Esta tarde se produjo el arribo del vuelo procedente de Colombia que trajo consigo a la viuda del fiscal Marcelo Pecci, y la comitiva fiscal policial que había viajado para realizar varias diligencias en el marco de la investigación sobre el atentado.
Puntualmente a las 19:00 se concretó la llegada de la aeronave al Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya, bajo un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones. En el vuelo llegó la periodista Claudia Aguilera, esposa del fiscal Pecci, acompañada por su hermana y la comitiva del Ministerio Público integrada por los fiscales Manuel Doldán y Alicia Sapriza.
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De igual manera, también retornaron a nuestro país los representantes de la Policía Nacional que acompañaron la delegación que partió desde Paraguay para reunirse con sus pares de Colombia. Dos agentes de la Policía Nacional de Colombia se acoplaron al grupo que llegó a Paraguay, a fin de brindar el respaldo necesario y acompañar las diligencias que se lleven a cabo en el marco de la investigación.
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, llegó al Grupo Aerotáctico horas antes de que se produzca el arribo del vuelo, a modo de recibir a la comitiva y, además, expresar sus condolencias a la viuda de Pecci, a quien consideraba como uno de sus mejores fiscales en el Ministerio Público.
Desde la Secretaría de Repatriados confirmaron que los restos del agente fiscal estarán llegando a Paraguay en la madrugada del sábado luego de haberse finiquitado los trámites administrativos de rigor. Posteriormente, se realizará el velatorio con familiares y allegados en un sitio a confirmar, antes de que se concrete el entierro en el cementerio elegido por la familia para resguardar los restos mortales.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.
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Condenan a 8 años a hombre vinculado al crimen de Pecci
La condena por lavado de dinero fue para Jaime Franco, vinculado al crimen del fiscal Marcelo Pecci.
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, condenó a Jaime Franco a la pena de 8 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. En su momento, se sospechó que el hoy condenado habría sido el autor moral del asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
Franco fue acusado por el Ministerio Público luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre de 2020, en un caso que guarda relación con la muerte del fiscal Pecci.
En sus alegatos, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena máxima de 5 años de cárcel para Jaime Franco (quien ya cumple una condena de 18 años por narcotráfico). La causa se deriva de una requisa realizada en octubre de 2020 en la penitenciaría de Tacumbú, ocasión en la que se hallaron importantes sumas de dinero y otros objetos en la celda de Franco.
LAVADO DE DINERO
El representante del Ministerio Público sostuvo que se probó el hecho punible de lavado de dinero y solicitó el comiso de las sumas incautadas, consistentes en G. 188.421.000 y USD 10.050, además del comiso de dos teléfonos celulares.
Asimismo, el agente requirió el comiso por valor sustitutivo hasta alcanzar la suma de USD 20.000, considerando la adquisición de un vehículo a nombre de Alicia Ferreira, quien formaba parte del equipo criminal de Franco. El rodado no pudo ser hallado durante la investigación, motivo por el cual se solicitó dicha medida. Según la hipótesis fiscal, el dinero proviene de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, así como de transferencias de divisas de ese origen que carecen de sustento legal.
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A cuatro años del crimen de Pecci, investigación internacional avanza con resultados positivos
Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.
Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.
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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.
Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.
Captura y condena de autores materiales
En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.
La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:
- Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
- Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
- Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
- Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
- Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
- Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.
Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.
Eslabón perdido
A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.
En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.
Cooperación Internacional
Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.
A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.
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A cuatro años del crimen, familia de Pecci reitera su clamor de justicia
En coincidencia con los cuatro años del crimen del fiscal especializado en lucha contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, su familia dio a conocer un comunicado en el que reitera su pedido de justicia y esclarecimiento del caso.
“Hoy no queremos confrontaciones, y si las hay… que sea con la verdad y con quienes ordenaron su muerte. ¡SUPLICAMOS JUSTICIA!. No con voz temeraria, sino con la voz que sale de nuestros corazones que de manera diaria remiendan el amor que quedó desamparado, una voz que busca tenazmente mantener su memoria intacta, revivir y transmitir sus valores y, por sobre todo… cobijar a su hijo”, expresa el manifiesto.
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Destaca que existen hipótesis, nombres, diligencias, “pero no son suficientes por eso clamamos a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidenses: el tiempo pasa, pero NO NOS DEJEN SOLOS, el afán de justicia se enciende cada día más”.
La familia del extinto agente del Ministerio Público expone además su postura sobre la problemática del crimen organizado al sostener que “ya no se trata solo de su muerte, se trata del Paraguay y del mundo”.
“No podemos ser una sociedad que se funde en la quietud ante el crimen organizado, la corrupción o la indiferencia de gente que prefiere el silencio antes que la verdad y la Justicia”, señala.
A cuatro años del asesinato de Pecci, su familia insiste en que no está conforme con las pericias.
“Exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan”, advierte.
“Queremos que todo salga a la luz… esa luz que de manera recurrente nos cuesta ver… ¿Quién ordenó su muerte? ¡JUSTICIA PARA MARCELO PECCI!”, concluye el comunicado.