El mercado laboral mostró un comportamiento positivo durante el segundo trimestre del 2026, con un crecimiento de la fuerza de trabajo y un incremento aún mayor de la ocupación, de acuerdo con el reporte del segundo semestre publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

La fuerza de trabajo aumentó en 86.346 personas frente al mismo trimestre del 2025 y en 24.120 personas respecto al primer trimestre del 2026. La expansión de la oferta laboral estuvo acompañada por un mayor dinamismo en la generación de puestos laborales.

La población ocupada aumentó en más de 114 mil personas en comparación interanual y en más de 62 mil frente al trimestre anterior. Como resultado, la cantidad de desocupados disminuyó en 28 mil personas en términos interanuales y en 38 mil en la comparación intertrimestral.

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En este contexto, la tasa de desocupación se ubicó en 4,1 % en el segundo trimestre del 2026, el valor más bajo registrado para un segundo trimestre en toda la serie. La evolución de los últimos diez años muestra una reducción sostenida de este indicador, asociada a un mayor dinamismo de la demanda laboral frente al crecimiento de la fuerza de trabajo.

El crecimiento de la ocupación se reflejó en casi todas las categorías, con excepción de los familiares no remunerados. La mayor variación se registró entre los trabajadores por cuenta propia, con más de 44 mil nuevos ocupados, seguido por los empleados privados, con más de 31 mil, los empleadores, con 29 mil, y los empleados públicos, con 9 mil nuevos ocupados.

Por actividad económica, el comercio, restaurantes y hoteles encabezó la generación de puestos de trabajo, con aproximadamente 73 mil nuevas ocupaciones. Le siguieron los servicios comunales, sociales y personales, con cerca de 50 mil ocupaciones adicionales, y la construcción, con alrededor de 21 mil.

En contrapartida, algunas actividades registraron reducciones interanuales en la ocupación. Las industrias manufactureras disminuyeron en 8 mil ocupaciones, mientras que finanzas, seguros e inmuebles y agricultura, ganadería, caza y pesca registraron una reducción de 14 mil ocupaciones cada una.

La tasa de informalidad mostró una tendencia descendente frente al segundo trimestre de 2025, tanto entre el total de ocupados no agrícolas como entre los empleados y obreros del sector privado. En este último grupo, la tasa pasó de 59,2% a 56,9%, lo que representa una reducción de 2,3 puntos porcentuales.

La población ocupada no agrícola registró un incremento interanual de 128.745 personas. En términos absolutos, los ocupados formales aumentaron en 57.435 personas a nivel país, mientras que el empleo formal privado explicó una parte sustantiva de este crecimiento, con 46.461 nuevos empleos formales, aproximadamente el 80 % del incremento total de la ocupación formal. En paralelo, los registros administrativos del Instituto de Previsión Social (IPS) muestran que los trabajadores cotizantes del régimen general pasaron de 799.354 en junio de 2025 a 848.280 en junio de 2026, un aumento de 48.926 empleados formales.

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El aumento de los empleos y de los salarios reales pasa por la aplicación de los principios del liberalismo capitalista o de libre mercado, afirmó el analista económico y abogado Víctor Pavón en entrevista con “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación.

Explicó que el fortalecimiento del factor de producción capital, mediante una mayor inversión per cápita en un entorno de seguridad jurídica, es un elemento clave para dinamizar la economía.

Según indicó, el incremento de las inversiones en tecnología, herramientas, fábricas y otros activos productivos se traduce en una mayor producción de bienes y servicios. A su vez, este proceso impulsa la demanda de mano de obra, ya que el capital requiere trabajadores para movilizar y operar las nuevas inversiones.

Pavón señaló que el desarrollo económico no puede desvincularse del fortalecimiento del capital humano. En ese sentido, mencionó que iniciativas como la Universidad Paraguay-Taiwán son positivas, aunque consideró que resultan insuficientes para resolver los problemas estructurales del sistema educativo.

A su criterio, el principal desafío se encuentra en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), institución que, según expresó, no ha definido con claridad “qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña”. No obstante, reconoció que existen profesionales capacitados dentro del ministerio que podrían incorporarse al sector privado si se implementan nuevas políticas de desarrollo del capital humano.

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Entre las medidas planteadas, el economista propuso la implementación de un bono o cheque escolar destinado directamente a las familias.

Explicó que el objetivo sería permitir que los padres elijan en qué tipo de formación invertir los recursos, ya sea en áreas como inglés, matemáticas u otras especialidades, de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

Sostuvo que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la forma en que estos son asignados. En ese contexto, argumentó que el mercado podría orientar de manera más eficiente la distribución de los recursos educativos, aunque reconoció que persiste la idea de mantener un Ministerio de Educación como principal proveedor del servicio, pese a que, en su opinión, no logra ofrecer una educación de calidad.

Pavón también resaltó la importancia de definir una metodología orientada a la generación de empleo. Como ejemplo, planteó que todos los jóvenes paraguayos puedan obtener, entre los 14 y 15 años, una certificación en oficios como plomería, electricidad u otras especialidades técnicas.

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El Gobierno presentó la primera Política Forestal Nacional, un documento que busca establecer una hoja de ruta de largo plazo para el crecimiento del sector, fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones para atraer nuevas inversiones nacionales e internacionales.

La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, destacó que se trata de la primera vez que el país cuenta con un marco estratégico integral para orientar el desarrollo forestal. Según explicó, la iniciativa fue construida durante aproximadamente dos años mediante consultas con productores, empresas, comunidades rurales, pueblos indígenas y otros actores vinculados a la actividad.

“El objetivo es que esta política trascienda gobiernos y se convierta en una herramienta de Estado, con reglas claras y una visión compartida sobre el futuro del sector forestal paraguayo”, señaló Goralewski, este sábado, a la 1020 AM. La titular del Infona sostuvo que el sector forestal tiene potencial para convertirse en uno de los principales motores económicos del país, no solo por su capacidad de generar inversiones y exportaciones, sino también por su impacto en el desarrollo de comunidades rurales y la creación de empleo.

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La estrategia se presenta además en un contexto favorable para Paraguay, marcado por la reciente ratificación del grado de inversión por parte de Moody’s y el creciente interés de fondos internacionales por proyectos vinculados a sostenibilidad, economía verde y desarrollo productivo.

Goralewski afirmó que la combinación de estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional y condiciones naturales competitivas posiciona al país como un destino atractivo para nuevas inversiones forestales. A ello se suma el trabajo de promoción internacional impulsado por el Gobierno para posicionar al Paraguay forestal en mercados globales.

Sin embargo, advirtió que el próximo desafío ya no pasa únicamente por aumentar las plantaciones forestales, sino por avanzar hacia una mayor industrialización. Indicó que la prioridad es generar más competitividad para que el país exporte productos con mayor valor agregado y reduzca progresivamente la venta de materia prima sin procesamiento.

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Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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