencias internacionales.

Nuestra misión tiene dos ejes. El primero es promover la libre competencia, es decir, que las empresas conozcan la ley, sepan qué prácticas están permitidas y cuáles no. El segundo es defender esa competencia cuando existen conductas que afectan el funcionamiento del mercado. Queremos que las empresas sepan que la Conacom existe tanto para prevenir infracciones como para proteger sus derechos cuando consideran que la competencia está siendo vulnerada.

–¿Cuáles considera que fueron los principales logros alcanzados por la Conacom en los últimos años?

–La institución comenzó enfocándose en el análisis de fusiones y adquisiciones, pero en los últimos años fortaleció el trabajo en la investigación de prácticas anticompetitivas.

Uno de los casos más relevantes fue la investigación a Bancard. Además de la sanción aplicada por abuso de posición dominante, la Conacom emitió recomendaciones al Banco Central del Paraguay (BCP) que luego fueron consideradas en el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos. Ese trabajo recibió reconocimiento de la Red Internacional de Competencia y del Banco Mundial, distinción que Paraguay obtuvo por tercer año consecutivo.

Otro avance importante fue demostrar que la defensa de la competencia también alcanza a instituciones públicas cuando actúan como agentes económicos, marcando un precedente con una resolución inédita para el país.

–¿Cómo está conformada la Conacom y cómo se desarrollan las investigaciones antes de llegar a una eventual sanción?

–La Conacom cuenta con 33 funcionarios y dos órganos técnicos que trabajan de forma independiente: la Dirección de Investigación y el Directorio.

La Dirección de Investigación recibe las denuncias o puede iniciar actuaciones de oficio. Analiza las pruebas y decide si existen méritos suficientes para formular una acusación. Recién en ese momento interviene el Directorio, que actúa como órgano resolutivo, recibe los descargos de las empresas involucradas, evalúa todas las pruebas y finalmente determina si corresponde aplicar una sanción o desestimar el caso.

Esa separación garantiza imparcialidad durante todo el proceso.

–¿Qué tipos de conductas busca prevenir y sancionar la institución?

–La ley contempla principalmente dos tipos de conductas: el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos de la competencia, conocidos también como carteles o colusión (coima).

Tener una posición dominante no constituye una infracción. Lo que la ley sanciona es el abuso de esa posición para excluir competidores o limitar injustificadamente la competencia.

En cambio, los acuerdos entre empresas para fijar precios, repartirse mercados o restringir la oferta son considerados una de las infracciones más graves porque eliminan directamente la competencia entre los actores económicos.

–¿Cómo puede una empresa acudir a la Conacom cuando considera que existe una práctica anticompetitiva?

–La institución cuenta con un procedimiento formal para presentar denuncias, cuyos requisitos están disponibles en su página web.

Sin embargo, las puertas de la Conacom también están abiertas para que cualquier empresa, gremio o ciudadano pueda acercarse a plantear una preocupación. Muchas veces esas consultas derivan en reuniones técnicas, estudios de mercado o trabajos de promoción antes de iniciar un proceso sancionador. La idea es resolver problemas de competencia no solo mediante sanciones, sino también a través de la prevención y el diálogo con los distintos sectores económicos.

–¿Existen sectores que concentran una mayor atención por parte de la Conacom?

–No existen sectores que sean investigados permanentemente, aunque sí hay mercados considerados prioritarios debido a su nivel de concentración o su impacto económico. Entre ellos se encuentran el sistema financiero, el supermercadismo, el sector cárnico, el farmacéutico y las compras públicas. En estos casos, la institución realiza estudios de mercado y monitorea su evolución para detectar posibles riesgos antes de que se produzcan conductas anticompetitivas.

–Además de investigar y sancionar, ¿qué otras herramientas utiliza la Conacom para promover la competencia?

–La promoción ocupa un lugar tan importante como la defensa de la competencia. La institución desarrolla capacitaciones para empresas, gremios y organismos públicos, realiza estudios de mercado y emite opiniones técnicas sobre regulaciones que podrían restringir la competencia.

También lleva adelante lo que denomina “abogacía de la competencia”, mediante la cual analiza situaciones planteadas por distintos sectores y propone soluciones sin necesidad de iniciar un sumario. El objetivo es prevenir conflictos y mejorar el funcionamiento de los mercados antes de llegar a una sanción.

–La Conacom abrió un sumario a frigoríficos por presuntas prácticas anticompetitivas. ¿Cómo se originó el caso y en qué etapa se encuentra?

–El mercado de la carne venía generando inquietudes desde hacía varios años por parte de distintos actores del sector. Ante esa situación, la Conacom realizó primero un estudio de mercado para analizar el funcionamiento de toda la cadena cárnica. Paralelamente, la Dirección de Investigación desarrolló una investigación preliminar y, tras reunir los elementos necesarios, decidió abrir un sumario.

Actualmente el expediente se encuentra en la etapa investigativa, dentro de los plazos establecidos por la ley. Al finalizar ese proceso, la Dirección de Investigación determinará si existen méritos para formular una acusación o si corresponde archivar el caso.

–¿Qué es lo que está analizando específicamente la Conacom dentro de esa investigación?

–La investigación analiza posibles conductas contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia.

Eso no significa que exista una responsabilidad determinada ni que todos los actores investigados vayan a ser eventualmente acusados. El objetivo del proceso es precisamente reunir las pruebas necesarias para establecer si hubo o no una infracción y, en caso de existir, determinar quiénes serían responsables.

–También existe un proceso relacionado con Retail SA. ¿En qué consiste ese caso?

–Ese expediente se vincula con una operación de concentración económica que había sido aprobada por la Conacom con determinados condicionamientos. Posteriormente, la Dirección de Investigación inició un proceso para verificar el eventual cumplimiento de esas condiciones. Actualmente, el caso se encuentra dentro del procedimiento previsto por la ley, donde las partes ejercen su derecho a presentar descargos y pruebas antes de que el Directorio adopte una decisión.

- Administrador de Empresas y contador público, egresado de la Universidad Católica.

- Especializado en derecho comercial europeo y libre competencia.

- Integró el sector privado y fue director ejecutivo de Desarrollo y Crecimiento de Junior Chamber International (JCI), con sede en Estados Unidos.

- Es miembro titular del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) desde abril de 2022.

- Fue electo presidente del Directorio de la Conacom en agosto de 2025, cargo que ejerce por un período de dos años.

Equipos y bienes que dejaron de ser utilizados por el sistema judicial tendrán una segunda vida en las aulas de San Pedro. La Corte Suprema de Justicia autorizó la entrega de estos recursos a dos instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la capacitación práctica de jóvenes que se preparan para incorporarse al mundo laboral.

La donación benefició a la Escuela Taller de San Pedro de Ycuamandyyú y al Centro de Recursos para la Educación Permanente (CREP) N.º 2 de la misma ciudad. Los bienes serán incorporados a las actividades de enseñanza técnica, permitiendo a los estudiantes contar con herramientas para desarrollar sus prácticas y adquirir experiencia mediante el aprendizaje aplicado.

La entrega fue realizada por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San Pedro, en el marco de una resolución aprobada por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el traspaso de bienes dados de baja del patrimonio institucional pero que aún conservan condiciones para seguir siendo utilizados.

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Durante el acto, autoridades judiciales destacaron que este tipo de iniciativas no solo optimiza el uso de los recursos del Estado, sino que también contribuye al reciclaje y a la sostenibilidad, al evitar que equipos aún funcionales sean desechados. Además, señalaron que la medida representa un aporte concreto para mejorar las oportunidades de formación de los estudiantes.

Las directoras de ambas instituciones educativas valoraron el impacto de la donación y coincidieron en que los materiales fortalecerán las actividades prácticas desarrolladas bajo la metodología de “aprender haciendo”, que busca que los alumnos incorporen conocimientos y destrezas a partir de la experiencia directa.

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La transferencia de los bienes se concretó luego de cumplir con el procedimiento de baja patrimonial, respaldado por los inventarios y las autorizaciones administrativas correspondientes, incluyendo la aprobación de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, garantizando así la transparencia y la correcta disposición de los recursos públicos.