Estados Unidos aplica a partir de este viernes aranceles de un mínimo del 10 % a unos 60 países, con lo que el presidente Donald Trump reactiva su guerra comercial que ya causó controversias con sus principales socios e impactó en la inflación. Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los aranceles podrán subir hasta el 12,5 % en algunos casos e impactan en grandes economías, tales como China, India y la Unión Europea. En el rango del 10 %, también aparecen mencionados países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México o Trinidad y Tobago. “Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses”, explicó el texto.

Desde las 0:01 (4:01 GMT) la nueva ola de aranceles entró en vigor. Sin embargo, los productos que ya están en curso de envío hacia Estados Unidos no se verán afectados si llegan a destino antes del 28 de julio a las 0:01. La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo. El magnate republicano se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios. Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que “el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales”.

Según el anuncio del jueves, las economías que han implementado una prohibición a la importación basada en trabajo forzoso o comprometidos a hacerlos tendrán el arancel del 10 %. Entre ellos están Canadá, la Unión Europea, India y Reino Unido. China, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países recibirán el arancel del 12,5 %. Sin embargo, algunos bienes que ya enfrentaban aranceles específicos -como el acero y el aluminio- no serán impactados.

Algunos productos de energía y fertilizantes también estarán exentos, junto con bienes cubiertos por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, dijo un funcionario estadounidense a periodistas. Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, se encuentra en México para la tercera ronda de negociaciones para la revisión de ese TLC.

El gobierno mexicano anunció que más del 80 % de las exportaciones del país a Estados Unidos quedan exentas de este nuevo arancel. Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles del 25 % en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones lanzadas por Washington. La presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva anunció en un comunicado que iniciará “de inmediato los trámites para activar (...) la Ley de Reciprocidad” comercial que el Congreso aprobó el año pasado".

Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de anteponer los intereses de su país, ya que considera que los socios comerciales tenían mucha más entrada en el mercado estadounidense que a la inversa. Después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles indiscriminados, el mandatario los reemplazó rápidamente con un gravamen temporal del 10 % a las importaciones. Pero este gravamen solo podría durar 150 días y vencía este viernes.

El Ministerio de Comercio de Australia dijo que los nuevos aranceles son “injustificados” y “deberían eliminarse”. Por su parte, el portavoz del gobierno de Japón dijo que el país “lamenta” la medida. En cambio, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, celebró que “este resultado sea conforme a los compromisos estadounidenses sobre derechos aduaneros”.

Hace casi un año, la Unión Europea y Estados Unidos acordaron en Escocia un acuerdo para limitar los aranceles a un tope del 15 %, umbral que se respesta en esta nueva andanada arancelaria de Trump.

Trump anunció ya el martes la imposición de nuevos aranceles del 100 % sobre los medicamentos genéricos importados, que entrará en vigor a partir de agosto de 2028, y cuya tasa pasará posteriormente al 200 % en 2029. El objetivo en este caso es obligar a multinacionales farmacéuticas a abrir plantas de producción en Estados Unidos, en aras de la seguridad nacional, explicó el mandatario.

El informe del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detalla que las siguientes 54 economías no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso: Argelia, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Baréin, Bangladés, Brasil, Camboya, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia.

La lista sigue con Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Las siguientes seis economías no han logrado aplicar eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso: Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán.

Fuente: AFP.

El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.

Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.

En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.

En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.

Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.

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“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.

El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.

“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.

Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.

“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.

Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.

“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.

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Con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional mediante el intercambio de soluciones tecnológicas y la modernización de herramientas informáticas aplicadas a la gestión pública, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), representado por el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, suscribió un convenio con la Procuraduría General de la República (PGR), representada por su encargado de despacho, Rubén Gaona.

El acuerdo busca impulsar la colaboración entre ambas instituciones en materia de transformación digital, promoviendo el intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas tecnológicas que contribuyan a optimizar los procesos administrativos y mejorar la prestación de los servicios públicos.

El convenio permitirá la implementación de iniciativas, proyectos y servicios orientados a fortalecer la cooperación entre ambas instituciones mediante el intercambio de información de acceso público proveniente del Sistema de Gestión y Seguimiento de Expedientes Judiciales (SIGOX).

En ese marco, el Ministerio de la Defensa Pública se compromete a promover la transparencia, la coordinación institucional y una mejor toma de decisiones a través del uso de esta plataforma. Por su parte, la Procuraduría General de la República facilitará la transferencia del código fuente y de los scripts de las bases de datos correspondientes al SIGOX, permitiendo que el MDP acceda, implemente y utilice esta herramienta tecnológica para optimizar su gestión institucional.

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Las acciones se centrarán en el fortalecimiento tecnológico en tres etapas que son las de transferencia de código fuente, la capacitación a la Dirección de Tecnología del MDP y el plan piloto en las direcciones del MDP, tanto Dirección Jurídica y Dirección de Relaciones Internacionales.

Como enlace y coordinación el MDP y PGR designan respectivamente, a la Dirección de Tecnología dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas y a la Dirección de Informática y Tecnologías, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. El convenio tendrá vigencia de dos años.

Acompañaron al defensor general, la directora general de Gabinete del MDP, Dra. Letizia Sanabria; el director de Cooperación, Héctor Sosa y el jefe del Departamento de Programación, Monitoreo y Seguimiento Web, Marcelo Benítez.

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El juez de Garantías Rolando Duarte firmó este martes el pedido de extradición del hombre que huyó desde Paraguay con su hija de 2 años hacia Argentina.

Esta persona contaba con una medida de arraigo provisorio en el país mientras se sustanciaba el juicio de restitución solicitado por las autoridades chilenas. Sin embargo, huyó del territorio paraguayo para evadir dicha medida judicial.

A pedido de la fiscala María Angélica Insaurralde, el juez Duarte libró el exhorto en el que solicita a las autoridades del vecino país a mantener la detención y ordenar la extradición contra el padre que fue detenido junto con su hija en la ciudad de Resistencia, Argentina. La menor habría sido sacada de manera ilegal del territorio nacional.

Esta persona está detenida a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Chaco, Secretaría Penal N° 2- Resistencia, Chaco de la República de Argentina. Esto conforme a nota del departamento de Interpol, OCN Asunción, IP828/EXP-3626/14.07.2026/AG-8111 del 14 de julio del 2026.

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La niña de 2 años fue raptada por su padre el pasado 8 de julio de la guardería donde asistía en un barrio de la ciudad de Asunción. La madre denunció el caso y desde ese momento inició el proceso de búsqueda, hasta que fueron localizados en la ciudad argentina de Resistencia, a unos 325 kilómetros de Asunción.

El padre y la menor fueron localizados el 10 de julio, porque se activaron los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda. Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo.

Tras su localización, la niña fue entregada a su mamá y regresaron Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa. El proceso continua tanto en Paraguay como en Chile, la semana pasada, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la menor a su padre.

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