Tras una reunión con el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) abordaron la situación del abastecimiento de medicamentos y la deuda pendiente con proveedores.

El principal tema tratado fue la crisis de provisión de medicamentos, según explicó Luis Ávila, director ejecutivo, en entrevista con “Tarde de perros” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que existe una diferencia entre la emisión de una orden de compra y el momento en que las empresas farmacéuticas están en condiciones de fabricar y entregar los productos.

Señaló que varios medicamentos redujeron sus niveles de compra y que los retrasos no responden únicamente a la deuda existente, sino a procesos finales de producción y entrega. Indicó que varios productos ya fueron suministrados y que la provisión continuará en los próximos días.

El representante de Cifarma destacó la conformación de una mesa de trabajo con el Consejo de IPS, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la institución y los proveedores.

En ese sentido, señaló que es necesario contar con mayor previsibilidad sobre las necesidades del instituto para organizar la producción y garantizar la disponibilidad de insumos.

“Entendieron que hay todo un sistema de logística, e incluso hay una posibilidad de sentarnos a establecer nuevos periodos en el que se genera una orden hasta que se entrega el medicamento”, explicó.

Sobre los productos pendientes, indicó que de los más de 170 medicamentos en espera, más de 20 ya fueron suministrados y otros 30 serán entregados en los próximos 15 días. Estos abastecimientos cubrirían aproximadamente 60 días, según detalló.

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Durante el encuentro también se trató la deuda con el sector farmacéutico. El director ejecutivo de Cifarma informó que trabajan en dos ejercicios financieros y que el jueves mantendrán una reunión con la directora financiera del IPS para presentar un plan de pagos a mediano plazo.

“Para nosotros es una apertura, es un horizonte de cómo van a ir pagando”, señaló.

Otro de los puntos analizados fue el mecanismo de factoraje y la conciliación final por parte del Ministerio de Salud Pública y Binestar Social (MSPyBS).

Cifarma indicó que fueron presentadas más de 43 carpetas que debían ser depuradas para identificar cuáles están en condiciones de pago y posteriormente transferir la información a los bancos. Este proceso estaría culminando durante esta semana.

Los proveedores asumirán los intereses correspondientes a estas operaciones. Según las estimaciones del gremio, la cesión total para proveedores rondaría los USD 300 millones al cierre del mes.

Además, señalaron que el pago normal que se viene realizando alcanza aproximadamente USD 40 millones mensuales, al que se sumaría el esquema de cesión mencionado.

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El gobierno de Santiago Peña, a través del Ministerio de Salud Pública, transfirió G. 52.413.725.090 a los Consejos de Salud de las 18 regiones sanitarias entre agosto de 2023 y julio de 2026, como parte de los Fondos Basados en Resultados Sanitarios (Fobares), consolidando la mayor inversión en descentralización sanitaria de la administración.

Esta inversión permitió el financiamiento de equipamiento, infraestructura, inmunización y salud bucodental en todo el territorio nacional, con rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República. Los desembolsos se realizaron mediante transferencias electrónicas en tiempo real a través del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), garantizando trazabilidad completa de cada operación.

Los desembolsos sumaron G. 12.110.326.882 en el 2023, G. 24.220.326.882 en el 2024, G. 12.110.000.000 en 2025 y G. 3.973.071.326 en lo que va de 2026, mediante las transferencias realizadas por la cartera sanitaria, a cargo de la ministra María Teresa Barán a los Consejos de Salud de las 18 regiones sanitarias. Los tres mayores receptores fueron Central, con G. 7.403.942.902, Itapúa, G. 6.057.853.087 y Alto Paraná, con G. 3.966.418.298, que son los departamentos con mayor densidad poblacional y número de establecimientos de salud.

El resto de las regiones también registró transferencias sostenidas, de G. 3.777.342.246 para San Pedro; G. 3.594.829.086 para Caaguazú; G. 3.271.674.871 Concepción; G. 3.173.036.573 para Cordillera; G. 3.101.099.851, Paraguarí y G. 2.725.540.320 para Canindeyú; Guairá, con G. 2.657.750.380; Caazapá con G. 2.227.952.192; Misiones con G. 2.161.836.213; Ñeembucú con G. 1.980.648.443; Presidente Hayes con G. 1.732.843.800; Capital con G. 1.644.068.806; Amambay con G. 1.211.937.622; Boquerón con G. 1.045.475.400 y Alto Paraguay con G. 679.475.000)

La cartera de salud señala que cada transferencia fue ejecutada con plenas garantías de transparencia y control institucional. Los Consejos de Salud beneficiarios, son organismos creados por la Ley n.° 1032/96, se encuentran inscriptos en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARA), presentan sus rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República y avanzan en su incorporación al Sistema Integrado de Rendición de Cuentas (SIIRC).

Los recursos se destinaron al fortalecimiento de establecimientos de salud pública en todo el territorio nacional, con inversiones en equipamiento, infraestructura, mantenimiento, inmunización y salud bucodental a través del programa Carie Cero, articulado con la política Hambre Cero del Gobierno nacional. La Dirección General de Descentralización en Salud (DGDS) acompañó el proceso con asistencia técnica permanente a los Consejos de Salud, consolidando sus capacidades de gestión y fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos públicos.

La Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos del Senado ya baraja varias alternativas o proyectos con el objetivo de erradicar el esquema que afecta al ámbito educativo e impulsar que el Registro Único del Estudiante (RUE) tenga fuerza de ley. Entre las propuestas figuran la creación de un protocolo formal para derivar los casos de fraude directamente a la Fiscalía.

“Estamos construyendo muchas ideas como, por ejemplo, la creación de un protocolo formal de derivación al Ministerio Público en casos de evidencias y responsabilidad penal. El Registro Único del Estudiante de Educación Superior, hoy se encuentra en vigencia por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias, pero pensamos que su aplicación debe ser por ley“, afirmó el senador Patrick Kemper, presidente de dicha comisión, este martes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El legislador refirió que, mediante estas reformas, se podría erradicar entre un 70 a 90 % la expedición de títulos universitarios falsificados en el país. “Si el El Registro Único del Estudiante de Educación Superior es aplicado por ley se blindará que no se encuentre sujeto a un gobierno o ministro de Educación. Yo particularmente pienso que esto solucionará el 70, 80 o 90 % del problema”, dijo.

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El Registro Único del Estudiante de Educación Superior es un sistema digital que registra la trayectoria académica, facilita la emisión de títulos y centraliza los datos de los universitarios. “Mediante dicha propuesta, el MEC tendrá en tiempo real, cada 6 meses o 1 año, toda la información del estudiante, como, por ejemplo, en qué carrera estuvo, qué materias cursó, su carga horaria, calificaciones, entre otros. Esto se deberá hacer año por año. A la vez, nuestra comisión, como primer producto, deberá generar un informe o una suerte de libro institucional digital que pueda servir para corregir ciertas situaciones”, puntualizó.

Las afirmaciones de Kemper surgieron tras concretarse ayer lunes la presentación de una denuncia impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ante la Fiscalía contra 550 usuarios no autorizados que operaban en el sistema de la cartera estatal que realizaron 130.000 acciones irregulares en la plataforma de registro de títulos; así como la concreción de sumarios contra 283 funcionario del MEC.

El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.

“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.

Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.

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Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.

“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.

Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.

“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.

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