Paraguay presentó su estrategia para adaptar la formación profesional y los servicios de empleo ante los cambios impulsados por la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital, en el marco del Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social, Desigualdad e inclusión digital: desafíos y oportunidades para el desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El economista Alfredo Mongelós, secretario técnico del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Alfredo Mongelós, en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), participó de la actividad que se realizó del 16 a 18 de junio en Santiago de Chile.

Durante el Panel V, enfocado en políticas laborales y movilidad social, Mongelós destacó que la incorporación de nuevas tecnologías exige actualizar las competencias laborales, fortalecer la capacitación continua y generar oportunidades inclusivas para trabajadores y trabajadoras.

A través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), el país impulsa acciones como la actualización del Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales, el desarrollo de microcredenciales y la creación del perfil específico “Operaciones de Inteligencia Artificial”.

Mongelós resaltó que Paraguay avanza en alianzas internacionales y proyectos piloto para desarrollar sistemas basados en IA orientados a diseñar capacitaciones adaptadas a las necesidades del mercado laboral. La propuesta también pone énfasis en la articulación entre el sector público, las empresas y los centros de formación para facilitar la reconversión laboral, especialmente en jóvenes, mujeres y trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Esta sexta versión del Seminario Regional de Desarrollo Social busca constituirse en un espacio para compartir experiencias, buenas prácticas y propuestas orientadas a cerrar las brechas digitales y avanzar hacia sociedades más inclusivas. Reunió a autoridades gubernamentales, organismos internacionales, representantes académicos y especialistas de la región para debatir sobre desigualdad, inclusión digital, protección social y el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo social.

En un contexto global marcado por la aceleración tecnológica y los cambios estructurales derivados de la transformación digital, América Latina y el Caribe enfrenta el desafío urgente de garantizar que estos procesos contribuyan efectivamente a un desarrollo social inclusivo, y a superar las tres trampas del desarrollo: la baja capacidad para crecer; la alta desigualdad y la limitada movilidad y cohesión social; y la baja capacidad institucional y la gobernanza poco efectiva.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que este mismo miércoles se determinará el ajuste del salario mínimo, que será sobre la inflación acumulada de 2,4 %. Indicó que se reunirá con el presidente de la República, Santiago Peña, para establecer la suba y el decreto será emitido esta semana.

En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la secretaria de Estado explicó que el aumento “va a ser absolutamente equilibrado, de acuerdo a las recomendaciones que brindan los estudios técnicos que vamos a dar, ni muy cerca del piso, pero tampoco muy cerca de lo que establecen los pedidos de los trabajadores, algo equilibrado”.

El piso al que hace referencia Recalde es el 2,4 % de variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer por el BCP, lo que significa G. 69.577, mientras que el pedido de los obreros llega al 22,3%, es decir G. 646.000.

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La secretaria de Estado manifestó que una vez que se eleve la propuesta del Consejo Nacional de Salario Mínimos se reunirá con el mandatario para establecer el porcentaje de ajuste del salario. Sobre este punto, indicó que el criterio jurídico considera que el incremento puede darse sobre la inflación acumulada.

“El marco jurídico establece que el presidente de la República en base a las investigaciones y sugerencias del Conasam puede fijar el salario mínimo, yo creo que eso está más que claro, se puede ajustar por encima del IPC, sí”, comenzó diciendo.

“El criterio jurídico que tiene hoy el Conasam, especialmente el Ministerio de Trabajo, con este caso es que el IPC es la base de reajuste y que si existen condiciones económicas favorables se puede reajustar sobre el IPC, partiendo desde la base jurídica”, continuó argumentando.

Por otro lado, citó que el salario real de la clase trabajadora apenas varió 1,6 % en los últimos años. “Hemos visto que en los últimos años el salario si bien fue ajustado de manera periódica no ha tenido un crecimiento real. Los datos reflejan que el sector asalariado privado solamente en términos reales creció 1,6 %, mientras que los ingresos de los empleadores estuvieron alrededor de un crecimiento real de un 25,5 %”, precisó.

Agregó que la expansión económica que está experimentando el país es otro indicador relevante en la toma de decisión por parte del Ejecutivo. Indicó que este mismo miércoles se tendrá el porcentaje de incremento y que será Santiago Peña el encargado de anunciar. Se espera además que en la presente semana sea emitido el decreto correspondiente para “dar tranquilidad”.

El salario mínimo actualmente está fijado en G. 2.899.048 y la suba debe comenzar a regir en el mes de julio, de acuerdo a la normativa vigente al respecto.

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Este miércoles, en horas de la mañana, se desarrollará la última reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para determinar la propuesta que será elevada al Poder Ejecutivo. Desde el inicio de los encuentros no hubo un acuerdo entre el sector de los trabajadores y el de los empleadores sobre la variación de la remuneración básica.

José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), conversó con “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970/Nación Media y explicó que los obreros están reclamando un reajuste de 22,3 %, unos G. 646.000, con base en cálculos realizados sobre la base de los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Por su parte, se sabe que los empleadores se mantienen en la posición de mantener la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) como medida, es decir aplicar un incremento del 2,4 %, lo que representa G. 69.577.

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Sobre lo mencionado, Pineda manifestó que lo más probable es que al término de la reunión fijada para las 10:30, el Ministerio de Trabajo eleve las dos propuestas al Ejecutivo y sea el presidente de la República, Santiago Peña, quien determine el incremento del salario mínimo, que actualmente se encuentra en G. 2.899.048. La suba debe ser establecida antes del final de este mes de junio y tendrá que regir desde julio.

En la víspera, el diputado Hugo Meza, en conversación con los medios de comunicación, adelantó que Santiago Peña dará una muy buena noticia sobre el reajuste del salario mínimo vigente en los próximos días. El legislador no dio detalles de lo que consistiría esta decisión, pero sí confirmó que será una “señal enorme” para el trabajador.

“Tengo una conversación con el presidente de la República; él no está de acuerdo con los cálculos que se vienen haciendo. No voy a robarle la primicia; creo que esta vez él va a dar una información bastante importante. Por primera vez se va a estar enviando una señal enorme a un reconocimiento al trabajador”, fueron las expresiones del legislador.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.

El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.

Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.

El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.

El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.

El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.

El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.

Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.

“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.

El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.

Fuente: AFP.