Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.

“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.

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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.

Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.

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El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, confirmó que se está contactando con las autoridades del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) con el propósito de mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país.

“Nosotros llevamos ya unos dos meses de intercambio con el ICFES viendo los instrumentos que ellos tienen. Tienen dos que yo creo pueden ser aplicables a nuestra realidad, uno de ellos es el examen que se llama Saber Pro que es muy interesante porque la realizan de manera obligatoria a todos los universitarios de cualquier carrera cuando están en el 75 % de la carrera”, señaló a Unicanal.

Explicó que dicha prueba tiene un capítulo de competencias trasversales vinculadas a la lectoescritura, comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático, ciudadanía, etcétera. Además, tiene otra batería de preguntas específicas de la carrera, conforme expresó.

“Si hablamos, por ejemplo, de medicina o de derecho, qué es lo básico que debe saber todo estudiante, cuáles son esas 50 preguntas que debe contestar y que puede reflejar de que efectivamente este estudiante próximo a graduarse tiene por una parte las competencias transversales y por otra parte las específicas también”, manifestó.

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Mora afirmó que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se está intercambiando datos que permitirán mejorar la calidad de la educación superior en Paraguay. “Lo que estamos haciendo es intercambiar toda esa información para entender cómo funciona este mecanismo en Colombia”, dijo.

Incluso las autoridades del IFCES que se encuentran de visita en nuestro país hicieron una presentación del proyecto en sesión de Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y explicaron el funcionamiento del modelo educativo colombiano en el nivel universitario. “Si vemos que se adecua a nuestras necesidades podemos efectivamente traerla y dentro de eso hacer que Medicina sea el primer plan piloto”, finalizó.

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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.

A través de su abo­gado, Claudio Lovera, la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia pre­sentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudame­ricano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgi­miento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.

“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompaña­dos en su oportunidad, así como los que fueran recopi­lados en el marco de la acti­vidad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministe­rio Público emita un pro­nunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el docu­mento presentado ante el Ministerio Público.

Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allana­mientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superinten­dencia de Bancos ante la negativa de estas institu­ciones en proveer infor­mación. En estos proce­dimientos se incautó una serie de documentos.

Estas diligencias realiza­das en el pasado dan cuenta que el órgano investiga­dor sostiene que en deter­minados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.

Pese a esas primeras medi­das, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cual­quier otra iniciativa ten­diente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La pri­mera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.

Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alca­raz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.

La Conmebol quiere recu­perar los fondos que le per­tenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confede­ración en administraciones anteriores; ya se recupera­ron USD 128 millones gra­cias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sancio­nes penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.

Un tribunal de sentencia, integrado por los magistrados Rossana Maldonado, Juan Ortíz y Manuel Aguirre, condenó a 5 años de cárcel a un hombre luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

La fiscala Yeimy Adle, quien representó al Ministerio Público, logró la condena de un hombre que fue hallado culpable por abuso sexual en niños. En el juicio oral, se pudo demostrar la participación del acusado en los abusos de los cuales resultó víctima su hijastra de 11 años.

En sus alegatos finales, la fiscala Adle remarcó que el hecho punible atribuido al acusado se perpetró el 16 de enero de 2022, ocasión en que el hombre aprovechó que su pareja quedó dormida y su hijastra estaba acostada en el sofá, con las luces apagadas.

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La médica forense del Ministerio Público, María Sol Espínola, informó que, según la inspección ginecológica realizada pocas horas después el hecho, la víctima sufrió en la línea media una escoriación lineal de aproximadamente 1 centímetro de longitud. La profesional explicó que la lesión era compatible con la descripción dada por la pequeña.

La defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

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