El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó que este viernes 9 de octubre, a las 9:00, en sesión de la mesa directiva del Senado se procederá a la apertura y análisis del informe remitido por el Banco Central del Paraguay (BCP), el cual cuenta con datos técnicos confidenciales de diversas entidades financieras, en respuesta a diversos pedidos de informes de los legisladores.

Núñez detalló este jueves, en sendas conferencias de prensa, que la decisión fue tomada por su presidencia conjuntamente con sus colegas que conforman la mesa directiva, tras informar inicialmente que la apertura sería el próximo lunes. El documento, que llegó ayer a la sede del Legislativo en un sobre cerrado y que contiene un total de 31 fojas, será también analizado junto con los asesores jurídicos de la Cámara Alta.

“Vamos a socializar el informe, cada colega que participará en la reunión tendrá el documento. Queremos dar más celeridad a este tema”, dijo Núñez tras desmentir que el requerimiento de informes obedezca a un conflicto económico y político entre las máximas autoridades del movimiento Honor Colorado, tal como argumentó su colega Lilian Samaniego.

“No vamos a dar entidad a esas cuestiones, es una pelea que quiere instalar la senadora. Nosotros vamos a reunirnos con los colegas para establecer un procedimiento (para definir que datos pueden ser difundidos a la prensa). Cada senador que recibirá es responsable de que no se filtre, yo no lo puedo garantizar, la ley establece sanciones. Yo no sé porque se dice que es una pelea entre colorados siendo que hay pedidos de informes a bancos también por parte del sector liberal”, comentó el legislador.

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Señaló también que la reunión será de carácter abierto para los senadores que no integran la mesa directiva. Núñez rechazó también las versiones de que mantendría una reunión previa con el mandatario Santiago Peña y el titular del BCP, Carlos Carvallo, para abordar el contenido del informe. “No se de donde sale eso, es algo ficticio, de ninguna manera”, sentenció.

Uno de los pedidos de informe aprobados por los senadores se centra de manera específica en ueno bank y sus ventas de capital, así como también en las empresas que tienen nexo con dicha entidad y el depósito de fondos públicos. Además, se le consulta al BCP si dicho banco habría superado los límites legales fijados en operaciones con firmas vinculadas, verificando que no se hayan sobrepasado los límites fijados por las leyes y reglamentos.

La segunda solicitud abarca a más entidades y apunta a conocer detalles sobre los procesos de fusión registrados durante los últimos 5 años. En ella se incluye a GNB-BBVA, Sudameris-Regional, ueno-Visión y Continental-Río, además de Atlas-Familiar (actualmente en pausa).

Respecto a Sudameris Bank, el requerimiento evalúa su situación patrimonial tras absorber al Banco Regional, abarcando el cumplimiento del estudio de factibilidad, el deterioro de créditos, la concentración en el sector agroindustrial y otros detalles específicos en relación al tema. Asimismo, se requirió al BCP una justificación técnica del diferimiento de pérdidas otorgado para concretar las absorciones, junto con las condiciones y los parámetros utilizados para evaluar la continuidad de estas entidades. “La sesión claro que será reservada y luego haremos una conferencia de prensa”, expresó Núñez.

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El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, se reunió con el titular de la cartera de Salud, Isaías Fretes, para analizar las necesidades financieras de la cartera sanitaria. Así como también coordinaron acciones orientadas al cierre del ejercicio fiscal 2026 y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

En ese marco, las autoridades destacaron que el Gobierno proyecta para 2027 el pago de las deudas acumuladas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) con sus proveedores, junto con una estabilización del presupuesto sanitario y la implementación de nuevos mecanismos de compra de medicamentos e insumos.

El análisis económico realizado apunta a cancelar las obligaciones pendientes con proveedores mediante recursos provenientes de una emisión del MEF prevista para el mes de febrero de 2027, medida orientada a liberar capacidad presupuestaria y generar mejores condiciones para las futuras adquisiciones de medicamentos e insumos necesarios en mayor medida.

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“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó Fretes al culminar la reunión.

El ministro de Salud explicó que dejar atrás las obligaciones de años anteriores permitirá iniciar una nueva etapa financiera y establecer mejores condiciones de negociación con los proveedores, particularmente en el área de medicamentos.

Como parte del encuentro de los máximos responsables de ambas instituciones, se analizó las alternativas que puedan servir a la mejora de las condiciones de adquisición de medicamentos, especialmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas y de alto costo.

Tal es así que tanto Lovera como Fretes, coinciden en que es necesario profundizar en el trabajo con los proveedores, ofreciendo nuevas alternativas de reducción de costos y que eso tenga como resultado un mejor acceso a medicamentos e insumos.

Ambos equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias vinculadas al talento humano, medicamentos, vacunas y programas nutricionales, además de compromisos con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la provisión de leche del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) y los requerimientos del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

El Gobierno busca que el objetivo final sea que el presupuesto de Salud permita sostener los servicios, atender las obligaciones pendientes y contar con mayor capacidad para responder a las necesidades de la población, sin la necesidad de entrar en nuevos atrasos.

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La Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos, liderada por el exvicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, presentó su informe en el que realiza un reconocimiento internacional tras las Elecciones Municipales 2026. De acuerdo al documento, la OEA destaca la transparencia del proceso, pero señala tareas pendientes en tecnología y financiamiento.

El informe de la Misión de Expertos Electorales de la OEA en Paraguay comienza felicitando al pueblo paraguayo, al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a los partidos y movimientos políticos por su compromiso democrático y por el desarrollo de una jornada electoral exitosa el pasado domingo 4 de octubre.

La Misión de la OEA llegó al país el 26 de septiembre y estuvo integrada por 8 expertos electorales de seis nacionalidades, quienes observaron las actividades desarrolladas en preparación a los comicios, dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por misiones anteriores de la OEA y estuvieron presentes en locales de votación de Asunción y Luque.

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Señalaron que tanto en la previa como durante la jornada electoral observaron el uso de las máquinas de votación y dieron seguimiento a los procedimientos de recolección, escaneo y transmisión de los certificados de resultados en el marco del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Al respecto, destacaron el éxito del sistema TREP, constatando que siendo las 20:47 del mismo día de votación, ya se había procesado el 99,81 % de los resultados preliminares. Resaltaron, la participación ciudadana cercana al 59 %, aclarando que fue menor al nivel registrado en las municipales del 2021 que alcanzó entonces 60,53 %.

No obstante, el informe del organismo internacional advierte sobre la necesidad de ajustar la cadena de custodia de actas y estandarizar el registro de votantes jóvenes.

Menciona además que durante la jornada electoral, la mayor parte de las incidencias observadas tienen que ver con el voto asistido y las dificultades se concentraron en la interpretación y aplicación de las reglas respecto de quiénes podían recibir asistencia y quiénes estaban autorizados para acompañar al elector a emitir su voto. Sumado a lo anterior, se observó propaganda política en las inmediaciones de algunos de los locales de votación.

Asimismo, detallan que el padrón electoral estuvo integrado por 5.043.154 personas, de las cuales el 50,58 % fueron hombres y el 49,42 %, mujeres. Mencionan que de acuerdo a la información que recibieron de la Justicia Electoral, unos 187.572 jóvenes (18-30 años) quedaron clasificados como “inubicables” y no entraron al padrón definitivo debido a fallas en los datos de domicilio que provee la Policía Nacional.

Ante esta situación, la Misión recomienda estandarizar y mejorar el registro de domicilios en la base de datos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, mediante campos obligatorios que permitan asignar correctamente a cada elector a un local de votación.

También plantea facilitar la actualización de los datos domiciliarios al realizar trámites ante la Policía Nacional y desarrollar campañas dirigidas a las personas con registro condicional, para que completen su inscripción antes del cierre del padrón.

Otro punto destacado por los experto de la OEA tiene que ver con el Voto Accesible, que valoraron positivamente la implementación de la Mesa Accesible 1 y del programa Voto en Casa (que atendió a 599 personas).

No obstante, a fin de ampliar el alcance de las medidas de accesibilidad y asegurar su conocimiento por parte del electorado, la Misión recomienda difundir, mediante campañas específicas, los distintos procedimientos de voto accesible. Pero sobre todo, evaluar la ampliación del programa “Voto en Casa” al sábado previo a la elección, a fin de aumentar su cobertura geográfica y el número de electores atendidos.

Los observadores de la OEA valoraron positivamente el desempeño del voto electrónico y la rapidez del sistema TREP, el cual alcanzó el 99,81 % de los datos procesados a pocas horas del cierre de votación. Asimismo, el organismo destacó la vinculación directa entre el boletín de voto y la máquina asignada como un avance para prevenir errores en el escrutinio, sugiriendo como ajuste físico reducir el tamaño de la abertura de las urnas de acopio.

No obstante, identificaron algunas debilidades estructurales en materia de trazabilidad y gestión informática. Advirtieron sobre la falta de un control formal documentado para la entrega, recepción y cadena de custodia de los certificados del TREP durante su traslado.

Por otro lado, señaló que únicamente el software de la máquina de votación pasó por un proceso de sellado, por lo que recomendó implementar protocolos unificados de aceptación, auditoría, sellado y versionado formal para el resto de los sistemas críticos, incluyendo el TREP, la divulgación de datos y el escrutinio oficial.

La Misión observó marcadas tensiones en torno a la aplicación del voto asistido y la comisión de delitos durante la jornada. Las principales dificultades se concentraron en la interpretación heterogénea de las reglas sobre quiénes podían recibir o brindar asistencia en las mesas, lo que derivó en reclamos por la ausencia de sanciones o consecuencias jurídicas claras ante el posible incumplimiento del registro de acompañantes.

En este contexto, las autoridades judiciales reportaron 52 denuncias y 61 ingresos por delitos electorales —con un saldo de 22 personas detenidas—, vinculados mayoritariamente a la compra de votos, la violación del secreto del sufragio mediante fotografías al boletín e irregularidades en la asistencia al votante.

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El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) habilitó el periodo de postulaciones para el Concurso Público de Ingreso de Empleados Públicos, orientado a la contratación de personal administrativo. La convocatoria busca cubrir vacancias en el Nivel Central, las 18 Regiones Sanitarias, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA) y ambos viceministerios de la cartera sanitaria.

Las inscripciones se recepcionan desde este martes 6 de octubre hasta las 15:00 del lunes 12 de octubre de 2026. Los puestos disponibles abarcan perfiles de Auxiliar de Servicios, Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo Junior, Profesional Administrativo Junior y Profesional Administrativo Senior, con asignaciones salariales que van desde los G. 3.044.000 hasta los G. 7.000.000.

El trámite debe realizarse exclusivamente de manera personal y virtual a través de la plataforma institucional del concurso (dgrrhh.mspbs.gov.py). Para completar el proceso y cargar el currículum digital, los postulantes deben contar con una cuenta activa en el sistema de Identidad Electrónica del Portal Paraguay.

Desde la Dirección de Desarrollo de las Personas enfatizaron una restricción clave para el concurso: cada participante solo podrá postularse a un único cargo en todo el proceso. En caso de intentar registrarse para una segunda vacancia, el sistema informático bloqueará automáticamente la solicitud.

Las personas interesadas en revisar las matrices de evaluación y los perfiles de cargo pueden acceder a la presentación de la reunión informativa en la web oficial del ministerio. Asimismo, la grabación del encuentro explicativo virtual quedó alojada en la misma plataforma para consulta pública de todos los aspirantes.

Para consultas o aclaraciones sobre las fases del concurso, el Departamento de Gestión del Empleo habilitó las líneas telefónicas (021) 237-4294 y (0983) 102-416, operativas únicamente para llamadas directas. También se encuentra disponible el correo electrónico institucional concursos.dgrrhh@mspbs.gov.py.