De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ocupación en actividades como agricultura, ganadería, caza y pesca creció un 3 % en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que equivale a más de 10.500 nuevos trabajadores incorporados.

Este repunte confirma el peso del campo dentro de la estructura productiva nacional, no solo como generador de alimentos, sino también como una fuente clave de ingresos para miles de familias.

El crecimiento del empleo rural se da en un contexto de mayor actividad productiva, impulsada por campañas agrícolas favorables y el fortalecimiento de rubros estratégicos.

El director de Censos y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Anselmo Maciel, destacó que este aumento refleja el dinamismo del sector y su impacto directo en la economía. “La ocupación en el sector rural aumentó un 3 %, lo que equivale a más de 10.500 personas”, explicó.

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El crecimiento no se limita al ámbito rural. Según el informe, el total de nuevos ocupados en el país superó las 21.000 personas en el mismo periodo, lo que evidencia un efecto multiplicador del sector primario sobre otras actividades económicas.

Esto se traduce en mayor demanda de servicios logísticos, transporte, comercialización e incluso empleo urbano vinculado a la cadena productiva. “El crecimiento del campo trasciende las fincas y genera oportunidades en toda la economía”, señaló Maciel.

El repunte del empleo reafirma el papel estratégico del sector rural en Paraguay. Además de su aporte al producto interno bruto y a las exportaciones, el campo sigue siendo un eje central para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

En un escenario donde el empleo es uno de los principales desafíos, el desempeño del sector primario muestra que el crecimiento económico puede estar directamente vinculado a la expansión de la actividad productiva.

Con estos resultados, el MAG destaca que el campo se posiciona nuevamente como un motor clave para el país, con capacidad no solo de producir, sino también de generar oportunidades laborales y dinamizar la economía en su conjunto.

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El reajuste anual del salario mínimo en Paraguay vuelve a instalar un debate centrado en el porcentaje de aumento según la inflación. Sin embargo, una mirada más estructural sugiere que la discusión podría estar enfocada en el lugar equivocado.

El economista Jorge Garicoche, en conversación con La Nación/Nación Media, advirtió que cualquier fórmula de ajuste tendrá un impacto limitado si no se aborda primero el problema de fondo, haciendo referencia a la alta informalidad laboral.

Uno de los puntos centrales del análisis es que el aumento del salario mínimo no se traduce en un beneficio sostenido para el trabajador. Según explicó, el efecto comienza a sentirse recién entre el segundo y tercer mes posterior al reajuste.

El incremento se aplica en junio, las empresas enfrentan mayores costos salariales en julio y, hacia agosto, trasladan ese impacto a los precios de bienes y servicios. Como resultado, el poder adquisitivo que se buscaba proteger termina erosionándose.

Garicoche también planteó que los trabajadores que perciben el salario mínimo enfrentan una estructura de consumo distinta al promedio, con mayor peso en rubros como alimentos y transporte.

“Yo quiero que el Banco Central del Paraguay (BCP) haga una medición de la inflación de cómo nos afecta por estratos. Si vamos a hacer políticas públicas, lo ideal es que no estén basadas en una hipótesis, sino en evidencia”, afirmó.

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Para el economista, el debate sobre si el ajuste debe basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o en la productividad resulta secundario frente a la magnitud de la informalidad.

“Pongo la firma de que el impacto de cualquier reajuste va a ser mínimo, porque nuestro problema no es la estructura del salario mínimo, sino la informalidad que existe en el mercado laboral”, sostuvo.

Además, advirtió que incrementos desalineados con la realidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), muchas de las cuales operan bajo esquemas de salarios diferenciados, podrían profundizar distorsiones y empujar a más trabajadores hacia condiciones precarias.

El análisis incorpora un elemento poco discutido, el salario no monetario. Garicoche señaló que las deficiencias en el transporte público implican una pérdida directa de tiempo productivo.

“Si a un trabajador le toma cuatro horas al día ir y volver de su empleo, ese tiempo se pierde para la capacitación o el descanso”, explicó.

A esto se suma la falta de acceso a seguridad social. Una gran parte de los trabajadores no cuenta con cobertura previsional ni de salud, lo que reduce significativamente el impacto real de cualquier aumento salarial ante situaciones de enfermedad o retiro.

Sobre la posibilidad de vincular el salario mínimo a la productividad, el economista advirtió que su medición en Paraguay presenta limitaciones importantes.

Según indicó, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en las últimas décadas respondió en gran medida a la expansión del capital y la tierra, particularmente en el sector sojero, más que a mejoras en el rendimiento por trabajador.

En ese contexto, Garicoche concluye que el país enfrenta un problema más profundo que el mecanismo de ajuste. El salario mínimo vigente ni siquiera opera como un verdadero “mínimo”, debido a las excepciones legales existentes.

Así, el desafío no pasa por encontrar una nueva fórmula de reajuste, sino por avanzar en la formalización del empleo y en la mejora de servicios públicos. Sin esos cambios estructurales, cualquier aumento seguirá teniendo un efecto limitado en el ingreso real de los trabajadores.

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• Víctor Pavón (*)

El artículo 92 de la Constitución Nacional (CN) establece el “salario vital mínimo”. Desde su implementación, las normativas fueron modificando el monto correspondiente en concepto de salario obligatorio.

El texto constitucional, sin embargo, no dice que esta práctica tenga que constituirse en un problema en el mercado laboral. En efecto, el salario mínimo obligatorio por encima de la productividad expulsa a miles de personas hacia la informalidad, violando la libre contratación garantizada en nuestra CN.

La aplicación incorrecta del texto constitucional elevó el costo laboral a más del 25 por ciento a la fecha. Los trabajadores pagan el 9 por ciento (el neto percibido es menor) y los empleadores el 16,5 por ciento, en concepto de seguridad social.

El costo laboral del 25,5 por ciento en un país con baja inversión per cápita nominal de no más de 6 mil dólares produce irremediablemente dañinas consecuencias. El costo es elevado con el agravante que la retribución por la seguridad social no se corresponde con los multimillonarios aportes.

En ninguna parte de nuestra ley fundamental se establece la imposibilidad de acuerdos contractuales libres y voluntarios entre las partes. El artículo 86 de la CN dice que los habitantes “tienen derecho a un trabajo libremente escogido”. Es de tomarse en cuenta que en el ámbito jurídico laboral el trabajo implica la contraprestación de un salario.

De igual manera, el artículo 107 de la CN dice que “toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia”, garantizándose “la competencia en el mercado”, lo que también incluye al laboral. Fue así que a lo largo de estos años en vez de aumentar el empleo formal, aumentó la informalidad que, por cierto, no significa directamente desempleo.

Para el profesor Ronald Coase, Nobel de Economía, las leyes acarrean costos. En su libro más influyente, “El problema del costo social”, Coase argumenta sobre los costos de negociar y hacer contratos, imposibilitando respuestas más eficientes si las personas actuaran de acuerdo a su propio discernimiento, intención y libertad.

Con el salario mínimo obligatorio –que actúa como un precio mínimo por encima del mercado– se logra lo contrario de lo que se pretende: aumenta el desempleo y la informalidad especialmente entre aquellos que aún no cuentan con la suficiente preparación, experiencia y conocimientos, esto es, entre los jóvenes, también castigados por la falta de acceso al crédito. Corregir este problema requerirá una mirada económica constitucional como nunca se ha hecho.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, analizó el panorama laboral actual y los planes del Ejecutivo para el reajuste salarial de mayo, durante una entrevista con “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Según los datos del primer trimestre de 2026, el mercado laboral paraguayo sumó 117.000 nuevos ocupados, con un repunte significativo en el sector de las industrias.

La titular de la cartera subrayó que la formalización es el eje central de esta gestión. “Siete de cada diez empleos generados en los últimos trimestres son formales”, afirmó, atribuyendo este éxito a que la institución está ejerciendo su poder de policía laboral. Según Recalde, el “efecto disuasivo” de las fiscalizaciones y el control estricto del seguro social han motivado a las empresas a regularizar a sus trabajadores ante la certeza de que las multas serán aplicadas sin excepciones.

De cara a la apertura de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), la próxima semana, la ministra aseguró que el proceso dejará de ser un simple trámite burocrático. Anteriormente, se limitaba a un “pasamano” de notas sobre la inflación del Banco Central, pero este año se llevará a cabo una negociación real basada en evidencias.

Uno de los anuncios más importantes fue la decisión de presentar un proyecto de ley para la desindexación de precios. Esta medida busca romper el círculo vicioso donde el aumento del salario mínimo encarece automáticamente otros costos de vida.

“Lo que se va a hacer es establecer una nueva unidad de medida para que las tasas, impuestos, contribuciones e incluso multas (como las de la APF) ya no suban vinculadas al aumento del jornal”, explicó la ministra.

Además, el proyecto contempla disminuir las tasas de embargo de los salarios para proteger el ingreso líquido de los trabajadores. Con estas medidas, el Gobierno busca que el incremento salarial se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo y no sea absorbido por reajustes automáticos en el sistema tributario y administrativo.

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