El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, en la que reafirmó el compromiso de ambos poderes de trabajar de manera coordinada para impulsar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El mandatario destacó que la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo será clave para seguir avanzando en las prioridades del país en lo que resta del mandato.

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Este encuentro entre ambas autoridades se da justamente a días de que el gobierno ha conmemorado su tercer año de mandato a fin de llevar adelante una evaluación de la gestión gubernativa y los desafíos que obran para los dos años que resta de Gobierno.

“Excelente reunión con Basilio Núñez, presidente del Congreso. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en equipo, entendiendo que el bienestar de la ciudadanía es nuestra prioridad absoluta. La colaboración constante entre ambos poderes es fundamental para seguir avanzando”, expresó.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.

“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.

No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.

Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.

No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.

Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.

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En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.

“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.

Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.

Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.

Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.

En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.

Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.

En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.

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El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, y miembros del Gabinete, mantuvo una extensa reunión con miembros de la Conferencia Episcopal del Paraguay (CEP), presidido por monseñor Pierre Laurent Jubinville, acompañado por el cardenal Adalberto Martínez y otras autoridades de la Iglesia.

Durante este encuentro, el Gobierno nacional y la institución religiosa abordaron sobre situaciones que deben ser atendidas de manera urgente que afectan a sectores vulnerables. Así mismo, las autoridades gubernamentales y eclesiásticas compartieron sus “perspectivas y miradas sobre algunos de los principales desafíos sociales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables del país”.

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Tras el encuentro, se emitió un comunicado conjunto sobre los puntos centrales que fueron tratados, que son:

• Salud: el acceso y el derecho a una atención digna y oportuna para todos los paraguayos.
• Emergencia ante el fenómeno de El Niño: la preparación y articulación de acciones para acompañar especialmente a las familias y comunidades más vulnerables.
• Cuidado de la Casa Común: el compromiso con la protección de la naturaleza y el ambiente.
• Comunidades indígenas: la necesidad de avanzar en respuestas integrales que permitan mejorar sus condiciones de vida, respetando su identidad, su cultura y su realidad.

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“La Iglesia, desde su tarea pastoral cuenta con experiencia comunitaria y un conocimiento cercano de las necesidades de las personas y las familias. En ese sentido, los obispos presentes expresaron especialmente sus preocupaciones respecto a los más vulnerables, las dificultades de acceso a la salud y la situación de las comunidades indígenas”, señala el comunicado.

Desde el Gobierno nacional, ministros y titulares de instituciones “compartieron los avances alcanzados en distintas áreas, destacando resultados en materia de seguridad y regularización de tierras a través del Indert, así como también la construcción de los grandes hospitales y la preparación ante las emergencias climáticas”, señala el informe, y agrega que los mismos “reconocieron que aún existe un camino importante por recorrer, particularmente en materia de salud y en la atención integral a las comunidades indígenas”.

Así también, el Gobierno “expresó su voluntad de escuchar y nutrirse de la mirada y la experiencia de la Iglesia, valorando especialmente su presencia cercana y permanente en las comunidades. Para la Iglesia, escuchar a quienes tienen la responsabilidad de definir y ejecutar las políticas de Estado forma parte también de su tarea pastoral de acercar las necesidades de los sectores más vulnerables a los espacios donde se toman decisiones”.

Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, monseñor Pierre Laurent Jubinville, “valoró el encuentro y expresó el deseo de que pueda convertirse en una práctica que permita seguir poniendo las necesidades de los más vulnerables sobre la mesa de las autoridades y contribuir a la búsqueda de soluciones”.

“Este encuentro reafirma la importancia de generar espacios de escucha que permita conocer distintas miradas y realidades, acercar las necesidades de las personas y contribuir a la construcción del bien común”, concluye el comunicado conjunto.